La dolorosa travesía para repatriar paisanos fallecidos en Estados Unidos

Mariana Martínez, mexicana de 47 años, intentó cruzar el desierto de Arizona para llegar a Estados Unidos. Su historia no se cuenta en las estadísticas de las remesas que enorgullecen al gobierno federal. Mariana murió el 11 de junio de 2022 antes de enviar los primeros dólares.

Guadalupe, su hermana mayor, viajó del municipio de Chilcuautla a Pachuca, en Hidalgo, para identificar el cuerpo. Le mostraron la última foto de Mariana: “Estaba bajo un árbol en el desierto, acostadita. Le hizo falta agua”, cuenta. En medio del dolor, otra noticia: para repatriar el cuerpo necesitaba 80 mil pesos.

Aunque el gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tiene un presupuesto para la repatriación, el apoyo que se brinda a las familias regularmente no cubre la totalidad de los gastos. Ofrece un máximo de mil 800 dólares (34 mil pesos) siempre que los familiares acrediten insolvencia económica y demuestren el parentesco, según las Normas para la Ejecución del Programa de Protección Consular. En casos extremos aprueban un monto mayor. A veces el apoyo no se otorga.

María Elena Valdivia, de la Alianza de Migrantes y Minorías, activista que apoya con procesos de repatriación, recuerda a un joven de 29 años que murió atropellado. La familia juntó lo poco que tenían para movilizarse a las oficinas de la SRE, pero finalmente no les dieron el apoyo. “Como ocurre con muchas familias, no tenían los papeles en regla”, comenta. Con los líderes religiosos de la comunidad migrante se reunió el dinero y el joven pudo volver a su tierra.

La opción más económica para una repatriación ronda los 4 mil dólares, pero los gastos pueden extenderse hasta los 16 mil, calculan activistas. Los costos varían no sólo por las características de los servicios funerarios, sino por la disponibilidad de vuelos para realizar los traslados. Esta cantidad no incluye los ritos fúnebres que se hacen en México.

Se trata de un trámite que se realiza por medio de funerarias estadounidenses autorizadas para realizar el papeleo y contratar los vuelos en los que viajarán los restos. Los consulados, oficinas de representación de México en Estados Unidos, ayudan con la expedición del visado para el traslado y del acta de defunción, y a veces, económicamente para realizar pruebas de ADN o para pagar los trámites mortuorios.

Entre 2012 y 2022 se erogó un presupuesto de 41.8 millones de dólares (781 millones de pesos) para este fin, según informó la SRE vía transparencia.

En ese mismo periodo se repatriaron desde Estados Unidos los restos de 57 mil 45 personas. Sin embargo, los recursos para ello han descendido drásticamente. En 2012 se erogaron 5 millones de dólares, mientras que en 2022 sólo 2.5 millones, 50% menos. Esto no significa que el número de migrantes fallecidos se haya reducido, por el contrario. Los años previos al Covid se repatriaron un promedio de 4 mil 717 cuerpos anualmente, mientras que los primeros años de la pandemia la cifra se incrementó a 7 mil.

El cuerpo de Mariana estuvo más de un mes en una funeraria de Arizona. “Supieron las amistades y dijeron que iban a buscar la manera de juntar dinero”, dice Guadalupe. Un viejo compañero del colegio contactó a Mary Trejo, que dirige la organización Hidalgo Sin Fronteras. La misión de Trejo es reunir a familias separadas por la frontera. Los esfuerzos se dividieron en localizar el cuerpo, cotizar los gastos funerarios e iniciar una campaña de fondeo.

“Les invito a que apoyen, es una persona que perdió la vida en el desierto”, se lee en el cartel de la organización. Los dólares llegaron. Mil 800 del consulado y el resto, unos 2 mil 500, de la comunidad: un gesto de buena fe que los migrantes suelen realizar entre ellos. Mariana volvió a casa a finales de julio de 2022.

