La Misión de la ONU vincula a Maduro y a altos cargos del Gobierno con crímenes de lesa humanidad

La Misión de Determinación de los Hechos ha presentado el informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela, durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, de forma telemática por motivo de la pandemia del coronavirus.

La Misión de la ONU investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como casos analizados en detalle a lo largo de las 443 páginas del informe que analiza las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el año 2014 hasta mayo de 2020. Pese a requerirlo en infinitas oportunidades, el gobierno prohibió a la Misión viajar a Venezuela para llevar a cabo la investigación dentro del territorio.

En él concluye que Nicolás Maduro y altos cargos del Gobierno de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad. «El presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes».

Con relación a las ejecuciones extrajudiciales llamadas por el Gobierno de Venezuela «las Operaciones de Liberación del Pueblo» (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, el informe asegura que dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. «La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa».

En materia de detenciones y tortura, concluyen que las policías política de Maduro, el SEBIN y el DGCIM, tenían como objetivo identificar a la disidencia para apresarlos, el primero se enfocaría en los civiles y el segundo en los militares, que posiblemente pudieran intentar un golpe de Estado.

A fin de corroborar los patrones identificados en los casos investigados, la Misión examinó otros 2.891 casos de violaciones de los derechos humanos en las cuatro áreas de su mandato: poder judicial, violaciones relacionadas con las protestas, ejecuciones extrajudiciales y detención y tortura por motivos políticos.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

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