La comunidad de propietarios de un edificio de viviendas de Platja d’en Bossa ha advertido al Consell de Ibiza, a través de un escrito de la abogada Patricia de las Heras, que, si no cesa en «el acoso y persecución» de los inspectores de la institución hacia los propietarios e inquilinos de las viviendas, iniciará «un procedimiento penal». La denuncia solicita el cese de «la actividad administrativa irregular, la reparación de los daños y la depuración de responsabilidades».
Se refiere a las inspecciones turísticas (para averiguar si se comercializan viviendas de este bloque como alquiler vacacional, lo cual está prohibido) que se llevaron a cabo en octubre de 2018 y los pasados 31 de julio y 1 y 2 de agosto, cuando se personaron en el edificio dos inspectores del Consell junto a dos agentes de la Policía Local. La denuncia destaca que estas personas estuvieron en el bloque de viviendas «ininterrumpidamente» desde las 10 hasta las 22 horas.
Los inspectores «manifestaron que no iban a cesar, y que efectuarían dicha labor sin descanso», explica el escrito de De las Heras, que agrega: «Se procedía a interceptar a cualquier sujeto que entrara o saliera del edificio, ya fueran moradores, propietarios, amigos, familiares, limpiadoras… para exigirles su identificación inmediata y someterlos a un interrogatorio amplísimo sobre quiénes eran y qué hacían allí», buscando «confesiones de algo que no han hecho».
La comunidad de propietarios también denuncia que los inspectores repartieron «panfletos o flyers [como ellos mismos los llaman cuando sancionan por publicidad dinámica sin licencia, especifica]», con el mensaje: «La Ley es clara: si es un piso, ¡No es legal!», lo que, según la abogada, es «falso».
El acta de la inspección que llevó a cabo el Consell el año pasado señalaba que, según el conserje del edificio, las normas de la comunidad de propietarios «prohíben el acceso tanto a las zonas privativas como a las comunes, por lo que no puede realizarse la inspección por falta de consentimiento para el acceso a cualquier zona».
El Consell ha enviado una notificación al colegio de administradores de fincas en la que informa del «deber legal» de permitir «la labor inspectora», según el vicepresidente primero y conseller de Territorio, Carreteras e Intrusismo, Mariano Juan, que destaca que «no es una cuestión optativa». «Ante cualquier traba que se ponga para impedir la entrada en un edificio para labores de inspección, se levantará un acta de obstrucción que supone también una infracción».
En su escrito de denuncia, la abogada de los propietarios sostiene que su defensa de que en este edificio de viviendas «se podría desarrollar legítimamente la comercialización de estancias turísticas, no quiere decir que se esté haciendo» y requiere al Consell para que haga sus deberes y delimite las zonas aptas para esta actividad, como prevé la nueva ley turística, y «cese en una persecución infundada que sólo genera molestias».
No obstante, el Consell ha abierto diligencias previas al comprobar que en este edificio supuestamente se estaban comercializando alquileres turísticos. Estas se suman a las 80 en total en toda la isla que se han iniciado este año (ver entrevista a Mariano Juan en página 4).
Como el Consell no ha delimitado las zonas aptas para explotar el alquiler turístico, «cualquier apartamento del edificio podría presentar una declaración responsable y ejercitar libre y lícitamente esta actividad», según De las Heras, que agrega: «Sin embargo, el Consell no lo permite… y pretende sancionar a los ciudadanos por una ilicitud que existe por su propia inactividad». La denuncia apunta que la actitud del Consell «rozaría si no constituiría un posible delito de prevaricación administrativa al prohibir de facto una conducta lícita y perseguirla con un ensañamiento nunca antes visto».
Los propietarios insisten en que «resulta totalmente contrario a derecho que el Consell lleve a cabo labores de persecución sobre algo que, si no fuese por su dejadez y su mal funcionamiento, sería lícito».
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