Ricardo García
Manuel Velasco Coehlo dejó oficialmente este sábado la gubernatura de Chiapas para pasar a ocupar un curul en el Senado de la República, pero a pesar de su salida como gobernador, en su entidad ha dejado una marca que difícilmente se podrá borrar.
La falta de acciones en temas coyunturales, numerosos y sonados casos de corrupción dentro de la administración pública estatal y la falta de atención a grupos vulnerables se han convertido en el andar cotidiano del gobierno chiapaneco.
Un “laboratorio de dictaduras”, así ha sido señalada la entidad, que durante años ha sido víctima de los abusos del gobierno en turno, “por ahí no paso la revolución”, dicen algunos, Chiapas fue un botín que durante décadas se ha repartido entre las clases oligarcas de México.
El gobierno de Velasco Coello, que prometió disminuir la deuda y revindicar a las clases marginadas, no ha sido la excepción, por el contrario, ha sido un ejemplo digno de admirar para todos aquellos que se han enriquecido a través de puestos de elección popular.
Cabe resaltar que, en cuestiones monetarias, su gobierno adquirió tres deudas por 5 mil 700 mil millones de pesos contratados los primeros meses de este año; el más importante de ellos por 2 mil 918 millones de pesos a un plazo de 20 años; y cierra con una deuda pública que asciende a 20 mil 849 millones de pesos.
Además, este medio ha informado anteriormente sobre las actividades suscitadas en Chiapas, luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) se pronunciara en contra de un desvío masivo de cuotas descontadas de su salario, por parte de la Secretaría de Salud en la entidad, y por las deplorables condiciones en las que se encuentra su institución y su labor.
De acuerdo con los trabajadores, se trata de un desvío basado en la contratación de 7 mil trabajadores sin techo presupuestal, que sirvieron de pretexto para cubrir nominas falsas de más de 5 mil trabajadores fantasmas, con lo que justificaron el gasto del 97% del presupuesto de secretaría, que rebasa los 13 mil millones de pesos.
Sumado a estos hechos la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas ha denunciado el desplazamiento de 381 personas, de las cuales 99 son mujeres y 192 niñas, niños y adolescentes. Provenientes de las comunidades de Chenalhó, Tenango, Cintalapa y Shulvó.
De acuerdo a declaraciones de los propios desplazados, fueron paramilitares, pertenecientes al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quienes perpetraron el hecho.
Ambos grupos, en compañía de otros sectores de la población fueron reprimidos al exigir el apoyo del ahora ex gobernador, durante su último informe de gobierno. Debido a la violencia sufrida y a la falta de respuesta de las autoridades, han solicitado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lleve a cabo un juicio político en contra de Velasco.
Este lunes, durante la rueda de prensa matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comentó a Revolución Tres Punto Cero al respecto:
“Estamos trabajando para garantizar que haya justicia en Chiapas y en todo el país. Sobre las denuncias presentadas, van a continuar su curso. Sólo está pendiente el que se apruebe la reforma a la Constitución para llevar a cabo consultas”.
Explicó que, para poder llevar a cabo este tipo de acciones, no solo para el caso de Chiapas, sino para cualquier exfuncionario señalado por algún delito, primero es necesario que el Congreso apruebe dos iniciativas fuertes que Morena está promoviendo.
En primer lugar, se encuentra la Reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, que podrá dotar al gobierno de la posibilidad de abrir consultas a la ciudadanía, para que ella decida el curso de México en temas clave. En este caso para juzgar a ex funcionarios públicos.
Por otro lado, está la eliminación del fuero, punto clave de la campaña de López Obrador y ahora de la bancada de Morena en el Congreso, la cual fue rechazada recientemente gracias a la votación en contra del PAN, PRI, PVEM, PRD y MC, misma que se presentará nuevamente en febrero del próximo año.
También garantizó que, de ser voluntad del pueblo, se pondrán a revisión los expedientes pertinentes para llevar a la justicia a quién se lo merezca.
“Se abrirán expedientes en contra de los exfuncionarios de la República y de miembros también del sector privado, que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis de México”, señaló.
Aclaró que el titular del Ejecutivo, no promoverá los juicios en contra de las altas autoridades, pero que eso tampoco significa detener los procesos iniciados.
“Si vamos a entrar a estos procesos, vamos a actuar desde arriba. Al final, esto lo va a decir la gente, lo van a decidir los ciudadanos”, cerró.
En entrevista para Revolución Tres Punto Cero, el diputado Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PT comentó:
“Nosotros acompañamos las definiciones que ha hecho el Presidente de la México, el pueblo tiene la última palabra, hay temas que ya están en las instancias pertinentes y que deberán tomar el curso correspondiente.
“En el caso de juicios a ex funcionarios el presidente ya ha afirmado que se someterá a consulta”.
La posibilidad de que esto se convierta en una realidad, según enunció, está en función de la aprobación de las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato, así como la eliminación del fuero.
En el caso particular del tema de consulta dijo que “no queremos que suceda lo mismo que con lo que paso recientemente en el tema de fuero, que se aprobó por mayoría en lo general, y en lo particular se votó en contra por la oposición que está haciendo un doble juego, engañando a la sociedad diciendo que están a favor de los cambios, pero al momento de la votación no lo demuestran.
“Está claro que PRI, PAN, PRD; PVEM y MC están haciendo este doble juego porque quieren seguir manteniendo privilegios. No les ha quedado claro que este país ya cambio y se encuentra en una ruta de transformación”.
Aclaró que, con la eliminación del fuero, el Presidente, está demostrando que, durante su mandato, ni él, ni gobernadores, magistrados, diputados o senadores, tendrán impunidad.
“En este país hay gobernantes que creen que la ciudadanía les dio un cheque en blanco y por eso pueden hacer y deshacer a su antojo, están totalmente equivocados, un gobernante debe estar sometido permanentemente al escrutinio público.
“Como dice López Obrador, el pueblo pone, el pueblo quita, esta es una nueva forma de gobernar que prioriza al ciudadano”, sostuvo.
Concluyó diciendo que Andrés Manuel no ha cerrado la posibilidad de que ex funcionarios sean sometidos al peso de la justicia, sino que el personalmente no iniciará una cacería de brujas, sino que dependerá de la voluntad ciudadana.
“No pueden estar tranquilos quienes han hecho tanto daño, pero el presidente tiene una gran responsabilidad que debe estar enfocada en cómo sacar del barranco a este país. Todos deben ser sometidos al peso de la Ley, pero esa decisión le corresponde a la población”, puntualizó.
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