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México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que presentó una sexta denuncia contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.

La UIF señaló que se identificó un esquema de lavado de dinero cuando él estuvo al frente de Pemex, por medio de contratos a 33 empresas relacionadas con la firma brasileña Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó que presentó formalmente una sexta denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien está implicado en el caso de Odebrecht. La demanda es por el lavado de más de tres mil millones de pesos en tres años.

La UIF precisó que la denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de la paraestatal.

Fue identificado un esquema de lavado de dinero en Pemex entre los años 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a 33 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades para favorecer a servidores públicos mexicanos y, presuntamente, financiar campañas políticas.

El primer grupo de operaciones, las empresas fueron receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada y todas ellas guardan relación con Odebrecht.

Destacó especialmente una empresa, de la cual no especificó el nombre, a la cual entre 2014 y 2016 se le realizaron transferencias por más de tres mil  millones pesos “supuestamente por la prestación del servicio de construcción a favor del gobierno federal”.

Sin embargo, puntualizó, dichos servicios no fueron realizados, “por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones”.

La UIF detectó también un segundo bloque de empresas que recibieron recursos del primer grupo para transaccionar y estratificar los fondos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a firmas con características de fachada.

Estas empresas se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.

Con información de El Informador