El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a conseguir en dependencias y el sector público empleo a 5 mil extrabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (Ly- FC). “Nosotros hicimos la petición de 5 mil nuevos empleos, obviamente quedó carta abierta y estamos pensando nosotros meter unos 7 mil compañeros a laborar en las diferentes dependencias, que está ofreciendo el gobierno”, revela Ramón Ramírez Saldívar, representante de un Comité de extrabajadores de la LyFC, quien el 31 de mayo de 2019 suscribió los acuerdos con Lorenzo Gómez Hernández, director adjunto de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), a pedido del Poder Ejecutivo.
La Segob se comprometió a “buscar entre las dependencias y entidades del sector público aquellas que puedan ofrecer opciones de contratación y trabajo, para realizar el inmediato enlace que favorezca su ocupación”, según la circular a la que tuvo acceso El Sol de México.
Los acuerdos establecidos por la dependencia, a cargo de Olga Sánchez Cordero, responde a que muchos de los trabajadores son mano de obra calificada, que pudiera estar laborando a favor de bienestar de la sociedad mexicana.
“Los dos autonombrados secretarios generales del SME, (Martín Esparza Flores y Jorge Sánchez García) orquestaron un plan para dividirnos y despojarnos de nuestros derechos laborales y sindicales de cada uno, todo en contubernio de las administraciones pasadas”, afirma Ramírez Saldívar.
Se buscó desde la toma protesta al presidente de la República, Andrés López Obrador para que nos diera su ayuda, así como desde el 25 de mayo de 2019 estamos en plantón a las afueras del Palacio Nacional, recuerda el electricista.
La noche del 10 de octubre de 2009, el expresidente Felipe Calderón decidió que unos 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro se quedaran sin empleo. Todo se dio con la extinción de la paraestatal, que estaba en números rojos y presionada por el Sindicato.
Ese día, la Policía Federal desalojó a los trabajadores de sus centros de trabajo y terminó con la vida de una de las empresas públicas más importante del Valle de México.
De un día para otro, los afiliados del SME se encontraron sin empresa, sin contrato colectivo, sin patrón y divididos: Un grupo dirigido por Martín Esparza Flores afianzó alianzas para vender agua purificada, así como están detrás de la construcción de una central de ciclo combinado en Cuautitlán y una distribuidora de luz eléctrica.
En enero de 2019, El Sol de México informó que Esparza Flores tiene como principal interés venderle electricidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El grupo, que está en plantón en el Centro Histórico, logró sobrevivir con los ahorros y convirtiéndose en multiusos.
Los electricistas expusieron en la Secretaría de Gobernación que a raíz del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro enfrentaron al incumplimiento de su Contrato Colectivo del Trabajo, una liquidación con irregularidades, coartaron el derecho a la jubilación, no les devolvieron el ISR y perdieron el seguro social.
Pidieron ayuda para que el SAT les devuelva la retención realizada del impuesto sobre la renta (ISR) al momento de su liquidación.
Los integrantes del grupo de LyFC manifestaron ante la Secretaría de Gobernación su intención de no retiro de su asentamiento frente a Palacio Nacional en espera de su respuesta sus demandas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a conseguir en dependencias y el sector público empleo a 5 mil extrabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (Ly- FC). “Nosotros hicimos la petición de 5 mil nuevos empleos, obviamente quedó carta abierta y estamos pensando nosotros meter unos 7 mil compañeros a laborar en las diferentes dependencias, que está ofreciendo el gobierno”, revela Ramón Ramírez Saldívar, representante de un Comité de extrabajadores de la LyFC, quien el 31 de mayo de 2019 suscribió los acuerdos con Lorenzo Gómez Hernández, director adjunto de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), a pedido del Poder Ejecutivo.
La Segob se comprometió a “buscar entre las dependencias y entidades del sector público aquellas que puedan ofrecer opciones de contratación y trabajo, para realizar el inmediato enlace que favorezca su ocupación”, según la circular a la que tuvo acceso El Sol de México.
Los acuerdos establecidos por la dependencia, a cargo de Olga Sánchez Cordero, responde a que muchos de los trabajadores son mano de obra calificada, que pudiera estar laborando a favor de bienestar de la sociedad mexicana.
“Los dos autonombrados secretarios generales del SME, (Martín Esparza Flores y Jorge Sánchez García) orquestaron un plan para dividirnos y despojarnos de nuestros derechos laborales y sindicales de cada uno, todo en contubernio de las administraciones pasadas”, afirma Ramírez Saldívar.
Se buscó desde la toma protesta al presidente de la República, Andrés López Obrador para que nos diera su ayuda, así como desde el 25 de mayo de 2019 estamos en plantón a las afueras del Palacio Nacional, recuerda el electricista.
La noche del 10 de octubre de 2009, el expresidente Felipe Calderón decidió que unos 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro se quedaran sin empleo. Todo se dio con la extinción de la paraestatal, que estaba en números rojos y presionada por el Sindicato.
Ese día, la Policía Federal desalojó a los trabajadores de sus centros de trabajo y terminó con la vida de una de las empresas públicas más importante del Valle de México.
De un día para otro, los afiliados del SME se encontraron sin empresa, sin contrato colectivo, sin patrón y divididos: Un grupo dirigido por Martín Esparza Flores afianzó alianzas para vender agua purificada, así como están detrás de la construcción de una central de ciclo combinado en Cuautitlán y una distribuidora de luz eléctrica.
En enero de 2019, El Sol de México informó que Esparza Flores tiene como principal interés venderle electricidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El grupo, que está en plantón en el Centro Histórico, logró sobrevivir con los ahorros y convirtiéndose en multiusos.
Los electricistas expusieron en la Secretaría de Gobernación que a raíz del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro enfrentaron al incumplimiento de su Contrato Colectivo del Trabajo, una liquidación con irregularidades, coartaron el derecho a la jubilación, no les devolvieron el ISR y perdieron el seguro social.
Pidieron ayuda para que el SAT les devuelva la retención realizada del impuesto sobre la renta (ISR) al momento de su liquidación.
Los integrantes del grupo de LyFC manifestaron ante la Secretaría de Gobernación su intención de no retiro de su asentamiento frente a Palacio Nacional en espera de su respuesta sus demandas.
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