La comunidad da la cara

Octavio Soria es un activista originario de Pinal de Amoles, Querétaro. Emigró a Estados Unidos hace 37 años y en 2020 comenzó a apoyar con repatriaciones. Suma 29 cuerpos enviados a Querétaro y las cenizas de dos personas originarias de Puebla y una de Guerrero. En la mitad de los casos que ha acompañado, los familiares son personas de escasos recursos. En la otra están quienes pueden costear los gastos, pero necesitan acompañamiento en el proceso burocrático.

Para los primeros casos pide donativos. Hace transmisiones en vivo y promueve carteles con la información de los migrantes. Apela a la empatía y la solidaridad por medio de su asociación Migrantes del estado de Querétaro. Así ha fondeado la repatriación de Álvaro Martínez, originario de Cadereyta de Montes, quien murió en un accidente en Georgia, y la de José Monroy Rivera, de Arroyo Seco, quien falleció cruzando la frontera. Para la repatriación de Manuel Vega, de Pinal de Amoles, se organizó una kermés donde se vendieron pambazos, gorditas, hamburguesas, champurrado y tamales.

“Lamentablemente, el migrante es visto sólo como un signo de pesos, valioso por las remesas. El apoyo es poco, por eso hemos optado por hacer las cosas sin el gobierno. Hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, explica Soria.

En la última década, las remesas de los migrantes mexicanos han crecido 136%. En 2012, el Banco de México reportó un ingreso de 22 mil millones de dólares. Para 2022, con corte a noviembre, esta cifra se elevó hasta los 53 mil millones de dólares.

“Esta es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. (…) Muchas gracias a nuestras paisanas, paisanos por este gran apoyo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 30 de diciembre del año pasado.

El tortuoso proceso

El 11 de enero de 2023, los restos de Aurelio Cruz, de 19 años, llegaron a Chenalhó, Chiapas.

Aurelio vivía en un campamento de San Cristóbal de las Casas, luego de que en 2016, a sus 13 años, fuera desplazado de manera forzada de su hogar. En mayo de 2022 decidió cruzar el desierto en busca de una mejor vida.

Araceli, su hermana mayor (29 años) rememora su última llamada: “Me perdí. Estoy solo, ya no tengo agua ni nada”. La fecha de defunción de Aurelio quedó marcada el 5 de mayo de 2022.

Araceli logró obtener las coordenadas donde podría haberse quedado su hermano. Localizó a organizaciones civiles de búsqueda y rescate, quienes el 28 de mayo localizaron los restos, pero se requería una prueba de ADN. Aunque la familia solicitó apoyo a la SRE, la prueba de ADN sólo se hizo posible con ayuda de otra organización civil. La confirmación de que los huesos eran del joven llegó el 29 de octubre. Ahí empezó otro martirio: conseguir dinero para la repatriación.

La SRE dijo en un inicio que sólo aportaría mil 800 dólares. La familia necesitaba 2 mil 100 extra. “Somos desplazadas. Asesinaron a mi papá durante el desplazamiento en 2016. Estamos cansadas, no sabemos qué hacer”, cuenta Araceli el 6 de enero. Conseguir los recursos les era imposible. De último momento, la SRE se comprometió a asumir la totalidad del costo del traslado. Ocho meses después de su muerte, su familia pudo llorarle.

Apoyos gubernamentales

“La sensación es que no apoyamos o que muy poco, pero mil 800 dólares es un monto considerable, casi siempre cubre arriba de 80%”, asegura Vanessa Calva, de la Dirección General de Protección Consular de la SRE. Explica que la mayoría de las repatriaciones se realizan por personas que no murieron en tránsito, sino por accidentes o enfermedades. Reconoce que no a todos les dan el monto máximo del apoyo, algunos reciben menos, a veces nada, pero que hay quienes reciben más recursos. “Queremos ser más proactivos. En estos casos es importante que nos llamen”.