El acarreo

“Beeee, beeee… somos borregos… beeee, beeee …” gritaron, a manera de protesta, miles de burócratas que fueron llevados voluntariamente a fuerzas a la Ceremonia de Desagravio a la Bandera en el Zócalo, convocada el 28 de agosto de 1968 por el gobierno, el PRI y sindicatos charros. Empleados de la SEP y la Secretaría de Hacienda, del Departamento del Distrito Federal y otras dependencias públicas fueron “incitados por la espontaneidad del acarreo”, como escribió en su crónica el genial Carlos Monsiváis. Ahora, el convocante es el Presidente de la República con el coro de Morena, sus gobernadores, alcaldes e intelectuales orgánicos, que rompieron con la ética y las causas que algunos de ellos antes defendieron.

En el 68, el pretexto fue que, un día antes, los huelguistas habían sonado las campanas de la Catedral e izado una bandera rojinegra en el asta del Zócalo antes de ser desalojados por el Ejército a bayoneta calada y con la utilización de tanquetas. Pero la verdadera intención del gobierno era el demostrar que su capacidad de movilización, como símil de apoyo popular, era superior a las masivas manifestaciones de los estudiantes en huelga de la UNAM e IPN.

La Marcha del Ardor del 27 de noviembre fue convocada por López Obrador para demostrar que es capaz de mover más gente que la movilización en defensa del INE, realizada el día 13 del mismo mes. Pero ahí no paran las similitudes. Cinco décadas después, los convocantes han incurrido sistemáticamente en el acarreo y las evidencias de ello han ido surgiendo a pasto, como el oficio de la presidenta de la asociación de comerciantes fijos, ambulantes y tianguistas de Tepito, en el que indica a sus asociados que deben presentarse con dos personas adicionales por puesto: “Sí es obligatorio, si no serás descansado por toda la temporada 2022-2023” (sic).

El desvío de recursos públicos es conducta generalizada, comenzando por López Obrador, quien promocionó el evento utilizando recursos públicos, en tanto que sus subordinados financiaron así los carteles, espectaculares, volantes, redes sociales, e igualmente dispusieron del presupuesto para el alquiler de autobuses, pagar hospedaje, alimentos (frutsi y torta), ofrecer dinero en efectivo y/o condicionar la prestación de servicios públicos a los acarreados. Diversas evidencias de esto se conocen de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Colima, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala y en todo el país, como el video en el que un dirigente local de Morena pide a los alcaldes que “tomen de los ahorros” para sufragar la movilización (¿cuáles ahorros?). No han faltado las ridiculeces de ciertos “pensadores de la 4T”, que han intentado teorizar sobre el igualitarismo del acarreo, como Hernán Gómez Bruera, y hasta lo quieren justificar invocando… ¡a Jesús!, como lo hizo en Twitter el cura Solalinde.

La escena de los burócratas berreando en 1968, como una forma de evidenciar su condición de acarreados, puso al descubierto que el acto de acarrear es obligar a las personas, contra su voluntad, a concurrir a mítines, marchas, plantones, asambleas, votaciones u otras formas de movilización política. El acarreo es justamente lo contrario a la libertad de expresión y de asociación, que son derechos humanos al amparo de los cuales la ciudadanía interviene en los asuntos políticos y sociales de su interés. Desde el punto de vista de la ética, se trata de una conducta reprobable, pues no es otra cosa sino el empleo de la amenaza y el premio por parte de los poderosos (el palo y la zanahoria) para tratar como rebaño de sus intereses a las personas obligadas a acudir.

Sociológicamente, tal conducta expresa el servilismo al que son reducidos los acarreados en función de los intereses particulares de sus líderes, patrones o gestores. Políticamente, es un instrumento de líderes incapaces de concitar la movilización de ciudadanos libres. Tal incapacidad es idéntica si los políticos que ordenan el acarreo ostentan el poder del Estado, si manejan cuantiosos recursos presupuestarios (como los de los programas sociales) o si su poder se limita a la parcela de una organización social o al nicho de la gestoría. Tampoco es relevante si nunca han tenido capacidad de convocatoria de ciudadanos libres, o si la tuvieron en el pasado y ya la han perdido.

Legalmente, el acarreo en sí mismo es una conducta sancionable, sin importar que para realizarla se utilicen o no recursos públicos (como es el caso del acarreo a las casillas electorales). Pero los responsables incurren en delitos contra la administración pública cuando el convocante emplea indebidamente recursos del erario (como es el caso de la Marcha del Ardor).

Cincelada: Pese al discurso de AMLO, el modelo que aplica el actual gobierno es neoliberal + populismo = neoliberalismo populista (muy similar al que instauró Carlos Salinas de Gortari).

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