Golpe al monopolio de gas LP – El Financiero

Mientras una parte del sector privado acusa al Gobierno de México de detener el avance de sus negocios en el sector energético por la contrarreforma energética que esta semana terminó de aprobarse en el Congreso de la Unión, otra parte no cesa de meterse el pie para detener a toda costa la competencia en sus pequeños grandes monopolios, y todo ello con la ayuda de las autoridades.

Esta semana, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito de Mexicali, Baja California, confirmó que el Ayuntamiento de Tijuana, que encabezó Arturo González Cruz, actuó de manera dolosa contra la empresa gasera Blue Propane y se extralimitó de sus funciones, para evitar que esta abriera diez estaciones de gas LP en la ciudad, con lo que se rompería un monopolio conformado por las empresas de Zeta Gas.

En la modificación de la sentencia de juicio de amparo 1043/2019-VIII, publicada el 21 de abril, y de la cual tengo copia, el órgano colegiado indica que la gasera sonorense, que en 2016 inició sus intentos por ampliar su mercado a Tijuana, fue víctima de una estrategia de ataques que incluyeron la elaboración de reglamentos municipales a modo, creación de falsas organizaciones civiles e incluso intervención del Congreso Local.

Desde hace cinco años, Blue Propane ha señalado que en Baja California existe un monopolio gasero que ha violado los principios constitucionales que prohíben la concentración del mercado, versión que ha sido confirmada a este periodista, tanto participantes de la industria, como funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), e incluso es sabido y tolerado por la propia Cofece.

Durante esos cinco años, la gasera tuvo que responder a 179 expedientes entre denuncias y amparos de supuestas organizaciones civiles, autoridades estatales y municipales de Tijuana, en lo que los abogados de la gasera califican como una persecución y “un terrorismo judicial” que distorsiona un mercado donde el precio del gas LP se ha incrementado alrededor de 40 por ciento en el último año, atrayendo fuertemente la atención de las autoridades federales.

“Lo denunciamos siempre: toda esa operación fue diseñada por alguien para no permitirnos entrar al mercado de Tijuana y para proteger los intereses de un grupo empresarial”, comenta Alan Jaramillo, abogado de Blue Propane.

La sentencia indica que el municipio deberá entregar las constancias de terminación de obra para la 10 nuevas gaseras en menos de tres días hábiles, por lo que de no entregar dichos documentos sin causa justificada, el Ayuntamiento, y funcionarios de la Administración Urbana de Tijuana, podrán ser acreedores a una multa, confirmando así el dolo de sus acciones. Atentos.