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MANIFIESTO CIUDADANO
El proceso electoral de 2018 fue un ejercicio democrático que permitió la alternancia de manera pacífica e institucional. Muchos mexicanos, hartos de la impunidad generalizada, producto de gobiernos corruptos, insensibles y rapaces, emitieron un voto de castigo con el anhelo de lograr un cambio que resolviera la inseguridad, la desigualdad, la corrupción, entre muchos otros problemas.
Esa esperanza se ha visto traicionada en muy poco tiempo. La mentira y la sinrazón son las premisas principales de un presidencialismo autoritario que pone en riesgo la democracia.
La estrategia de López Obrador es coartar y eliminar los contrapesos que permiten el balance del poder:
- Está desmantelando las instituciones que garantizan nuestra democracia.
- Está concentrando más poder en el ejecutivo, debilitando los poderes legislativo y judicial.
- Pretende vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, como ya lo hizo de manera burda con el Consejo Regulador de Energía (CRE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de manera ilegal, como lo hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
- Canceló programas, organismos y políticas públicas orientados a beneficiar a la población.
Al día de hoy, el principal riesgo de México es la falta de un gobierno capaz, eficaz, que dé certeza jurídica, garantice el crecimiento económico y brinde seguridad. En cambio, vamos a la debacle económica, política y social.
Hoy más que nunca, los mexicanos nos sentimos atrapados en manos de la delincuencia. El gobierno ha claudicado en su obligación constitucional de ofrecernos seguridad. Los índices de criminalidad han aumentado de forma exponencial.
Resulta inaudito que desde la Presidencia de la República no sólo no se está combatiendo el crimen sino que se está empoderando a los delincuentes, al punto de hacer una apología del delito al dar reconocimiento oficial a ciertos criminales.
La rendición del Estado mexicano ante los cárteles, decretar amnistía a discreción a quienes han violado la ley, así como hacer una abierta invitación a robar, como lo hizo en campaña López Obrador, es criminal.
Como presidente de la República, es también una amenaza al Estado de Derecho, incita a privilegiar su idea de justicia por encima de la ley, siendo ésta la garantía constitucional que tenemos todos los mexicanos para un trato justo e igualitario.
El discurso presidencial atenta contra la libertad de expresión, día con día desde las esferas del poder se hostiga, denigra, amedrenta e insulta a los representantes de los medios de comunicación y a todo aquel que piense diferente. Decenas de periodistas han muerto impunemente, sin que se reconozca la gravedad del problema. Aunado a esto, desde las redes sociales patrocinadas por el propio gobierno se incita al linchamiento, al encono y a la división entre los mexicanos.
En el marco del primer año de gobierno de esta administración, las organizaciones ciudadanas compartimos la preocupación por el devenir de nuestro país. En el ejercicio pleno de nuestro derecho, exigimos que este gobierno:
- Cumpla con su deber principal, que es el de proteger la vida, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos.
- Garantice nuestra seguridad para vivir sin miedo.
- Presente una estrategia de seguridad clara y eficaz.
- Asuma su responsabilidad sin excusas y dé resultados inmediatos.
Ya basta. No más sangre.
#NoMasSangre
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