Salud antes que dinero, glifosato

Hace algunas semanas la empresa Bayer, que había logrado una suspensión provisional en un juzga-do contra la medida del gobierno de México de impedir el uso de glifosato en el campo nacional a partir de 2024, argumentó que la prohibición del uso de la sustancia “causaría importantes disrupciones a los muchos agricultores mexicanos que dependen del glifosato para producir cultivos saludables de manera segura, sostenible y efectiva”.

Dueña desde hace algunos años de Monsanto, una de las empresas productoras de fertilizantes y productos bioquímicos de aplicación agropecuaria, Bayer, trasnacional de origen alemán, está luchando legalmente en México por evitar la prohibición del herbicida, aplicado principalmente en los cultivos de maíz. Estudios diversos muestran riesgos a la salud humana por el uso del glifosato.

Pero, este pasado fin de semana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión concedida Monsanto-Bayer en contra del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 31 de diciembre de 2020, que busca sustituir gradualmente el uso del glifosato en México.

La decisión del tribunal es fundamental. Estimó que aun cuando el decreto reclamado únicamente orienta la actuación de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, lo cierto es que su emisión está encaminada a la prevención gradual y paulatina de riesgos a la salud humana y animal, y al cuidado del medio ambiente, y procurar con ello la protección de bienes que interesan a la colectividad. Y es precisamente en este considerando donde se asienta la profundidad de la decisión de los magistrados: Existe un deber de interés al propósito protector de dicho Decreto. Este deber es una obligación para cumplir con el mandato constitucional y convencional de velar porque los seres humanos tengan derecho a una vida saludable en armonía con la naturaleza, prerrogativa que debe ser protegida con base en el principio de precaución.

Por ende, este órgano colegiado consideró que atento al principio de precaución consagrado en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en diversos documentos internacionales de derecho ambiental, no es permisible conceder la suspensión provisional solicitada, ante un posible deterioro de la salud de las personas y los animales, al entenderlo de máximo interés para el orden público.

En síntesis, si bien el decreto precisa que el Estado Mexicano ya no permita el uso de glifosato en todos los programas de cultivo que financie, exhibe el riesgo a la salud por su uso y pone contra la pared a los agricultores que no reciban algún tipo de subsidio porque incrementaría su costo, de por sí alto, por su poca disposición en el mercado, además de los señalamientos contra su uso.

Es sabido de las prácticas de presión de Monsanto contra agricultores y gobiernos, en el manejo de fertilizantes y granos transgénicos. En Estados Unidos, aplicó, ante las prohibiciones al Glifosato, una política de guerra judicial contra las medidas públicas con miles de juicios, que terminaron por perder. En México, en alianza con algunos empresarios del sector agroindustrial que son partícipes del Con-sejo Nacional Agropecuario, impulsa una estrategia con el fin de atacar el decreto del gobierno fede-ral para la eliminación del uso del glifosato en el país, con una inversión inicial de 12 millones de pe-sos para la presentación de amparos, la identificación de las violaciones a los acuerdos internaciona-les y una campaña de comunicación para reforzar las acciones legales.

Están repitiendo la conducta en otros lugares, en una alianza económica con los proveedores del glifosato, ponen por encima de la salud de los consumidores y el medio ambiente, intereses particulares de pocos pero fuertes agricultores.

En Guanajuato, diversos agricultores han abandonado el uso del glifosato, primordialmente porque resulta altamente costoso en las condiciones económicas prevalecientes. Además de que reconocen que no se ha elevado ni la producción y que hay otros agentes en el mercado que no son señalados con riesgo a la salud humana.

Ellos ya comenzaron el cambio.