La sede militar donde estuvo detenido el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido el sábado pasado, “se convirtió en un centro de tortura, donde hay más de 100 detenidos, aunque el sitio solo tiene capacidad para albergar a unos 20 prisioneros”.
Esa es la denuncia que presentó un grupo de familiares de los militares que se encuentran dentro de la sede de la División de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas. Exigen que se permita el ingreso de los observadores de la ONU para constatar las condiciones en que se encuentran estas personas. También piden la liberación inmediata de todos los detenidos allí.
La causa de muerte de Acosta Arévalo fue “edema cerebral severo debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado“. La presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, dijo que el militar fue “brutalmente torturado hasta ocasionarle la muerte“.
“La rabdomiólisis tiene entre sus causas el aplastamiento, la tortura, traumatismos y electroestimulación. Con este informe debe cambiar el delito imputado a los presuntos autores”, manifestó.
Esta muerte por tortura encendió las alarmas de distintas ONG, de la oposición venezolana y, por supuesto, de los familiares y allegados de los presos.
En diálogo con Diario de las Américas, un grupo de familiares de los militares recluidos en la Dgcim manifestó a qué sufrimiento están sometidos estos hombres y cómo viven ellos esta dramática situación.
María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Johnny Rafael Mejías Laya, manifestó: “Mi esposo ha sido víctima de tortura. Por más de 40 días no supimos de su paradero y, cuando logramos saber de él, conocimos que fue golpeado con barrotes de madera“, comenzó.
Y agregó: “Lo obligaron a tomar agua del inodoro, fue asfixiado con bolsas plásticas. Le dislocaron el hombro derecho. Durante ocho días no le permitieron ir al baño a hacer sus necesidades, y se vio obligado a hacérselas encima. Esto le causó graves infecciones“.
Por su parte, Natsibet Evangelina Rivero García, familiar del capitán de corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo, denunció que fue detenido el 17 de mayo de 2018 y llevado a la sede del Dgcim en Caracas sin notificación previa a sus familiares y sin derecho a un abogado.
Durante cinco días, fue sometido a tratos crueles (golpes, patadas, asfixia con bolsas plásticas) y luego fue llevado al tribunal militar por los supuestos delitos de Instigación a la Rebelión, Traición a la Patria y Falta al Decoro Militar.
Diario de las Américas consigna que este militar fue confinado a una celda sin baño y que debía hacer sus necesidades en bolsas y potes plásticos que sacaba cada semana.
Keyla Flores, esposa del teniente coronel de la Aviación Ruperto Molina Ramírez, expresó que su marido fue detenido el 19 de mayo de 2018 dentro de la Base Aérea Libertador (BAEL). Fue llevado a la sede de la Dgcim en Caracas, donde fue interrogado por el Mayor Blanco Hurtado, quien en compañía de otros cuatro funcionarios le vendaron los ojos, le ataron las manos y comenzaron a golpearlo.
De acuerdo con un documento suscrito por Flores, allí estuvo 22 horas, donde además fue asfixiado con una soga que le colocaban alrededor del cuello hasta hacerlo desvanecer.
Jessica Gimón, pareja de Leonardo De Gouveia De Sousa, también relató la dramática situación que vive ella y su marido. Denunció, según publica el diario citado, que fue torturado con golpes, asfixia mecánica por inmersión y lo mojaron para aplicarle electricidad a sus testículos. Le colocaron una pistola en la boca de manera violenta y le sacaron una muela. Sufrió golpes en las articulaciones, en la cabeza, el abdomen y en la espalda.
Por último, Jimena Cedeño, esposa del mayor Abraham Suárez, también contó las atrocidades a las que fue y es sometido su marido. Narró que recibió patadas en diversas partes del cuerpo y en sus testículos. Ahora tiene una costilla fracturada. Le partieron la nariz, lo asfixiaron con bolsas plásticas y gas lacrimógeno.
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