El pasado 5 de febrero, la joven curadora e historiadora de arte Carolina Barrero recibió una citación de la seguridad del Estado Cubano informándole de que la policía le había abierto un expediente de investigación en su contra ¿La ofensa? Haber imprimido unas postales con la silueta del poeta y apóstol nacional José Martí. Según el capítulo 241 del código penal vigente de la República de Cuba, la “clandestinidad de impresos” proscribe la difusión de publicaciones que no indiquen la impresión pudiendo tener como resultado incluso la privación de libertad de hasta un año. Es difícil imaginar que un estatuto legal tan arcaico en las constituciones contemporáneas llegue a criminalizar la libre circulación de folletos en el espacio público.
Sumándose a este déficit de legitimidad en el orden jurídico, la policía también informó a Barrero que no tenía derecho a un abogado, dado que su expediente de investigación era secreto; como en parte puede deducirse, secreto quiere decir en este contexto que únicamente los agentes de la seguridad estatal tienen acceso a él. La idea misma de un “caso secreto” es una contradicción con respecto a las garantías estipuladas en el derecho público. En consecuencia, la historiadora Carolina Barrero se encontraría en un limbo extralegal característico de una excepcionalidad que suspende las garantías que todo estado de derecho otorga.
El acoso por parte del estado contra Barrero se ha intensificado después de que el 3 de febrero de 2021 presentara, junto a la curadora de arte Solveig Font, un documento que recogía 1.245 firmas de artistas e intelectuales con el fin de iniciar un proceso de revocación del diputado Alpidio Alonso, actual Ministro de Cultura, quien habría agredido a un joven el pasado 27 de enero frente a la sede de esa institución nacional. En aquella jornada, Barrero leyó versos de José Martí junto a un grupo de jóvenes artistas y creadores en vísperas de las efemérides del natalicio del apóstol nacional. Desde entonces, la persecución y la vigilancia contra la ciudadana cubana y española Carolina Barrero no ha hecho sino que aumentar.
Sus amigos hemos sido informados de sus interrogatorios policiales sin materia real de acusación en su contra, así como del hostigamiento de patrullas policiales que, durante varias horas por noche, no dejan de “visitar” los alrededores de su casa. Los agentes policiales también le han sugerido a Barrero que se “marche a España en los próximos diez días”. Quienes conocemos a Barrero no solo no ponemos en duda su integridad intelectual y moral, sino que sabemos que se trata de una de las figuras sobresalientes de la escena de las artes visuales de la isla. Graduada de Historia del Arte por la Universidad de La Habana en el 2013, Barrero ha cursado también estudios de posgrado en la Universidad Complemente en Madrid y ha realizado prácticas en El Museo del Prado, por no hablar de sus publicaciones sobre artes visuales dentro y fuera de la isla.
En los últimos meses hemos asistido a una absurda persecución de jóvenes cubanos creadores (la mayoría mujeres) por el simple hecho de exigir una mayor autonomía de cara a la creación y expresión de la palabra en la esfera pública. Por esta razón no hay nada más absurdo que proscribir y criminalizar la libertad de palabra, asociación o circulación de imágenes. Un estado que, de forma directa, interviene en la clandestinidad de una vida comete un asalto contra el cuerpo de las mujeres; o por decirlo con la antropóloga Rita Segato, ejerce un mandato de masculinidad sobre los modos en los que mujeres protegen su espacio de convivencia.
Ante nuestros ojos se impone una nueva ominosa racionalidad del poder en América Latina que –desde lo recientemente acontecido en Panguipulli hasta la criminalización de la protesta y el encarcelamiento arbitrario en La Habana– reactualiza el mismo dispositivo policial y busca acallar los gestos de quienes buscan otra forma de vida. Es por todo ello que los firmantes de esta carta no solo apoyamos a Carolina Barrero, sino que exigen que el estado cubano y sus oficiales retiren, de forma inmediata, los cargos en su contra y pongan un freno a la escalada de violencia.
Febrero 7 de 2021
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Firman:
Gerardo Muñoz (Lehigh University)
José Luis Villacañas (Universidad Complutense, Madrid)
Rita Segato (Universidad Nacional de San Martín)
Maristella Svampa (Conicet, Universidad Nacional de La Plata)
Rafael Rojas (Colegio de México)
Rodrigo Karmy (Universidad de Chile)
Germán Cano (Universidad de Alcalá)
Juan Cárdenas (Bogotá, Colombia)
Luciana Cadahia (Universidad Católica de Chile)
Teresa Vilarós (Texas, EE. UU.)
Carlos Pabón (Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras)
Juan Carlos Quintero Herencia (University of Maryland)
Margarita Pintado (Point Loma Nazarene University)
Salomé García (Universidad Politécnica de Valencia)
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