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• En una segunda iniciativa, propone armonizar los Códigos Financiero y de Procedimientos Administrativos.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió a este Congreso una Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y delitos contra la seguridad de la comunidad.

La iniciativa propone ampliar y endurecer penas y multas concernientes a los delitos en contra de la libertad, incorporando la extorsión contra la comunidad comercial y de trabajo, duplicándose las penas cuando los delincuentes sean servidores públicos y/o estén o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.

En este sentido, señala la propuesta, es necesario reforzar las acciones legislativas para la correcta aplicación de la Ley garantizando el estado de derecho a la ciudadanía, toda vez que algunas conductas de extorsión encuadran con lo tipificado como “Cobro de derecho de piso”, coartando la libertad de los agraviados.

Asimismo, se plantea el incremento de las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objetivo de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana.

Además, aunque la normativa actual regula la utilización de equipos de comunicación ocupados para el “halconeo” o “espionaje”, estos conceptos resultan muy subjetivos, dificultando la imputación del delito por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que la iniciativa propone que se omitan estos conceptos para referirse solo a los que posean, porten o utilicen tecnologías de comunicación, las cuales no puedan justificar el medio u objeto de su adquisición, presumiendo una conducta ilícita.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

Armonización de Códigos Financiero y de Procedimientos Administrativos

Asimismo, el Ejecutivo del estado envió a la LXV Legislatura una iniciativa por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La propuesta tiene como finalidad que el Estado cuente con procedimientos homologados con los establecidos por el Congreso de la Unión en los rubros de disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas, los cuales se encuentran orientados al buen uso de los recursos públicos.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

• El legislador Gonzalo Guízar solicita al Poder Judicial revisar las acciones de este tipo, ya que debe ponderarse el interés superior de los menores.

En su propuesta, enviada para su análisis a la Junta de Coordinación Política, el legislador subrayó la necesidad de que el Poder Judicial implemente estas medidas para poner a Veracruz a la vanguardia en los nuevos retos y con la utilización de herramientas tecnológicas, como ya sucede en otras parte del país, como la Ciudad de México, en la cual no se ha paralizado este derecho, agregó.

De esta manera, el representante del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, propone solicitar a la magistrada presidenta del Poder Judicial que lleve a cabo una revisión exhaustiva en los procedimientos de convivencia de los Centros de Convivencia Familiar, cuando menos, en aquellos distritos judiciales que cuenten con Juzgados Especializados en Materia Familiar.

Al respecto, Guízar Valladares expone que, en 2018, como parte del fortalecimiento y ampliación de la red de justicia familiar en el estado, el Poder Judicial puso en marcha 4 nuevos Centros de Convivencia Familiar en los Distritos Judiciales de Veracruz, Córdoba, Pánuco y San Andrés Tuxtla.

Añadió que en noviembre de 2019 inició labores el de Jalacingo, mismo que se sumó al que entró en funciones en Xalapa desde 2017. “El estado se compone de veintiún distritos judiciales, por lo que los actuales Centros no representan ni el 30 por ciento del universo de Distritos, constituyendo así una considerable desventaja y desproporcionalidad familiar”.

Refiere que hoy en día las medidas de confinamiento han traído y aumentado la violencia familiar, poniendo a niñas y niños en riesgo.

Sostuvo que no solo se merma la salud física, sino que pueden registrarse casos de afectación a la salud mental de las niñas y los niños al no haber convivencia. “El hecho de que un niño no vea a su padre o madre, puede propiciar que los hijos sufran alienación por parte del padre o madre custodio”, abundó.

Se pronunció a favor de las convivencias familiares virtuales, ya que, considera, “cuando el semáforo epidemiológico de la entidad sea verde, esta herramienta tecnológica pueda convertirse en un complemento de los encuentros físicos de convivencia familiar, para padres que radican en otro lugar distinto o cuando los horarios laborales no permitan el encuentro físico o bien sea un complemento más, aparte de la convivencia presencial, lo cual resultará en algo positivo que dejará la pandemia”, concluyó.