A través de una Ley de Salud Mental del Estado de Durango se busca que en la entidad se cuente con la atención que requieren las personas que tienen este tipo de problemas, pues se estima que al menos un 25 por ciento de los trabajadores los padecen, mientras que a nivel internacional se estima que un 20 por ciento de niños y adolescentes tienen una discapacidad psicosocial.
Ante esta situación, los grupos parlamentarios del PAN y PRD en el Congreso del Estado enviaron una iniciativa de Ley de Salud Mental, a través de la cual se plantea la necesidad de dar atención a la población que tiene algún problema en este renglón, se propone la creación del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, así como que cuente con personal especializado en atención integral para cada uno de los trastornos que requieran atención prioritaria.
En la exposición de motivos que se presenta con esta iniciativa, los integrantes de los grupos parlamentarios indican que las discapacidades psicosociales representan hoy en día un problema de salud pública con un alto costo social, además de señalar que información de la Organización Mundial de Salud indica que la prevalencia de estos problemas en niños y adolescentes es de un 20 por ciento, de los cuales entre un 4 y 6% requiere intervención clínica, pero pocos tienen acceso a servicios de salud.
Entre las enfermedades que provocan esta forma de discapacidad, destaca la depresión que tiende a convertirse en la primera causa de enfermedad a nivel mundial, mientras que información del Instituto de Salud Mental en el estado (Ismed), indica que un 25 por ciento de los trabajadores tienen este padecimiento, sin que hasta el momento se le de importancia en los presupuestos ni en la sociedad.
Manifiestan los legisladores que el mayor problema que tienen diversos organismos públicos y privados para atender esta situación, es que no cuentan con lugares especializados para otorgar el tratamiento a los pacientes con discapacidades psicosociales, por lo cual se plantea la necesidad de que el Instituto de Salud Mental se convierta en un órgano desconcentrado de la SSD, además de que se establecen las condiciones y procedimientos para el internamiento de personas con padecimientos mentales.
Igualmente, se plantea la obligatoriedad de establecer una línea de ayuda psicológica disponible durante los 365 días del año, así como también se definen los derechos de los pacientes con algún trastorno mental, al igual que contemplar que los centros escolares de educación inicial y básica cuenten con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología, pedagogía infantil y educación escolar, con el objeto de identificar un posible trastorno mental para su canalización inmediata.