Francisco C. De la Torre

Un reporte especial sobre el ciclo electoral cruzado que definirá la segunda mitad de la década

WASHINGTON Y CIUDAD DE MÉXICO-AGOSTO 10 DEL 2026-  — En un lapso de apenas siete meses, los dos países más grandes de América del Norte pasarán por las urnas en elecciones que, sin elegir presidente, podrían alterar profundamente el equilibrio del poder político continental. Las elecciones intermedias de Estados Unidos están programadas para el 3 de noviembre de 2026 y determinarán la composición del 120.º Congreso, junto con una amplia gama de cargos estatales y locales. México hará lo propio a mediados de 2027, cuando se renovarán las gubernaturas de dieciséis estados, las 500 curules de la Cámara de Diputados y diversos cargos en cada una de las entidades federativas.

Lo que está en juego no es menor. En Washington, el resultado decidirá si Donald Trump conserva un Congreso dócil para la segunda mitad de su mandato o si enfrenta, por primera vez desde su regreso al poder, un contrapeso legislativo real. En México, los comicios funcionarán como el primer gran examen del gobierno de Claudia Sheinbaum y como la antesala de la sucesión de 2030. Y entre ambos procesos corre un hilo conductor que los vuelve inseparables: la revisión del T-MEC, la guerra arancelaria y una relación bilateral que se negocia, literalmente, entre ronda electoral y ronda comercial.

Estados Unidos: el referéndum sobre la trifecta republicana

La aritmética estadounidense es conocida, pero esta vez viene cargada de un peso inusual. El 3 de noviembre de 2026 estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 asientos del Senado y 39 gubernaturas, en un contexto marcado por la presidencia de Donald Trump y un clima electoral altamente polarizado. Los republicanos controlan actualmente la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, pero sus mayorías son estrechas, y la elección podría poner fin a la actual “trifecta” republicana en Washington, sirviendo como un referéndum sobre el segundo mandato de Trump.

La historia juega en contra del partido en el poder. Como recordó la analista Beata Wojna, las elecciones de medio término suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca; la pregunta, dijo, “no es si los presidentes pierden, sino qué tanto pierden”. Para 2026 identificó riesgos concretos ligados a la agenda migratoria, la política arancelaria y el desempeño económico.

Los datos disponibles apuntan a un electorado inclinado hacia la oposición, aunque con matices importantes. Los votantes jóvenes de 18 a 29 años favorecen a los demócratas por 24 puntos, los hispanos lo hacen por unos 16 puntos y medio —un margen relevante en estados competitivos como Arizona, Nevada y Texas—, mientras que los votantes blancos siguen con los republicanos por poco más de cinco puntos. El nudo estructural para los demócratas es que sus mayores ventajas están entre quienes menos votan. En la Cámara Baja, el Centro de Política proyecta de forma preliminar una mayoría demócrata de 211 a 208, y Nancy Pelosi predijo que los demócratas “recuperarán la Cámara” en noviembre.

El Senado es otra historia. De los 35 escaños en juego, los demócratas solo tienen un objetivo claro en un estado que Kamala Harris ganó en 2024 —Maine—, mientras defienden dos asientos en estados donde Trump se impuso: Georgia y Michigan. El escenario más probable, según la mayoría de los análisis, es un gobierno dividido: una Cámara demócrata frente a un Senado que los republicanos tienen buenas cartas para retener.

México: la prueba de fuego de la Cuarta Transformación

Del lado mexicano, la elección intermedia de 2027 llega con Morena en una posición dominante pero tensionada desde adentro. Morena y sus aliados, el PVEM y el PT, pelearán por mantener su poder mayoritario: gobiernan trece de los estados que estarán en contienda y controlan la Cámara de Diputados. El partido buscará defender el control de esas trece entidades y avanzar en otras cuatro, además de mantener la mayoría calificada en San Lázaro — esa mayoría de dos terceras partes que le ha permitido reformar la Constitución sin negociar con nadie.

