EN EL BICENTENARIO de la relación bilateral, a 30 años de una exitosa sociedad comercial, y a horas de que inicie la Cumbre de Norteamérica, el gobierno de la 4T no se cansa de llevarle las contras a Estados Unidos: ahora regatea la extradición de Ovidio Guzmán.
Como si ello fuera una gran hazaña reivindicativa que enalteciera una falsa dignidad nacionalista que se empeña en narrar diariamente desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nunca la relación económica había sido tan grande, y al mismo tiempo, tan llena de desencuentros entre los dos gobiernos, lo que genera incertidumbre política e inseguridad económica en Norteamérica.
En las tres décadas de TLCAN-TMEC e incluso durante las bravuconadas y amenazas de Donald Trump con renunciar al acuerdo comercial, la actitud del gobierno de México frente a sus socios había sido la de dinamitar el pacto comercial y socavar la competitividad económica regional en aras de defender un discurso político trasnochado.
En los cuatro años de la relación comercial de Trump-Biden con el gobierno de la 4T, el camino ha estado lleno de sobresaltos y de dudas sobre el cumplimiento por parte de México en al menos cinco temas.
Cero trato nacional a la inversión del sector eléctrico favoreciendo a la CFE; prohibición a la importación de maíz amarillo; prohibición del glifosato; incumplimiento de la ejecución de la reforma laboral; y lo que se acumule en lo que resta del gobierno de López Obrador.
En el marco de los 200 años, López Obrador planteó al representante de la Casa Blanca, Christopher Dodd, una “Alianza para la Prosperidad”, y lo más inaudito: la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dio señales de vida y sentó las bases para evitar un panel en el T-MEC, por incumplimiento de México en el capítulo energético.
La exjefa del SAT, luego de no pocas presiones de Estados Unidos, propuso a la Representante Comercial, Katherine Tai, y a la secretaria de Comercio de Canadá, Mary Ng, un plan de trabajo para llegar a acuerdos entre diciembre y enero y queden resueltas las dudas de interpretación de la ley eléctrica del país y del T-MEC. ¿Alguien sabe de algún avance?
Se supone fueron negociaciones presenciales en México para destrabar demandas legales y dar respuestas exhaustivas a las dudas de los socios comerciales. Pero hasta no ver, porque lo peor es que solo sea una cortina de humo en lo que ocurre la visita de Joe Biden.
Sobre el tema del maíz transgénico y otros productos agropecuarios biotecnológicos, un documento del secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, estima que el valor del comercio bilateral es superior a los 63 mil millones de dólares en 2021 y se calcula que para el cierre de 2022 y los años siguientes el valor será mucho mayor.
El gobierno de México propuso que el decreto presidencial para prohibir gradualmente la importación de maíz amarillo entre en vigor hasta enero de 2025.
Sin embargo, ni Buenrostro, ni el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, han presentado un esquema para sustituir la importación de maíz transgénico por la de maíz blanco de producción nacional.
Los expertos opinan que cualquier acuerdo con los inversionistas ya establecidos es por definición anticompetitivo, porque cierra la puerta a nuevos jugadores y los socios comerciales no lo van a aceptar porque es violatorio del T-MEC.
Además no se han hecho inversiones en generación de energía eléctrica y la demanda sigue creciendo, producto de nuevos polos de desarrollo, lo que se antoja como el inicio de una crisis energética.
Y por si fuera poco, el T-MEC tiene una Cláusula de Extinción que establece que en 2025 el tratado debe ratificarse, justo cuando López Obrador se esté retirando a su rancho y técnicamente sea el final del gobierno de Biden.
En ese contexto está arrancando la cumbre trilateral, que incluye obviamente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, país con el que también la 4T tiene diferencias que afectan su industria energética y minera. Y de eso ni siquiera hablamos ya.
DOS EVENTOS DE alto impacto la semana pasada sacudieron a las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La aprehensión de Ovidio Guzmán López catapultó, en primera instancia, al general Luis Cresencio Sandoval, pero dará mucha tracción al canciller Marcelo Ebrard por la ruta que seguirá la muy segura extradición. El secretario de Relaciones Exteriores se convierte en el operador de los tiempos del inquilino de Palacio Nacional. El otro acontecimiento fue el choque de trenes del Metro de este sábado: es un nuevo golpe para la jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, en sus aspiraciones presidenciales. Aunque sigue liderando las encuestas de Morena las redes sociales la hundieron todo el fin de semana, tal y como pasó con la ministra Yasmín Esquivel. Quien se va a fortalecer de este revés es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el plan B de López Obrador.
COMO SE VEÍA venir, el viernes las cinco agrupaciones de extrabajadores de Mexicana de Aviación acordaron tomar la oferta del gobierno federal para vender el penúltimo paquete de activos de la aerolínea que cerró el 28 de agosto de 2010. Ahora resta la base de mantenimiento o MRO, que deberá salir en este naciente 2023 y que hoy tiene un valor de entre 30 y 35 millones de dólares, pero contingencias que pueden llegar hasta los 15 millones. Sus acciones están en un fideicomiso de Invex, que dirige Juan Guichard, el cual tiene como plazo de extinción abril de 2024. Por lo que hace a las marcas, Centro de Adiestramiento, edificios de Guadalajara y CdMx y simuladores, los jubilados, pilotos, sobrecargos, empleados de confianza y trabajadores de tierra, aceptaron los 816 millones de pesos que la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, ofreció como monto final. En 90 días máximo se liquidarán a los exempleados.
AL QUE TAMBIÉN le llegaron los Santos Reyes puntualmente fue a Ricardo Orrantia, el dueño del Grupo Altavista. El jueves Pemex, que capitanea Octavio Romero, le entregó un contrato cuyo monto máximo asciende a la friolera de mil 256 millones 436 mil 451 pesos, más el IVA. El servicio es para la contratación de bienes relativo a impresión, fotocopiado y escaneo a través de equipos multifuncionales, escáners de alto volumen y plotters a nivel nacional para los próximos dos años. El negocio tiene vencimiento al 31 de diciembre de 2025, es decir: es transexenal y entró en vigor el mismo jueves pasado. Fue una adjudicación directa a cargo de la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte, dependiente de la Dirección de Administración, que lleva Marcos Herrería.
Y YA QUE estamos en temas de la petrolera estatal, el viernes Rocío Nahle convocó en Paraíso, Tabasco, a los representantes de las seis empresas encargadas de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Asistieron los de ICA que encabeza Guadalupe Phillips, Techint de Paolo Rocca, Samsung Engineering que preside Sungan Choi, Proyecta de Daniel Flores, IDINSA de Víctor Ortiz y MEPI. Dos temas llamaron la atención del encuentro: la asistencia de Juan Carlos Tapia, cabeza precisamente de MEPI, personaje ligado al caso Odebrecht y cuya empresa, Grupo Tapia, está inhabilitada, pero que la secretaria de Energía se empeñó en subir a esta megaobra. Y el otro, el emplazamiento de Nahle a que Dos Bocas empiece a procesar petróleo el 1 de julio próximo.
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