Es un hecho sustentando por la contundentes cifras que nos muestra el Registro Nacional de personas desaparecidas y no Localizadas sobre las mujeres y niñas (RNPNO) en esta situación en el estado, que éste es un problema gravísimo de seguridad pública y una amenaza constante contra la paz, la seguridad, la garantía de los derechos humanos y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres sinaloenses, además que también es una es una cifra a la alza.
El RNPNO señala que el 2021 terminó con 49 niñas y adolescentes en situación de desaparición o no localización y 78 mujeres. Los municipios en los cuales se presentó esta situación con más frecuencia fueron Culiacán (91), Mazatlán (27) y Navolato (1).
En Sinaloa, es sabido que los varones de 14 años en adelante son las victimas más frecuentes de desaparición o no localización. Sin embargo, es alarmante que cuando se trata de niñas en el rango de edad de 2 a 14 años estas desaparecen o no son localizadas con mucha más frecuencia que los varones tanto en el municipio de Culiacán (6 niños, 17 niñas) como en el de Mazatlán 0 niños, 4 niñas). También es cierto que muchas niñas y mujeres han sido localizadas con vida.
Este Protocolo fue elaborado por expertas de Ciudad Juárez para buscar a sus desaparecidas. Debido a ello y como una sentencia del caso González y otras vs México conocido como “Campo algodonero” en 2009, la Corte Interamericana de Derechos humanos en sus resolutivos número 18 y 19, respectivamente, ordena al Estado Mexicano a que se realice la “estandarización de todos sus protocolos…utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres conforme… a los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas con base a una perspectiva de género” y lo compromete a que “El estado deberá (…) adecuar el protocolo alba o implementar un nuevo dispositivo análogo”.
Sinaloa tardó 10 años en implementar en su territorio el Protocolo Alba y hasta el 19 de marzo del 2019, en el estado aún no se emitían fichas de identidad para búsqueda de mujeres mayores de edad que se presumían no localizadas o desaparecidas.
Sabemos que la violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas y son muchos los delitos que se entrecruzan con la desaparición forzada o generada por particulares. Los delitos asociados a la desaparición de niñas y mujeres son: la violencia familiar, el abuso sexual, violación, explotación a víctimas de trata o corrupción de menores, feminicidio, violencia política, privación de la libertad, secuestro y aquellos relacionados con la delincuencia organizada ( drogas, armas, tráfico de personas, y otros) Todos estos delitos, atentan directamente contra la vida, el acceso a una vida libre de violencia y el disfrute a todos los derechos humanos.
También, son muchísimos los prejuicios que impiden tanto a las familias como a las autoridades buscar con diligencia a aquellas que desaparecen o no son localizadas. Sin embargo, las familias y amistades deben de procurar denunciar inmediatamente en una agencia del ministerio público, en cuanto se tengan sospechas o una duda razonable de que existe una situación de peligro o la comisión de un delito que pone a una mujer de cualquier edad en condición de no localizada.
Es por medio de la denuncia que se activa de manera inmediata la implementación del protocolo Alba y se emite una ficha de identidad y búsqueda, una vez terminado el trámite en el ministerio público. Esta ficha es la herramienta esencial para una búsqueda adecuada y la recuperación CON VIDA de las personas no localizadas en un término de 72 horas, que es lo que dura la activación del protocolo.
El Protocolo Alba es sin duda alguna la ruta para la mantener la esperanza y garantizar que , con su correcta coordinación e implementación se salvaguardará la vida de aquellas que estén corriendo peligro.
Para lograr que el protocolo sea exitoso sin embargo, es necesario que la Fiscalía General del estado, que es la entidad encargada de su coordinación y aplicación. Cumpla con algunas tareas esenciales que aún están pendientes tales como:
Poner en marcha una estrategia que le permita hacerse de un algoritmo útil para analizar la información que se encuentra en las carpetas de investigación y establecer coincidencias y patrones para ubicar de manera adecuada líneas de investigación que nos den cuenta de que es lo que sucede al respecto de estos delitos en Sinaloa y a su vez, facilitar la prevención, atención, investigación y resolución de este tipo de casos.
También es necesario que se habilite una Unidad de investigación que pueda hacer una análisis científico del contexto de género, que permita obtener las herramientas necesarias para que se visibilice de una manera clara las asimetrías de poder en las cuales pueden estar inmersas las vidas de las mujeres que transitaron por una experiencia de violencia y así puedan tener la atención adecuada en cada una de las etapas del proceso de procuración de justicia.
Por último, es necesaria una capacitación intensiva a todas las instituciones encargadas de implementar cada una de las acciones determinadas en las diferentes etapas del protocolo Alba para que conozca precisamente cuales son las obligaciones que tienen que cumplir y los derechos que deben garantizar.
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Todo lo anterior con las inversiones pertinentes de presupuesto y voluntad política solo tendría como resultado, la debida búsqueda y hallazgo con vida de todas, la prevención de este fenómeno, el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencias, un gran avance para la garantía plena de sus derechos humanos y el acceso a la justicia. Además podríamos tener respuestas para la pregunta ¿Quién desaparece a las niñas, adolescentes y mujeres en Sinaloa?
Por: Dra. Priscila Rebeca Salas Espinoza.
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