Querétaro

Desconoce Gonzalo Vicencio la coalición Juntos Haremos Historia; Dirigentes nacional y estatal de Morena no la avalaron

• Buscan que la autoridad incentive y fomente el uso de energías limpias.

El uso del gas natural en el parque vehicular de los concesionarios del servicio de transporte público, como una medida para mejorar la calidad del aire, propuso el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México, mediante una Iniciativa de Decreto.

La propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley 581 de Tránsito y Seguridad Vial y de la Ley 589 de Tránsito y Transporte, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene como propósito incentivar desde el marco jurídico local la transición al uso de combustibles alternativos y más sostenibles que los derivados del petróleo.

La moción contempla los conceptos de energías limpias, promoción, fomento y utilización preferente de energías limpias en aquellos vehículos de esta modalidad que recorren las calles del estado, contribuyendo así a la reducción de la emisión de gases contaminantes y el fortalecimiento de la economía de los concesionarios, derivado de la reducción de costos de este tipo de combustibles en relación con el de la gasolina y el diésel.

Al comparar el gas natural vehicular con otros tipos de combustible, como el diésel, el combustóleo, la gasolina o el gas licuado de petróleo, destacan en la propuesta, el primero es más barato hasta en un 50 por ciento, generando un ahorro significativo e inmediato en el bolsillo de los consumidores.

Consideran también que el uso del gas natural vehicular permitiría la reducción de hasta 70 por ciento de la contaminación ambiental, disminuyendo la emisión de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Además, al ser más ligero que el aire, se dispersa rápidamente, lo que lo hace altamente seguro. Debido a su composición física, el almacenamiento del gas natural vehicular en las estaciones de servicio no presenta riesgo de derrames o contaminación del subsuelo o mantos freáticos.

De acuerdo con lo planteado, a los vehículos destinados a las modalidades de urbano, suburbano, foráneo y rural mixto no se les permitirá una antigüedad superior a 15 años, salvo que sus unidades utilicen energías limpias; en cuyo caso, podrán obtener una prórroga de cinco años de antigüedad máxima.

En el caso de las unidades de taxi, será de ocho años su antigüedad máxima, salvo que utilicen energías limpias, y demuestren haberlas utilizado al menos durante cinco años continuos, en su caso tendrán derecho a una prórroga de dos años adicionales de antigüedad máxima, siempre y cuando aprueben la verificación vehicular correspondiente.

Las y los proponentes enfatizan el valor de la calidad del aire como “un bien social que nos atañe a todos, por lo que debe ser considerada como una prioridad por todos aquellos actores que inciden en la contaminación del aire, autoridades, instituciones y sociedad para fortalecer su gestión mediante la convergencia de responsabilidades que construyan una visión y un conjunto de acciones compartidas para mejorar la calidad del aire y, en consecuencia, prevenir afectaciones a la salud de las y los veracruzanos”.

La Iniciativa de Decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte Tránsito y Vialidad

• De acuerdo a la iniciativa planteada por el PRI-PVEM la medida solo aplicaría cuando el deceso sea a causa de la atención brindada durante una emergencia sanitaria.

El diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de Ley para el Otorgamiento de Beneficios a Deudos de Integrantes de las Instituciones del Sistema Estatal de Salud Fallecidos en Cumplimiento de su Deber a Consecuencia de la Atención Brindada ante una Emergencia Sanitaria, con la cual se prevé el pago de una pensión a quien derecho corresponda.

En la sesión, y en nombre del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), el diputado subrayó que este ordenamiento busca reconocer la valía del personal de salud que sigue al frente de la guerra contra la pandemia de Covid-19. “Ellos están dando la batalla y debemos, como parte del Estado, además de garantizarles lo necesario para sus funciones, tengan la seguridad de que los protegeremos a ellos y a sus familias más allá de lo que por ley les corresponda”.

De acuerdo a la iniciativa, el Gobierno estatal deberá otorgar, trimestralmente, una pensión equivalente a 420 veces el salario mínimo vigente, a los deudos de cualquier integrante de las instituciones del Sistema Estatal de Salud, que fallezca con motivo de su actividad profesional desarrollada a partir de que exista el Acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General por el que se reconozca una emergencia sanitaria de atención prioritaria.

Tienen el carácter de deudos el cónyuge supérstite; la concubina o concubinario, definidos por la legislación civil del Estado; los hijos solteros menores de 18 años; los hijos solteros mayores de 18 años, previa comprobación de que están realizando satisfactoriamente estudios continuos de nivel medio o superior, en planteles oficiales o reconocidos, hasta la conclusión de una carrera técnica o profesional.

A falta de todos los mencionados en los incisos anteriores: los ascendientes, siempre que dependan económicamente del integrante de las instituciones del Sistema Estatal de Salud.

De igual forma, se considerará que el fallecimiento es resultado de su trabajo durante una emergencia sanitaria, cuando se compruebe que el personal de salud se encontraba activo brindando la atención necesaria durante el periodo de tiempo que se encuentre vigente la declaratoria de atención prioritaria.

Se establece que será la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la que reciba las solicitudes de los presuntos beneficiarios de la pensión y determine, por conducto del Instituto de Pensiones del Estado, la procedencia de su otorgamiento, previa comprobación de las condiciones del deceso, el nexo familiar de los beneficiarios y los demás requisitos señalados en esta Ley.

En su intervención, el legislador García Escalante manifestó que esta nueva Ley reconoce el enorme esfuerzo, dedicado, compromiso, humanismo y solidaridad que el personal de salud ha mostrado para sacar adelante a los pacientes graves. “Para ellos todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento, para los familiares de quienes han perdido la vida en esta terrible batalla, nuestro más sentido pésame”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Salud y Asistencia.

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