El “plan B” de la reforma electoral provocará el despido de alrededor de 6 mil funcionarios de base del Instituto Nacional Electoral (INE).
La situación es calificada por el órgano electoral como un “despido sin precedentes”, pues la cifra representa una tercera parte de sus recursos humanos.
La situación no sólo entorpecerá el cumplimiento de las funciones del INE también, advierte, representará una enorme carga financiera ante las demandas que emprendan los afectados contra el organismo.
“Se generaría una contingencia laboral nunca antes vista”, señala en un informe sobre los impactos de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este año, pese a ser electoral, el presupuesto del INE sufrió el recorte de 4 mil 475 millones 501 mil 178 y recibirá 13 mil 987 millones 856 mil 773.
Pese a que el “plan B” de la reforma fue aprobado, el Gobierno Federal no previó en el presupuesto 2023 recursos ni para saldar los reclamos de los trabajadores ni para pagar las penalizaciones por concluir anticipadamente los contratos de arrendamientos de las oficinas que ya no utilizarán como parte de los recortes.
“Al no autorizarse recursos adicionales, se verían seriamente comprometidos los derechos laborales de las personas servidoras públicas del INE que dejen de laborar por motivos de eliminación de estructuras y plazas, particularmente para cubrir las indemnizaciones correspondientes”, indica el informe.
PAQUETES DE REFORMA
En el “plan B” electoral están contempladas dos paquetes de reformas. Una de ellas es para “suaviza” las prohibiciones que tienen los funcionarios con respecto a la propaganda y promocionar su imagen con recursos públicos.
El PAN y el PRD busca impugnar por inconstitucionalidad tal reforma y para ello presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia el cual aún no ha sido analizado por los ministros.
Las segundas reformas es para fusionar las áreas del órgano electoral, reducir su estructura en los estados y restarle facultades para supervisar y sancionar a candidatos. Además, permite que los partidos políticos no tengan que devolver los recursos que no hayan gastado al término del año fiscal.
La primera de ellas ya fue promulgada, mientras que el segundo paquete de reformas se encuentran pendientes de conclusión en el Senado.
De acuerdo con el informe, con la fusión de oficinas en sus órganos centrales deberán ser despedidos 413 funcionarios, incluido el secretario ejecutivo, 358 de las juntas locales ejecutivas y 5 mil 080 de las oficinas distritales.
La mitad de las personas que serán despedidas son del Servicio Profesional Electoral Nacional, “altamente profesionalizado en la función electoral”.
Entre las funciones que realizan los funcionarios que serán despedidos está la instalación de mesas de votación, conteo o reconteo de votos, expedición de la credencial para votar y actualización del padrón electoral.
También realizan el registro de candidaturas a diputaciones, verifican que los concesionarios de radio y televisión transmitan los mensajes electorales a los que la ley los obliga y constatar que las organizaciones que quieran convertirse en partidos políticos realicen asambleas constitutivas válidas, entre otras tareas.
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