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Iniciativas contra la corrupción

Gabriel Zaid

31 Mar. 2019

 

La corrupción es universal y milenaria. También su reprobación. El profeta Isaías la condenó hace tres milenios. El derecho romano la castigó.

No es una singularidad mexicana. Todo país tiene sus prácticas corruptas, con las cuales se indigna o se divierte. Llegan a ser vistas como parte del folclor.

Lo singular es la nomenclatura. En México, por ejemplo: aceitar, agandallar, arreglarse, aviaduría, busca, cachirul, carrancear, charolear, chayote, chueco, cochupo, coyote, diablito, embute, entre, fayuca, huachicol, hueso, maicear, mapache, moche, mordida, pitufeo, prestanombres, repartir el queso, salpicar, transa. Los sobornos novohispanos a las autoridades españolas fueron llamados unto de México, porque untar ya se usaba en España como ‘soborno’ (Quijote, 1ª 22).

La corrupción en México fue, además, un sistema de pacificación política inventado por Porfirio Díaz y perfeccionado por el PRI. Organizó un mercado de la buena voluntad al margen de la ley, pero también de la violencia. Tuvo aceptación social como preferible a la lucha armada entre facciones. Entronizó al presidente como Supremo Dador.

La aceptación se ha vuelto disgusto. Aunque la corrupción es una tradición de siglos, se puede perder, como tantas otras. Hasta el prestigio heroico de la guerra, que fue una tradición universal y milenaria, desapareció. La matazón indiscriminada de la Primera Guerra Mundial inició un cambio de actitud, acentuado por las bombas atómicas. El desprestigio de la guerra ha sido un gran progreso moral, que contribuye a la reducción de conflictos armados.

La corrupción británica en el siglo XVIII fue escandalosa. No ha desaparecido, pero hoy es incomparablemente menor y socialmente inaceptable. Lo mismo ha sucedido en otros países. La globalización favorece el contagio positivo. Si las trasnacionales son multadas en su país de origen por los sobornos que pagan a otro gobierno, algo mejora en ambos.

Otro factor de globalización positiva ha sido la creación de Transparencia Internacional y el Corruption Perceptions Index. En 2018, México fue visto como más corrupto que 137 países, según la Wikipedia. Las calificaciones varían entre países y a lo largo del tiempo, y eso mismo indica que es posible mejorar.

Han surgido iniciativas mexicanas valiosas. Por ejemplo, los reportajes que exhiben la corrupción o la iniciativa ciudadana de facilitar que los candidatos y funcionarios hagan públicas sus tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de conflictos de interés). En cambio, las iniciativas de gobierno han sido contraproducentes. Paralizan la administración con tantos trámites y requisitos que provocan transgresiones y hasta mordidas de unas dependencias a otras.

El combate a la corrupción en todos los frentes es de ley, pero dispersa los esfuerzos. El éxito llega a parecer imposible. Desde Porfirio Díaz, todos los presidentes se han manifestado contra la corrupción; y, en el mejor de los casos (cuando no se trata de simple demagogia), todo queda en buenas intenciones. A diferencia de otros países, los presidentes mexicanos no terminan en la cárcel.

Estos malos resultados sugieren que el combate debe centrarse en los frentes más visibles y en aquellos que tienen efecto multiplicador. Por ejemplo:
 
Las fotomultas a las infracciones de tránsito fueron una buena iniciativa, suspendida (en vez de mejorarla) por las protestas de automovilistas. Pero el sistema de cámaras puede orientarse, no a las infracciones, sino a las mordidas de los agentes de tránsito, a su vez extorsionados por jefes que les exigen cuotas, según el potencial lucrativo del crucero. A los primeros despidos, se correría la voz y empezarían a desaparecer las mordidas y las extorsiones.

La Secretaría de Hacienda puede crear una base de datos en la web donde, al momento de girar un pago federal, aparezca su registro, con todos los datos de la póliza contable: Dependencia que paga, a quién, por qué concepto, con cargo a cuál partida presupuestal, con autorización de quiénes, en qué cantidad y fecha. La base incluiría un buscador tipo Google. La prensa, los contratistas y proveedores competidores, los investigadores, tendrían información de interés público para actuar. Se puede empezar con los pagos de más de $100 millones, luego bajar a diez y finalmente a uno.

Las cárceles son escuelas del crimen y call-centers de la extorsión organizada. Que no nos digan que imponer el Estado de derecho en tan pocos metros cuadrados es imposible.

Fuente: https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=153726

 

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