El Gobierno y el Congreso convirtieron ayer en un irrelevante debate de trámite nada menos que una reforma de la Justicia por decreto, que con la excusa de ofrecer fórmulas alternativas de funcionamiento y organización ante la crisis del Covid-19, no deja de ser un ataque frontal a la estructura y concepción constitucional de nuestros Tribunales. Pedro Sánchez podrá ufanarse cuanto quiera de su dominio parlamentario de la geometría variable para sobrevivir durante el estado de alarma. Pero el dato objetivo es que su Gobierno va a asestar un golpe determinante al tercer poder del Estado, va a mermar su autonomía funcional, y pervierte el concepto de independencia judicial frente a cualquier acción del Ejecutivo.
Ahora, Sánchez se
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