Austeridad republicana en el Gobierno Federal; en Coahuila, va despaci

Los funcionarios públicos… no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

Benito Juárez, gobernador de Oaxaca, 2 de julio de 1852.

El dispendio y derroche que las instancias públicas llegan a presumir en el ejercicio de sus funciones, se encuentran entre las prácticas que más lastiman y más ofenden a la ciudadanía, por eso el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha tomado como una de sus principales banderas apretar, ahora sí, el cinturón a la burocracia federal.

En consecuencia, la palabra austeridad ha sido usada muy frecuentemente en los últimos meses, dentro del léxico oficial. Hoy todos hablan de propuestas de reducción de sueldos, bonos, pres-taciones, eliminación de privilegios y demás.

Mucho antes de oficializar su candidatura al máximo cargo político del País, AMLO, en un discurso dado el 20 de noviembre de 2017, durante el segundo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, reveló que entre una de sus propuestas principales estaba lograr una “austeridad republicana”.

“Junto al combate a la corrupción aplicaremos una política de austeridad republicana”, prometió, “al pueblo le costará menos mantener al gobierno; es decir, se reducirá el gasto corriente. Baja-rán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Se cancelarán las pensiones millonarias a los expresidentes”.
Y añadió:
“No habrá servicio médico privado ni cajas de ahorro especial, se venderá toda la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno. En pocas palabras, se terminarán los privilegios”, expresó López Obrador ese día.

“El próximo Presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no gozará de ninguna otra prestación o canonjía”, profundizó, “no viajará en aviones ni helicópteros privados, sino en aviones de línea comercial y por carretera. El Estado Mayor dejará de formar parte de la Presidencia y se incorporará por completo a la Secretaria de la Defensa Nacional”.

Posteriormente, a mediados de julio ya como ganador de las elecciones, López Obrador confirmó sus intenciones de emular a Benito Juárez y lanzó un plan para la austeridad consistente en 50 puntos.
Esa lista fue el embrión del que surgió la recién aprobada Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente y la reducción de salario a burócratas.
Con esa norma se sustentará la reducción en el sector público que planea hacer el Gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

Responde el nivel federal

Las propuestas de reducción en los gastos han provocado diversas reacciones en el ámbito federal, algunas podrían considerarse positivas.

El 8 de septiembre el Senador del PRI Mario Zamora informó que trabajarán en un marco de austeridad y con un recorte del 40 por ciento en su salario.

Zamora recordó que además del recorte salarial, se aprobó una iniciativa y se quitaron bonos, celulares, vales de despensa, vehículos, así como seguro de gastos médicos mayores.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que tiene listo un recorte de más de 800 millones de pesos en su presupuesto.

Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la SCJN, informó que se tiene contemplada una notable reducción en el presupuesto, así como un proyecto para solicitar menos fondos y unirse al plan de austeridad.

Dijo que se tiene previsto tener un recorte del 15.1 por ciento a diferencia del año pasado, es decir, de pasar de 5 mil 635 millones 107 mil 441 pesos a 4 mil 782 millones 300 mil pesos, lo cual representaría un ahorro de 852.8 millones de pesos.

Y en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por unanimidad cancelar la entrega de 204 millones de pesos que afectan directamente a los 500 diputados y otros 205 millones que inciden en áreas administrativas.

¿Y CÓMO VA EN COAHUILA LA AUSTERIDAD?

Tras los anuncios hechos a nivel federal, en los que los tres poderes ya han manifestado las primeras acciones que tomarán para ir acordes a la austeridad propuesta –y además se reglamentará con una iniciativa de Ley–, a nivel local las autoridades coahuilenses aseguran que también ha tomado medidas, pero…

Con percepciones netas que van desde los 99 mil hasta los 173 mil pesos, la alta burocracia estatal tiene prestaciones “de lujo”, las cuales peligrarían si se ajustan a la política de austeridad propuesta por el próximo Gobierno federal.

El común denominador en las percepciones en los mandos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la entidad, es contar con sueldos base menores a los incentivos, lo que repercute de manera positiva para los funcionarios en lo que respecta a sus gravámenes fiscales.

Por ejemplo, en las percepciones de los mandos medios y superiores del Ejecutivo, que incluyen al Gobernador, gabinete legal y ampliado, titulares de organismos autónomos, subsecretarios, directores, subdirectores y jefes de departamento, es más alto el incentivo de hasta 140 por ciento, que el sueldo base.
En el caso del Legislativo, cada diputado local de Coahuila tiene un sueldo neto mensual de 55 mil 946 pesos; sin embargo, gracias a los incentivos, bonos, primas y apoyos que reciben, su percepción se eleva por encima de los 100 mil pesos.

