Arturo Callejo – julio 29, 2020.
En el Edomex habrá de reformarse el artículo 308 del Código Penal del Estado de México para que en el delito de despojo se considere como víctima u ofendido al propietario del inmueble que es ocupado sin su consentimiento, ya que hay muchos casos que quedan impunes, permitiendo la operación de grupos y personas dedicados a este ilícito.
En Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, el diputado Bryan Tinoco Ruiz, indicó que hay grupos que se apoderan de manera pacífica o violenta de un terreno o bien inmueble, para pasar como dueños y dejar a las personas sin su patrimonio.
“Estos actos se cometen de manera cotidiana en total impunidad, adultos mayores y mujeres se ven despojados y violentados su derecho que como propietarios tienen, sin que se pueda recuperar de manera rápida y expedita lo que legítimamente les pertenece”, indicó el legislador de Movimiento Regeneración Nacional.
Actualmente el Código Penal sanciona el despojo de predios y viviendas como delito contra quien posee física o materialmente un inmueble aunque no sea propietario, lo que ha derivado en que se facilite la invasión y despojos y estos delitos queden impunes, pues al acudir ante el Ministerio Público para iniciar la carpeta, lo primero que se solicita a la parte afectada son los nombres de quienes ocupan el predio cuando el dueño ni siquiera los conoce.
“La iniciativa busca que se regule de manera clara y adecuada, sin dejar a duda, que el legítimo propietario también puede hacer uso de las leyes penales para proteger lo que es su patrimonio y del que debe tener pleno derecho pueda tener su uso y goce, aunque no tenga la posición del inmueble”, indicó el legislador Tinco Ruiz.
Para estos casos será necesario que quien se encuentre poseyendo el inmueble no lo haga legítimamente, que el requerimiento de desocupación y entrega del inmueble por parte del propietario, se realice por medio de mecanismo real y que exista una sentencia firme y ejecutoria de que ordene la desocupación y entrega del inmueble.
“Existen líderes o grupos organizados en los municipios para llevar a cabo acciones que implementen este delito, que ha sido protegido al amparo del poder público”, citó la diputada Beatriz García Villegas.
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