Pero el propio oficialismo reconoce que el proceso será turbulento. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, admitió que las divisiones internas del partido comienzan a ser más evidentes y aseguró que la disputa rumbo a 2027 es inevitable. Ya hay señales concretas de esa efervescencia: alrededor de 40 de los 253 diputados federales de Morena dejarán sus curules para competir por candidaturas a gubernaturas, alcaldías y otros cargos. A eso se suman el candado antinepotismo que adoptó la 4T —que descalifica a familiares directos de gobernantes actuales y generó inconformidad en estados como Zacatecas, Guerrero y San Luis Potosí— y la regla de paridad que obliga a postular al menos nueve mujeres entre las diecisiete candidaturas a gubernaturas.

Algunos analistas ven un oficialismo que llega desgastado. Politólogos consultados advierten que Morena y la 4T llegarán debilitados a la mitad del sexenio, y señalan que el PT poco a poco se ha ido convirtiendo en una fuerza propia cuando antes era simplemente el aliado menor. Otros lo plantean como una carrera contra el tiempo: el analista Luis Rubio describe el escenario como una competencia entre el respaldo que generan los programas sociales y el desgaste natural de los gobiernos en funciones.

Lo que nadie disputa es la trascendencia del resultado. La elección de 2027 será tres cosas al mismo tiempo: una prueba de la solidez de la alianza gobernante, la antesala de la sucesión presidencial y un plebiscito sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los gobernadores que surjan de esos comicios tendrán tres años para consolidar liderazgos y construir bloques políticos que comenzarán a perfilar el escenario de 2030. Incluso el calendario podría cargarse más: en el Congreso mexicano se ha propuesto que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice el mismo día de las intermedias de 2027, el primer domingo de junio, lo que convertiría la jornada, de manera explícita, en un voto sobre la presidenta misma.

El hilo que une las dos urnas: el T-MEC y la relación bilateral

Aquí es donde los dos ciclos electorales dejan de ser historias paralelas y se vuelven una sola. La revisión del tratado comercial de América del Norte avanza exactamente en medio de ambos procesos. Washington decidió no extender automáticamente el T-MEC por otros dieciséis años y optó por un esquema de revisiones anuales hasta 2036, y las delegaciones acordaron una cuarta ronda de conversaciones en Washington para la primera quincena de septiembre de 2026 — es decir, a semanas de las urnas estadounidenses.

El ambiente no es sencillo. La propia Sheinbaum reconoció que es “complejo” negociar con Trump por su proteccionismo y su política de aranceles, después de que Washington aprobó nuevos gravámenes a las exportaciones de 60 países bajo el argumento del trabajo forzado. Aun así, México conserva una ventaja estructural: paga arancel cero en el 85 por ciento de sus exportaciones gracias al T-MEC, una posición preferente que el gobierno mexicano busca blindar. Sheinbaum ha planteado impulsar mayores reglas de origen y renovar el acuerdo “para que el tratado pueda ser incluso más de diez años”.

Y el vínculo con las urnas es directo. El Congreso que resulte de noviembre de 2026 es el mismo que deberá acompañar cualquier acuerdo de la renegociación del T-MEC; un Congreso con contrapeso al Ejecutivo eleva el costo político de imponer condiciones unilaterales, lo que puede abrir espacios de negociación que hoy están cerrados. El voto hispano, además, tiene un peso particular en los estados fronterizos donde se concentran los distritos más competitivos del ciclo.

Los escenarios

Conviene narrar los escenarios más plausibles, del más probable al más disruptivo.

El primero es el del gobierno dividido en Washington y la continuidad acotada en México: los demócratas recuperan la Cámara de Representantes por un margen estrecho, los republicanos retienen el Senado, y en México Morena conserva la mayoría simple en San Lázaro y la mayor parte de las gubernaturas, pero pierde la mayoría calificada. En ese mundo, Trump gobierna la segunda mitad de su mandato a golpe de orden ejecutiva y con investigaciones legislativas encima, mientras Sheinbaum tiene que volver a negociar reformas constitucionales con la oposición. La relación bilateral, paradójicamente, podría estabilizarse: ambos ejecutivos, más acotados en casa, tendrían incentivos para asegurar el acuerdo comercial.

