Es previsible que, de entre los candidatos seleccionados, algunos o muchos de ellos serán afines al presidente del Consejo de la Judicatura (que es el mismo que el de la Corte) y, por tanto, serán afines al presidente López Obrador o cuando menos a su ideología y proyecto. Aún más grave es que, una vez que formen parte del Poder Judicial de la federación, su ubicación y papel quedarán a merced de las decisiones de ese presidente del Consejo de la Judicatura (de acuerdo con esta reforma del artículo 100, párrafo 9), pues este último podrá cambiarlos de un tribunal a otro en el que mejor le convenga, alegando necesidades de servicio o posibles acciones disciplinarias. Así como lo oye, si en un tribunal colegiado de amparo estuviera algún asunto de importancia del gobierno (aeropuerto, política energética, alguna orden de aprehensión de algún adversario) el presidente del Consejo podría mover a uno de esos 200 nuevos magistrados a ese órgano para que se decida de acuerdo a su conveniencia, sin ningún control eficaz.

Otro cambio de la ley aprobado es que ahora el Consejo de la Judicatura, presidido por el presidente de la Suprema Corte, podrá concentrar la decisión de asuntos mediante acuerdos generales cuando existan violaciones graves a los derechos humanos (artículo 100, párrafo 10, que a la letra dice: El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia). En otras palabras, el Consejo de la Judicatura, o sea el ministro presidente Zaldívar, podrá asignar jueces específicos para casos específicos.

En síntesis, el Poder Judicial de la federación contará con jueces y juezas afines al presidente López Obrador o su proyecto, quienes podrán ser asignados a un caso específico de interés del presidente López Obrador, libremente y sin ningún contrapeso, por el presidente del Consejo de la Judicatura. No olvidemos que de los siete miembros que constituyen el Consejo de la Judicatura, uno de ellos el propio Zaldívar, tres más ya fueron designados por López Obrador y la bancada de Morena en el Senado, y otros dos son magistrados propuestos por Zaldívar.

Las voces que se alzaron fueron insuficientes para lograr que el bloque opositor en el Senado se mantuviera unido. No es concebible cómo senadores panistas y priistas hayan acompañado a Morena en esta decisión. De confirmarse la hipótesis de los ‘malpensados’, estaríamos frente a la pérdida no sólo de un poder del Estado que no es elegible por el electorado y constituye probablemente el único contrapeso todavía efectivo en nuestro país, sino que colocaría en total indefensión a personas que cayeran de la gracia del presidente de la República. Y ya hay muchos de ellos identificados por el propio presidente López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas.

Así de grave es la ‘reforma judicial’ aprobada por el Senado. Viene el turno de la Cámara de Diputados. Con la mayoría que tiene Morena y sus satélites, no hay duda que será aprobada. Ojalá y se equivoquen mis amigos abogados y sólo sea una mala interpretación del sentido de la ‘reforma judicial’.

Fuente:https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/el-presunto-asalto-al-poder-judicial