La última llamada de México

Por Juan Francisco Torres | Lun, 13/07/2020 – 09:11

2020 ciertamente se ha convertido en un año muy complejo. ¿Quién podría haber predicho el impacto de una pandemia mundial que comenzó en Wuhan, China, y en el transcurso de unos meses se extendió como un reguero de pólvora a todo el mundo, provocando una derrota completa de la oferta y la demanda en la economía mundial. Estos son tiempos bastante complejos para muchas naciones. Pero el problema no termina ahí. En el caso de México, el impacto de COVID-19 ha sido bastante peor dada la falta de preparación y la decisión del gobierno que asumió el cargo a fines de 2018 de eliminar el seguro de salud federal sin tener un programa de reemplazo.

El gobierno federal de México ganó las elecciones de 2018 sobre la base de una plataforma para combatir la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la pobreza. Los argumentos fueron convincentes y condujeron a una victoria aplastante que incluyó no solo la presidencia, sino ambas cámaras del Congreso, 19 congresos locales y cinco gobernaciones. Sin embargo, esa victoria abrumadora no se ha traducido en la implementación de programas y acciones que generan los resultados tan necesarios y esperados. Lo contrario es cierto. México se ha torcido en términos de logros. Señalemos algunos de los problemas más importantes que vale la pena destacar:

Cada año durante los últimos dos años, ha habido violencia de nivel récord, con un número de muertes que alcanza un promedio de aproximadamente 100 personas por día (10 de las cuales son mujeres);

La confianza de los inversores se ha destruido con la cancelación de proyectos clave como el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en Texcoco y un complejo cervecero en Mexicali, Baja California;

En lugar de presionar por más proyectos de energía eólica y solar, estos han sido prohibidos a favor de las plantas de petróleo y combustible;

Los procedimientos de licitación se han reducido y el 80 por ciento de las compras del gobierno se realizan mediante adjudicaciones directas con poca o ninguna transparencia;

Las agencias reguladoras se han diluido mediante nuevas reglas y / o nombramientos de personas incompetentes;

Dados los problemas en la recaudación de impuestos y el gasto excesivo en programas sociales con conexiones electorales claras, el gobierno ha erosionado los fondos de la reserva federal;

La falta de respeto por las normas y reglas ambientales es ofensiva, y los grandes proyectos que el presidente estima que están exentos de las declaraciones de impacto ambiental;

En el contexto de COVID-19, el gobierno decidió no apoyar las necesidades de salud y proporcionó aún menos liquidez al mercado. En cambio, ha asignado fondos a tres proyectos favorecidos por el presidente que en su mayor parte no tienen sentido económico;

El gobierno recortó el apoyo federal para la mayoría de las agencias gubernamentales y limitó los salarios para todos los servidores públicos, creando así graves cuellos de botella e imposibilidad real de ejecutar tareas gubernamentales básicas;

A pesar de la oferta de haber tomado una dirección diferente, se ha favorecido la decisión de militarizar la seguridad pública, al tiempo que se destruyen las capacidades con las fuerzas de policía civil a nivel municipal, estatal y federal;

La voz y las contribuciones de expertos y consultores sofisticados han sido ignorados y apartados, ya que el gobierno afirma que las personas que retiene deben ser 90 por ciento honestos y solo 10 por ciento preparados.

Estas decisiones y acciones han provocado un entorno adverso para la seguridad jurídica, la promoción empresarial y el desarrollo de proyectos. En ausencia de tales elementos, no es difícil entender por qué el pronóstico para la variación del PIB en México está en un rango que toca al menos menos-10 por ciento, una cifra que no se ha visto en los últimos 80 años.

El impacto de todos estos eventos no es solo que las promesas electorales no se cumplirán, sino que el impacto masivo de la pérdida de empleo, la contracción de la demanda, la escasez de oferta y la falta de inversiones desencadenará un crecimiento en los niveles de pobreza junto con problemas adicionales de inseguridad y violencia.

Uno esperaría que en estas circunstancias el gobierno reconsiderara muchas de sus decisiones existentes y buscara un enfoque diferente en los componentes clave de lo que podría generar un resultado diferente, en particular en los aspectos económicos del desempeño de México como anfitrión de nuevos proyectos y inversión.

En el difícil contexto de la pandemia de COVID-19, las graves condiciones económicas y de salud, y las difíciles perspectivas, hay una buena información: el tan esperado USMCA entró en vigor el 1 de julio de 2020. Se necesitaron muchas negociaciones complicadas. lugar para poder llegar a un acuerdo con los negociadores de Estados Unidos y Canadá, y fue casi un milagro que se llegara a tal entendimiento.

El USMCA es, por lo tanto, lo único a lo que el gobierno federal mexicano puede aferrarse en términos de un posible mejor desempeño de su economía, ciclos de inversión, búsqueda de empleo y crecimiento general en nuevos proyectos. La pregunta principal aquí es si este instrumento de comercio internacional, que reemplaza a un TLCAN muy exitoso, tendrá el poder y el efecto para superar el escenario complicado que hemos descrito anteriormente.

Esta es probablemente la última llamada para este gobierno que se someterá a su primera evaluación significativa en las elecciones de mitad de período programadas para el 6 de junio de 2021. Lo que ocurra entre ahora y entonces determinará cuál es la evaluación de los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno. Se necesita otro milagro para que ocurra algo dramáticamente diferente el próximo año. En este momento, es probable que el gobierno suspenda esta prueba. El tiempo dirá.

Foto por:  Juan Francisco Torres Landa

Fuente: https://mexicobusiness.news/professional-services/news/mexicos-last-call?tag=exper