El segundo escenario es el de la continuidad dominante en ambos lados: los republicanos retienen ambas cámaras y Morena arrasa de nuevo, reteniendo la supermayoría y sumando gubernaturas. Sería la ratificación de dos proyectos hegemónicos que negociarían entre sí sin contrapesos internos significativos, con todo el riesgo de volatilidad que eso implica para los aranceles, la migración y la seguridad.

El tercero, el más disruptivo, es el del doble castigo: una ola demócrata que arrebata las dos cámaras del Congreso estadounidense, combinada con un tropiezo serio de Morena que le cueste la mayoría en Diputados y varias gubernaturas emblemáticas. Ambos presidentes quedarían como patos cojos anticipados, la sucesión mexicana de 2030 se abriría de par en par, y la revisión del T-MEC quedaría en manos de legislaturas nuevas, menos predecibles y más celosas de sus atribuciones.

Poder concentrado, tratado en vilo: los cuatro vectores que definirán el desenlace

El peso de un Trump dominante sobre el T-MEC. Si los republicanos retienen ambas cámaras en noviembre de 2026, Trump llegará a la mesa de revisión del tratado con la mano más fuerte que haya tenido un presidente estadounidense frente a México en décadas. Las señales ya están a la vista: Washington decidió no extender automáticamente el T-MEC por otros dieciséis años y optó por un esquema de revisiones anuales hasta 2036, convirtiendo lo que era un tratado estable en una negociación permanente donde Estados Unidos revisa las condiciones año con año. A eso se suma el nuevo muro arancelario: la administración impuso aranceles adicionales del 10 por ciento a bienes de 14 socios comerciales, entre ellos México y Canadá, bajo el argumento del trabajo forzoso, y la propia Sheinbaum ha reconocido que negociar con Trump es “complejo” por su proteccionismo, pues su visión es que la manufactura que salió de Estados Unidos hacia México y Asia regrese a territorio estadounidense. Un Trump ratificado en las urnas tendría pocos incentivos para moderar esa lógica: el T-MEC dejaría de ser un piso de certidumbre para volverse un instrumento de presión anual sobre México en comercio, migración y seguridad. En cambio, un Congreso con contrapeso al Ejecutivo eleva el costo político de imponer condiciones unilaterales, lo que puede abrir espacios de negociación que hoy están cerrados.

El espejo mexicano: la dominancia de Morena. La paradoja es que del lado mexicano ocurre algo simétrico. Morena busca defender trece entidades, avanzar en otras cuatro y mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que le permitiría a Sheinbaum seguir reformando la Constitución sin negociar. Frente a Washington, esa concentración es un arma de dos filos. Le da a la presidenta cohesión interna y capacidad de respuesta rápida —nadie en el Congreso mexicano le enmienda la plana en la negociación comercial—, pero también priva al país de un argumento que los negociadores mexicanos han usado históricamente: “esto no me lo aprueba mi Congreso”. Cuando el Ejecutivo lo controla todo, cada concesión es atribuible a una sola persona, y cada tensión bilateral —aranceles, seguridad, energía— se convierte en un costo político directo para la presidenta rumbo a 2027 y a la sucesión de 2030. Dos proyectos hegemónicos negociando frente a frente, sin contrapesos internos, hacen del T-MEC menos un tratado entre naciones y más un pacto entre dos presidencias fuertes: durable mientras convenga a ambas, frágil en cuanto deje de convenir a una.

