Asumieron riesgo hasta de pintarlos con spray

PUBLICIDAD Opinión miércoles, 06 marzo 2024 | 06:00 PUBLICIDAD -Asumieron riesgo hasta de pintarlos con spray -Ni un peso en vivienda pese a indicadores de violencia -El pendiente de la Clues en centros comunitarios -Grilla el delegado Zamudio al sindicato del IMSS El Gobierno estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno federal prefirieron asumir todos los riesgos hasta de supuestas violaciones de derechos humanos en el traslado de más de 200 reos de penales chihuahuenses a reclusorios federales de máxima seguridad, que seguir tolerando el autogobierno en los Ceresos estatales 1, 2 y 3, en Aquiles Serdán, la ciudad de Chihuahua y Juárez, respectivamente. Los encargados del operativo casi llegaron al estilo salvadoreño Bukele. Primero los incomunicaron totalmente varias horas antes de ser sacados de sus celdas, impidieron el acceso a actuarios y abogados con notificaciones de amparo, tomaron botes de spray y les marcaron en la espalda el número 3 con naranja fosforescente en los uniformes grises, en el caso de los extraídos del Cereso 3 de esta frontera. Luego de ser marcados fueron subidos a varios camiones y llevados al aeropuerto, donde quedaron bajo la responsabilidad del área de Traslados y Custodia Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A la mayoría de ellos les han adjudicado las autoridades estatales y federales gran cantidad de delitos cometidos en esta ciudad y en la ciudad de Chihuahua. Aun en el interior de los reclusorios 1, 2 y 3, ha sido claro que los presos mantenían contacto con el exterior y dictaban órdenes tanto en el trasiego de drogas como en el tráfico de personas y asesinatos. A eso temían las autoridades estatales y federales con cualquier operativo de traslado. A que fuera repetido aquí o en Chihuahua el jueves negro del 2022 cuando, en esta frontera, hubo asesinato de civiles e incendios por todas partes cuando líderes de los reclusos supieron que serían llevados a cárceles de máxima seguridad. Esta vez lidiarán con amparos y recomendaciones de Derechos Humanos, pero sin conflictos sociales mayúsculos, no al menos de momento. *** Está Juárez dentro de las ciudades más violentas del estado, el país y el mundo entero. No puede ocultarse el sol con un dedo, pese al esfuerzo que realizan los tres niveles de gobierno, incluso ahora con la llegada de más de dos mil 500 nuevos elementos del Ejército. Esa estadística debería por sí sola generar políticas públicas de gran calado con inversiones sustantivas de la Federación, que es la que tiene el sartén fiscal en la mano, pero en lugar de ello hay funcionarios que no comprenden las condiciones existentes. El colmo es el programa de mejora de vivienda emprendido desde el año pasado y que beneficiará a los municipios con altos niveles de violencia y marginación, como es indudable que existen en esta ciudad, pero ni Juárez ni el estado de Chihuahua están contemplados. Igual que en esta ciudad, hay grandes cinturones de marginación en los 22 municipios serranos, con sus miles de comunidades azotadas por la violencia. Pues no forman parte del programa de vivienda que distribuye de 35 hasta 90 mil pesos para mejorar las condiciones de habitación a beneficiarios de 201 municipios de 23 estados del país, entre los que están Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. La prioridad, dice la misma página oficial del programa, “son quienes habiten en zonas con mayor grado de marginación, con población mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia”. Aquí en la entidad, hay altos grados de marginación, hay población indígena y por supuesto altos índices de violencia. Quién sabe qué bases de datos o estadísticas consulten los funcionarios que diseñan los programas, pero el INEGI, Coneval y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad tienen la información a la mano, que comprueban estas condiciones en diversos municipios de la entidad, no solo Juárez, que debieran ser considerados de manera prioritaria. *** La deplorable condición que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua no puede considerarse producto de la efímera gestión del delegado Juan Carlos de la Fuente Zuno, relevado apenas en diciembre, ni por las cuantas semanas de negra administración de parte de José Antonio Zamudio González. En ese acomodo, dicen desde la iniciativa privada capitalina, hubo un evidente interés político de reforzar algunas posiciones federales que van a ser actuantes en el proceso electoral, de ahí que también se hayan generado fricciones con el sindicato, que ha salido a protestar en tres ocasiones en menos de dos semanas. Pero de fondo, aseguran, hay un maltrato histórico sin corregir en materia de medicamentos, infraestructura, cantidad de especialistas y recursos que se destinan a uno de los estados más productivos y con mayores contribuyentes responsables del país, aunque ayer el delegado haya aventado la culpa a líos sindicales. Eso argumentó ante los honorables líderes de las cámaras empresariales. Pero nomás de ejemplo nos mandan el tema de las recetas de medicamentos efectivamente surtidos en Chihuahua hasta el primer trimestre del año pasado, porque no dispone el IMSS de información más actualizada para las partes que lo mantienen (patrones y trabajadores). Hay una mejoría notable en el surtido de las recetas, pues en 2020 quedaba hasta el 22 por ciento de los medicamentos entregados a medias o sin entregarse a los pacientes. En marzo del año pasado esa cifra había disminuido hasta quedar cerca del cinco por ciento. Pero en el comparativo con otros estados, hay algunos con menos población que registran más atenciones médicas mensuales, más recetas emitidas y mucho menos incumplimiento que Chihuahua, que por décadas ha tenido los primeros lugares en no surtimiento completo de las medicinas recetadas. Es una constante histórica innegable. El estado ha conservado el liderazgo nacional en recetas no surtidas y otros malos tratos del IMSS, a pesar de que, como se dijo, hay una mejoría en este rubro específico en los últimos años. *** A estas alturas del año deben contar ya los centros comunitarios con la clave única de establecimientos en Salud, Clues, después de que fue evidenciado en sesión de Comisión de Salud del Cabildo a finales del año pasado y hubo compromiso en la mesa de darle seguimiento hasta concluir con el trámite. El jueves 21 de septiembre sesionó la mencionada Comisión, en la cual se informó de la recaudación de tres millones de pesos en medicamentos oncológicos por los Centros Comunitarios, con detalle en la documentación respectiva. El medicamento fue resguardado en el Centro Comunitario Fovissste, inclusive para su posterior distribución entre población necesitada de tal biológico. La cuestión es que ese manejo de medicamento podría estar realizado al menos de manera irregular, toda vez que hasta esa fecha los Centros Comunitarios carecían de Registro de la Clave Única, que es una base de datos de la secretaría de salud federal. Pero la Clues es más que un directorio, porque está vinculado al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, como la NOM-035-SSA3-2012, en materia de Información en Salud, que debe ser concentrada por la SSA. Si hay manejo de medicamentos y médicos, inclusive podría pensarse en la aplicación de normas vinculadas a consultorios de primer nivel de atención médica. Por ello el seguimiento al tema tendría que ser puntual, y a estas fechas existir resultados concretos, con el fin de regularizar el funcionamiento conforme la normativa federal y estatal, para que luego no vaya a caer Cofepris o Coespris, en un tema altamente sensible por el importante auxilio a la población más vulnerable. 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