Francisco De La Torre
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PREPÁRATE PARA UNA CRISIS CONSTITUCIONAL EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
En medio de tensiones políticas crecientes y un ambiente electoral cargado, México se acerca a sus elecciones presidenciales con una posible crisis constitucional al acecho. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargado de calificar la elección, opera con solo cinco de sus siete magistrados. Esta carencia no solo amenaza la legalidad del proceso electoral, sino que subraya la urgencia de una acción ciudadana robusta y concertada.
La participación ciudadana se perfila como un elemento crucial para garantizar la integridad de las elecciones. Históricamente, cuando la participación supera el 65%, la legitimidad de los resultados electorales se fortalece considerablemente. Lograr este nivel de participación requiere un esfuerzo multifacético que incluye campañas de información, facilidades para votar y un llamado general a la acción civil para valorar el poder del voto.
Además, la vigilancia de las urnas por observadores ciudadanos, tanto nacionales como internacionales, es fundamental. Estos observadores no solo ayudan a prevenir y reportar irregularidades, sino que también actúan como un disuasivo contra el fraude electoral. Su presencia es vital para asegurar que cada paso del proceso sea transparente y justo.
Sin embargo, el desafío más significativo es completar el TEPJF. La ausencia de dos magistrados no es solo un vacío administrativo; es una brecha en la garantía de que la elección pueda ser juzgada de manera imparcial y conforme a la ley. La exigencia ciudadana para que el Senado nomine y apruebe los dos magistrados faltantes debe ser un clamor que trascienda partidismos. Las organizaciones civiles, líderes de opinión y la ciudadanía en general están llamados a presionar para que este requisito constitucional se cumpla antes del día de las elecciones.
En este contexto, las acciones pacíficas toman un papel primordial. Manifestaciones bien organizadas, campañas en redes sociales, y la presión constante sobre los legisladores son herramientas que los ciudadanos deben utilizar para asegurarse de que sus derechos no solo sean reconocidos, sino ejercidos plenamente.
México está en una encrucijada crítica. Los ciudadanos no solo deben estar listos para votar, sino también para defender la estructura misma bajo la cual esos votos adquieren significado. La democracia requiere mucho más que la simple acción de votar; necesita vigilancia, participación activa y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la justicia y la ley. En las elecciones presidenciales de 2024, no es solo el liderazgo del país lo que está en juego, sino la fortaleza de su propia estructura democrática.
En México, la ley electoral estipula que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son nombrados por el Senado de la República. Esto se realiza a propuesta del Presidente de la República o de los integrantes del propio Senado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Si el Senado no puede sesionar para hacer estos nombramientos, ya sea porque el periodo de sesiones ha concluido o porque no se puede convocar a un periodo extraordinario, existen algunas opciones bajo ciertas circunstancias excepcionales:
La situación plantea un desafío significativo para la operatividad y la legitimidad del TEPJF en el contexto electoral. Si el quórum necesario no se alcanza debido a la falta de magistrados, podría poner en riesgo la validación y calificación de los resultados electorales. La solución requerirá de una acción coordinada y posiblemente urgente por parte de la Comisión Permanente y el Senado, o una intervención del CJF para realizar designaciones interinas.