DE CARA A las elecciones presidenciales de 2024 hay cuatro aduanas que la oposición, Morena y el gobierno de la 4T tendrán que sortear de hoy a julio del año próximo.
La primera ya se agotó y el resultado para los antiobradoristas fue un éxito: la concentración del Zócalo del domingo pasado, que habría reunido a unas 500 mil personas, más otro tanto fuera de la CdMx y el país.
La segunda inició precisamente ayer, con la publicación del llamado “Plan B”, y que dará paso a una cascada de demandas y juicios de amparo contra la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los partidos políticos y el INE interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales contra el Ejecutivo y el Congreso. Pera también lo harán los ciudadanos y los grupos vulnerables.
Por ejemplo, cada trabajador del INE afectado por el desmantelamiento de su estructura, está en posibilidades de promover un juicio laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
A su vez fuera del ámbito electoral, seis grupos de individuos o colectivos, catalogados como vulnerables, pueden interponer juicios de amparo por violaciones a sus derechos humanos.
Son los pertencientes a comunidades indígenas, los afromexicanos, las personas con discapacidad, los integrantes de la comunidad LGBT, los residentes en el extranjero y los jóvenes.
La primera controversia constitucional del INE fue admitida a trámite este miércoles por el ministro Alberto Pérez Dayán. Es contra la reforma a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas.
En la Corte ya hay 125 impugnaciones sobre dichas reformas a las leyes impulsadas por el Presidente, aunque amparos aún no se presentan porque no pueden ser tramitados en tanto no entre en vigor la ley.
En los próximos 30 días, tomando como límite el 1 de abril, un tsunami de amparos llegará a la sede del Poder Judicial del país. Pero en ese lapso también arreciará la presión sobre los once ministros.
De hecho López Obrador inició la guerra contra la Suprema Corte, particularmente contra su presidenta Norma Piña, una narrativa muy hostil que ya dio pie a un ambiente de crispación y amenazas contra ella.
El Presidente solo necesita el voto de cuatro ministros para pasar su “Plan B”. Dos ya los tiene: Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Uno pensaría que Arturo Zaldívar también, pero nos hacen ver que no necesariamente.
Del lado contrario se tienen que juntar ocho votos para declarar inconstitucionales las reformas a las leyes electorales que propuso el Presidente de la República. He ahí el desenlace de la segunda aduana.
Los mismos organizadores de la marcha de noviembre al Monumento de la Revolución y la concentración del domingo en el Zócalo ya preparan una tercera manifestación. Será una vez que se tenga el fallo de la Corte.
LA MINISTRA YASMÍN Esquivel está convencida de que es objeto de un complot para hacerla renunciar y lograr que los ministros opositores de Andrés Manuel López Obrador y su “Plan B” logren reunir esos ocho votos para darle palo a las reformas electorales que publicó. La abogada va a seguir aguantando la presión cada vez más grande de diversos sectores de la sociedad que exigen su renuncia. El espacio de la ministra cada vez se achica más. En Palacio Nacional la abandonaron a su suerte cuando el periódico El País reveló hace una semana que también había plagiado su doctorado. Cuando López Obrador se enteró experimentó una mezcla de decepción y coraje, pues sí llegó a creer en su inocencia. Esquivel va a tratar de llegar a la votación del “Plan B” y a partir de entonces su salida de la Corte será inminente. Y es que también para los ministros que encabeza Norma Piña se ha convertido, al igual que para el Presidente, en un lastre.
LA TERCERA ADUANA serán las elecciones de este año en el Estado de México, donde la candidata de Morena, Delfina Gómez, se empieza a perfilar como la muy posible triunfadora. Y es que mientras la ex titular de la SEP trae todo el aparato del gobierno federal atrás y a dos eficaces operadores, Horacio Duarte e Higinio Martínez, la abanderada de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, se quedó prácticamente sola. Se está cumpliendo el escenario más pesimista para la priísta: que el gobernador Alfredo del Mazo Maza se hiciera a un lado. Ni acompañamiento, ni dinero ni nada. Y pese a lo que se diga en sentido contrario, la realidad es que tampoco los panistas se ven muy entusiasmados que digamos. Otro sector que está en las mismas es el empresarial. Las elecciones en el Edomex se ganarán con dinero: 5 mil millones de pesos, aproximadamente. Todo apunta a que Morena le arrebatará la gubernatura al PRI en junio próximo.
LA CUARTA ADUANA que se fijaron los promotores de Va por México y colectivos ciudadanos es lograr, una vez pasadas las elecciones del Estado de México, un candidato de coalición hacia las de 2024. PRI, PAN y PRD harán sus consultas internas para seleccionar un candidato único por partido, mientras que los grupos de la sociedad civil que acompañan este proceso ungirán a dos. Uno de ellos, lo puede ir dando por hecho, será Claudio X. González. Otro, un “caballo negro”, surgirá de las filas del empresariado. Habrá una campaña nacional donde esos cinco precandidatos recorrerán el país y, posteriormente, se someterán a unas elecciones primarias para de ahí erigir al candidato final. En medio de este proceso los senadores del PRI tendrán que resolver la salida de y su relevo. “Alito” no se va a ir tan fácil y se teme que destroce la casa en plena elección del candidato de Va por México.
UN FACTOR DE disrupción en la “cuarta aduana” es Movimiento Ciudadano. Ya hay pláticas con Dante Delgado a quien se le ha invitado a subirse con su candidato y a las primarias. El colmilludo político no ha fijado posición, pero sabe que toda la atencion de Va por México está puesta en su partido. Y es que cuenta con dos buenas “corcholatas” con la posibilidad de adicionar otras dos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, que con la confirmación de la instalación de la planta de Tesla en su estado creció sustancialmente sus bonos, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. El primero se muere por ser candidato presidencial y el segundo no quiere. Dante tiene la posibilidad de amarrar otro par de externos que siempre han gravitado en el imaginario: el senador Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard.
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