Los diputados locales juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo tanto, deberán actualizar el Código Penal y la Ley Estatal de Salud, para prohibir en Coahuila las terapias de conversión sexual, informó Noé Ruiz Malacara, representante de la Comunidad San Aelredo, que defiende los derechos de la diversidad sexual.
El Senado aprobó adicionar el Capítulo IX denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal, y el artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, ambos de carácter federal, y los estados están obligados a replicar su contenido en los ordenamientos locales, aseguró.
Con ello, se sancionará con dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Actualmente la UMA asciende a 96.22 pesos, es decir, las multas irían de 96 mil 220 pesos, a 192 mil 440 pesos.
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Ruiz Malacara indicó que, en Coahuila, presentaron iniciativas para prohibir y castigar las terapias de reorientación sexual conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig), y confían en que serán analizadas y votadas en el periodo ordinario de sesiones en marzo del próximo año.
A nivel federal, el Senado aprobó las reformas presentadas por , con 59 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones.
Ahora, indicó, los estados deben ajustar sus ordenamientos a las leyes federales: “Están obligados a replicarlo, pero será una lucha entre la ley y las ideologías de iglesias judeo-cristianas que se resisten, el problema va a ser enfrentar los derechos contra la ideología religiosa”.
Recordó que los diputados prometieron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que no tienen otro camino que legislar a favor de los derechos de la diversidad sexual, como un complemento de los derechos garantizados para la población LGBTTTIQA+.
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