Ya es oficial: desde este sábado el toque de queda en Castilla y León comenzará a las ocho de la tarde. El BOCYL publicaba a primera hora de esta mañana el acuerdo firmado por el presiente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco mediante la cual entra en vigor el polémico adelanto del horario en el que la ciudadanía castellano y leonesa tiene que recluirse en su casa.
Una postura que el texto del acuerdo justifica al describir la situación que estamos viviendo en términos de enorme gravedad como “una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos fundamentales a la salud pública y, en definitiva, a la propia vida.” Por eso se considera necesario “intensificar sin demora las medidas extraordinaraias que ya están en vigor”, sobre todo las que limiten las reuniones personales que según los informes técnicos mencionados en el acuerdo, son en las que se producen gran parte de los contagios. Para ello, entre otras medidas, se prohibe la movilidad nocturna en espacios públicos a partir de las ocho de la noche, excepto para los mismos casos que antes se permitían a partir de las diez, a los que en este caso se añade la asistencia a actividades lectivas de carácter oficial (las incluidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). En principio este nuevo horario del toque de queda en Castilla y León estará en vigor hasta la finalización del estado de alarma el próximo mes de mayo, pero el texto indica que podrá modificare o dejarse sin efecto en función de la evolución epidemiológica.
Una medida controvertida no tanto por su contenido sino porque supone un desafío al Gobierno central, cuyo Ministerio de Sanidad advertía este viernes, poco después de anunciarse la decisión, que esta modificación está fuera del ordenamiento legal del Estado de Alarma.
Una pugna profundamente política pese a su apariencia de debate jurídico. En principio parecería que ambas adminsitraciones discuten por interpretar la normativa que regula el actual estado de alarma y más concretamente por los límites de alguna de las competencias delegadas a las comunidades autónomas. Por una parte la Junta se ampara en la literalidad del decreto, y más concretamente en la palabra “modular” inlcuida en su artículo 10 para argumentar que la normativa le permite adaptar las peculiaridades del toque de queda a la situación epidemiológica de su territorio. Pero el gobierno contraargumenta que, si bien es cierto que la norma permite a las autoridades delegadas cierto margen en el establecimiento del horario para restringir la movilidad noctura, en ningún caso esa competencia puede utilizarse para pueden limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos más de lo que permite la normativa nacional. Y el decreto del estado de alarma indica expresamente que el toque de queda no podrá adelantarse a las diez de la noche ni podrá ampliarse más allá de las siete de la mañana. Pese a estas diatribas el verdadero debate de fondo, que se arrastra meses atrás, tiene su raíz en la reiterada petición de la Junta al Gobierno de la nación de mayores atribuciones e instrumentos legales para imponer medidas con las que atajar la pandemia, entre ellas el confinamiento domiciliario. Dado que estas solicitudes se han encontrado hasta el momento con una negativa tras otra en esta ocasión la Junta ha buscado las vueltas a la ley hasta dar con un argumento que, como dijo el vicepresidente Francisco Igea les permita “ir al límite”.
De momento en este pulso el Ministerio se ha quedado solo en comunicados oficiales, mientras que la Junta lo ha colocado en el plano institucional al publicar la normativa en el Boletín Oficial de la comunidad, lo que significa que la normativa entrará en vigor a las ocho de la tarde de este sábado y permanecerá vigente mientras no sea recurrida y tenga un pronunciamiento judicial en contra. El ejecutivo nacional no ha confirmado si está dispuesto a recurrir esta normativa castellano y leonesa.
El BOCYL publica también esta mañana otros dos acuerdos del Presidente de la Junta que aprueban el resto de las restricciones anunciadas, y que encajan sin polémica en las competencias de la autoridad autonómica: desde las ocho de la tarde de este sábado se prohibe la movilidad entre las provincias de Castilla y León, que quedan confianadas perimetralmente y además se limitan las reuniones de personas no convivientes a cuatro personas. El aforo de los lugares de culto se reduce a un 30% y en cualquier caso no podrán albergar a más de 25 personas.
Pese a que estas medidas se establece con caracter indefinido mientras dure el estado de alarma y el vicepresidente de la Junta advertía de que sus efectos no se iban a notar en los primeros cuatro o cinco días, Francisco Igea, advertía de que si en el plazo de dos semanas no causan efecto en frenar el avance de la pandemia el confinamiento domiciliario será irremediable.
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