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“El ensordecedor bazoca que está disparando la oposición opaca las críticas razonables”: Aimar Bretos explica las claves del acuerdo PSOE-Junts | Opinión | Cadena SER

Los acuerdos entre partes muy enfrentadas solo se consiguen con cesiones. La clave está en la dimensión y profundidad de esas renuncias. Junts podrá vender su acuerdo con el PSOE como algo histórico que abre una nueva etapa, y es verdad que abre una nueva etapa: la de la renuncia a la unilateralidad. Eso es lo que se concreta en este acuerdo, aunque Junts no lo va a decir así. Pero hace dos meses, Puigdemont decía desde Bruselas: “Ni renunciamos ni renunciaremos a la unilateralidad”. Y hoy, dos meses después, Puigdemont ha presentado como un éxito un documento en el que propone un referéndum de autodeterminación basado en el artículo 92 de la Constitución española. Junts fija su senda política sobre los carriles de la Constitución española. Y propone este referéndum en un documento en el que el PSOE, en la línea siguiente, le dice que la solución es más estatuto y esarrollo del autogobierno, no referéndum.

Por lo tanto, hay un actor -el independentismo catalán- que renuncia por la vía de los hechos a la unilateralidad desde el momento en que deja por escrito que sus deseos de autodeterminación los canalizará por las vías que marca la Constitución Española.

Esto es difícilmente discutible, salvo por aquellos que no quieran verlo, que entonces ya poco se puede hacer.

Pero para todos los demás, hay un avance tangible hoy: el independentismo catalán vuelve seis años después y por escrito al marco constitucional.

¿A qué precio? Pues esta es la clave. Lo fundamental es la ley de amnistía, de la que seguimos sin conocer su literalidad. Lo han pactado ya, pero ahora se la están leyendo los demás partidos que tienen que firmarla. Pronto sabremos cuál es su alcance real y en qué términos se plantea.

Pero incluso sin esperar a ese momento, y más allá de las muchísimas discrepancias pactadas que se recogen en el acuerdo de hoy, en el capítulo de los peajes que el PSOE sí ha decidido pagar y que figuran en el acuerdo, hay sapos peliagudos de tragar incluso para los ciudadanos más templados, centrados, socialdemócratas.

Escuece concebir una mesa de negociación entre partidos con mediadores extranjeros que vaya a negociar fuera de España, en reuniones fuera de España, sobre el futuro político de parte de España. Escuece pensar que ciudadanos de un mismo país vayamos a necesitar figuras internacionales para mediarnos y verificarnos, figuras que recuerdan inevitablemente a la resolución de conflictos en los que ha mediado el terrorismo, cosa que afortunadamente, obviamente, está muy lejos de lo que ha sucedido en Cataluña. Y quedará para las hemerotecas que el PSOE haya explicado a los españoles el acuerdo de Gobierno desde un tercer país. Desde Bélgica.

Les estamos contando la indignación unánime que hay en el mundo judicial por la referencia que se hace en este acuerdo a que futuras comisiones de investigación parlamentarias podrían determinar si se está produciendo o si se ha producido ‘lawfare’, un uso espurio de la justicia. Entienden los jueces que el poder legislativo se arroga así la capacidad de decidir si un juez ha prevaricado o no, y que eso quiebra la separación de poderes. Están todas las asociaciones judiciales indignadas, también los progresistas.

Pero incluso las críticas muy legítimas y muy razonables al contenido de este acuerdo quedan opacadas por lo ensordecedor del bazoca de inflamación política con el que está disparando la oposición. El PP -Feijoo- habla de erosión planificada de la democracia, Vox -Abascal- llama a una resistencia civil larga, que según él, solo puede terminar con el dictador en el banquillo o con ellos en la cárcel.

De la extrema derecha no se puede esperar nada, pero quizá al PP sí cabría pedirle sentido de la responsabilidad para cortar de raíz líneas como la de Ayuso, que ha llegado a decir hoy que estamos entrando en una dictadura, y que para resolver la situación, literalmente ha dicho -contamos con la corona, con el poder judicial, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas-, ¿las fuerzas armadas de qué?

Y quien dice esto acusa al adversario, a Pedro Sánchez, de ser un político fuera de control.

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