La oposición mexicana: unirse o desaparecer. Frente a ese escenario, la aritmética opositora es brutal y sus dirigentes lo saben. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, convocó a conformar una alianza con miras a 2027, sosteniendo que la fragmentación electoral favorece al gobierno, y ha puesto números sobre la mesa: advirtió que si la oposición no compite en coalición le dará a Morena la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mientras que una alianza PAN-PRI-MC podría ganar 76 triunfos de mayoría y alcanzar entre 190 y 200 curules, lo que impediría al oficialismo tener mayoría. El problema es que la unificación, hoy, no existe: mientras el PRI impulsa el bloque opositor, Acción Nacional planteó que no volvería a ir con el tricolor y busca incluir a la ciudadanía en la selección de sus candidaturas, y Movimiento Ciudadano mantiene distancia y prevé ir en solitario. La frase de MC lo resume todo: “Con el PRI ni a la esquina. Nosotros tenemos una alianza con los ciudadanos”. Hay, sin embargo, evidencia de que la unidad rinde: en Coahuila, la coalición encabezada por el PRI ganó los 16 distritos locales en disputa con el 55 por ciento de la votación contra el 26 por ciento de Morena, un resultado que los priistas presentan como anticipo de lo que podría ocurrir en 2027 si la oposición se articula. La conclusión analítica es sencilla: dividida, la oposición no compite; unida, vuelve competitivas una decena de gubernaturas y puede arrebatar la mayoría calificada. Pero el reloj corre, y las tres fuerzas siguen sin ponerse de acuerdo siquiera en el método.

El actor emergente: la ciudadanía ciborg. Hay un cuarto vector que no aparece en las encuestas tradicionales y que podría ser el más novedoso del ciclo: el surgimiento en México de organizaciones cívicas que fusionan membresía humana masiva con infraestructura de inteligencia artificial — lo que la literatura politológica ha empezado a llamar “organizaciones ciborg”, herederas de una genealogía que va de la cibernética de Norbert Wiener al Proyecto Cybersyn chileno y, más recientemente, a los partidos-plataforma europeos y latinoamericanos. La versión mexicana de este fenómeno no nace como partido, sino como red ciudadana apartidista, y su apuesta es tecnológica antes que ideológica: registro de afiliados organizado por sección electoral —la unidad territorial mínima del sistema mexicano—, comunicación masiva por WhatsApp y correo, producción automatizada de contenidos con agentes de IA y avatares digitales, brigadas de movilización del voto y, quizá lo más disruptivo, observación electoral aumentada: voluntarios que fotografían las actas de escrutinio de cada casilla y las envían a servidores centrales donde sistemas de IA las suman y publican resultados en tiempo real, creando un conteo ciudadano paralelo al de la autoridad electoral. Si un movimiento así logra escala —millones de afiliados verificados y presencia en decenas de miles de secciones—, cambiaría dos cosas a la vez: elevaría la participación, que es la variable que más teme cualquier maquinaria oficialista, y haría prácticamente imposible la opacidad en el conteo. En un país donde la desconfianza en las instituciones electorales es un tema recurrente y donde el propio gobierno impulsa una reforma electoral, una ciudadanía tecnológicamente organizada se convierte en un contrapeso que no depende de ningún partido — y en el comodín que ninguno de los escenarios anteriores tiene incorporado. Para 2027 su efecto sería probablemente incipiente; para 2030, si la curva de adopción de la IA cívica sigue el ritmo de la IA comercial, podría ser decisivo.

El veredicto pendiente

Lo único seguro es que, entre noviembre de 2026 y junio de 2027, América del Norte pasará por una doble prueba de estrés democrática. Las condiciones estructurales hoy favorecen a los demócratas en Estados Unidos, pero eso no significa que el resultado esté decidido: la movilización puede amplificar o neutralizar el ambiente nacional. Y en México, cada elección intermedia redefine el mapa territorial del poder político. Esta vez, ese mapa se dibujará a dos tintas y en dos idiomas — y lo que salga de las urnas de un país se sentirá, casi de inmediato, del otro lado de la frontera.

Reporte elaborado con apoyo de Ia e información pública de medios y fuentes oficiales de Estados Unidos y México, agosto de 2026.