La LIV Legislatura llamará a comparecer al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, ya que a más de un año de que terminó la administración de Graco Ramírez no ha dado resultados en las denuncias promovidas en contra de exservidores públicos.
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), reiteró que el funcionario tiene la obligación de cumplir con los plazos establecidos; sin embargo, al día de hoy para muchas de las carpetas de investigación presentadas ya venció el tiempo de judicialización.
Sostuvo que si bien algunas se encuentran en el proceso de sustanciación y otros siguen requiriendo más información, el fiscal debe informar a los legisladores locales y a las mismas autoridades estatales qué esta pasando con ellas, si faltan pruebas o en todo caso, genere las vinculaciones respectivas, debido a que las denuncias son contra funcionarios de alto rango en la pasada administración.
“Llama la atención que a los principales actores de la administración anterior no se les toca”, denunció al tiempo de adelantar en la glosa del segundo informe de gobierno del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo estará incluido para rendir cuentas Salazar Núñez y quien no de resultados en cualquier de los ámbitos estatales deberá de irse.
A partir del inicio de la actual administración, Gerardo Becerra Chávez, asesor anticorrupción del Gobierno Estatal, informó que se presentarían varias denuncias en contra de funcionarios del sexenio perredista, así como en contra del mismo exgobernador Graco Ramírez.
En febrero, el actual mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra del exgobernador e integrantes de su familia por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal para actos de compra venta de inmuebles en Cuernavaca.
No obstante, a mediados del año pasado el consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que existían avances en las más de 40 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción. Aclarando eran 12 las que han sido resueltas y los responsables vinculados a proceso, mientras que otras estaban en revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la inconformidad del Ejecutivo.
La LIV Legislatura llamará a comparecer al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, ya que a más de un año de que terminó la administración de Graco Ramírez no ha dado resultados en las denuncias promovidas en contra de exservidores públicos.
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), reiteró que el funcionario tiene la obligación de cumplir con los plazos establecidos; sin embargo, al día de hoy para muchas de las carpetas de investigación presentadas ya venció el tiempo de judicialización.
Sostuvo que si bien algunas se encuentran en el proceso de sustanciación y otros siguen requiriendo más información, el fiscal debe informar a los legisladores locales y a las mismas autoridades estatales qué esta pasando con ellas, si faltan pruebas o en todo caso, genere las vinculaciones respectivas, debido a que las denuncias son contra funcionarios de alto rango en la pasada administración.
“Llama la atención que a los principales actores de la administración anterior no se les toca”, denunció al tiempo de adelantar en la glosa del segundo informe de gobierno del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo estará incluido para rendir cuentas Salazar Núñez y quien no de resultados en cualquier de los ámbitos estatales deberá de irse.
A partir del inicio de la actual administración, Gerardo Becerra Chávez, asesor anticorrupción del Gobierno Estatal, informó que se presentarían varias denuncias en contra de funcionarios del sexenio perredista, así como en contra del mismo exgobernador Graco Ramírez.
En febrero, el actual mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra del exgobernador e integrantes de su familia por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal para actos de compra venta de inmuebles en Cuernavaca.
No obstante, a mediados del año pasado el consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que existían avances en las más de 40 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción. Aclarando eran 12 las que han sido resueltas y los responsables vinculados a proceso, mientras que otras estaban en revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la inconformidad del Ejecutivo.
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