En el Poder Judicial, los magistrados tienes sueldos netos mensuales de entre 85 mil 631 y 89 mil 576 pesos, pero sus percepciones se disparan al llegar a entre 159 mil 500 y 173 mil pesos al mes, gracias a prestaciones, bonos, incentivos y otras cantidades adicionales que reciben.

RESPONDE EL NIVEL FEDERAL

Desde los primeros días de su gestión, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís habló sobre un plan de austeridad, en el que, además de ahorros, habría recorte en la nómina.

“Estamos todavía revisando las áreas, efectivamente sí va a haber un recorte importante, para ello estamos preparando con el Secretario de Finanzas (Blas Flores)  un recorte que pudiera generar al Estado el flujo necesario mensual”, declaró entonces.

“(Serían medidas como) ahorros, recorte, revisión de nómina; estamos revisando absolutamente todo, lo principal, sin lugar a dudas, es la nómina y eso implica que habrá un recorte importante dentro de algunas áreas”, subrayó Riquelme Solís.

EL PODER JUDICIAL SE DEFIENDE

Entrevistada sobre el tema, Miriam Cárdenas Cantú, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, reviró y aseguró que la instancia a su cargo se ha esforzado por gastar menos y hacer eficiente el uso del presupuesto.

De pasada, defendió el sueldo de los magistrados, pues los calificó de “decorosos” y acordes a  la responsabilidad que tienen como juzgadores.

“Comulgo mucho con la idea de la austeridad, porque se trata de utilizar los recursos públicos de una manera moderada, atinada, suficiente, y sobre todo cuando estas cuidando a instituciones que tienen un déficit presupuestal histórico”, expresó.

Añadió que, contrario a lo que se cree, en su administración se han tomado una serie de medidas de austeridad, incluso, desde mucho antes de que fueran sugeridas por el Gobierno Federal entrante.

Entre las acciones que se están tomando en el Poder Judicial local, la presidenta del TSJE destacó programas de capacitación y sensibilización al personal para reutilizar y no desperdiciar recursos, como papel, electricidad y agua, entre otros.

Subrayó que en los Centros de Justicia de Saltillo y en Torreón se usan celdas solares, viáticos controlados (con evidencia fotográfica y documental), instalación de GPS en el parque vehicular oficial para evitar su mal uso, suspensión de vales de gasolina e implementar el uso de un holograma para dotar de combustible sólo a vehículos oficiales, entre otras medidas.

La Magistrada señaló que también se utiliza un sistema de inventario con tecnología inalámbrica, en el que se le coloca un localizador a los objetos registrados para saber en dónde se encuentran.

Sobre los sueldos de los magistrados y juzgadores del Poder Judicial de Coahuila, Cárdenas Cantú consideró que éstos son congruentes con la responsabilidad que tienen.

Recordó que los salarios de los magistrados de Coahuila no se han incrementado en los últimos 12 años, ni siquiera por el proceso inflacionario del País.

Incluso, aseguró, el sueldo del titular del Poder Judicial, a partir de su administración, se redujo
“Es un tema delicado, precisamente por este mundo en el que vivimos, en un México desigual. Pero yo me pregunto, ¿y la responsabilidad de un juzgador, la responsabilidad de un magistrado de resolver asuntos, en ocasiones de miles de millones de pesos?”.

“O resolver con justicia un asunto que no tiene valor económico, pero sí tiene un valor de justicia o familiar o en la integridad personal. Creo que es congruente el sueldo con la responsabilidad y las cargas de trabajo que manejamos”, reviró.

La Presidenta del Poder Judicial dijo que ni por asomo son los magistrados coahuilenses los mejores pagados del País, aunque tampoco son los que ganan menos, sino que están en la media nacional.

De hecho, aseguró que de los 50 puntos de austeridad propuestos por López Obrador, 22 no aplican a los poderes judiciales, y de los 28 restantes, 21 ya se cumplen en el Poder Judicial local.

En suma, en la víspera de la aprobación del ejercicio presupuestal para 2019, los tres poderes de Coahuila y las 38 alcaldías aún tienen oportunidad de subirse a la austeridad que empujan Morena y AMLO.

El principio de la “honrosa medianía” fue incorporado desde 2009 en el artículo 127 de la Constitución Mexicana. Señala que todos los bonos, estímulos y compensaciones recibidos por los servidores públicos deben considerarse como parte de su “remuneración”. Además establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración… mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.