Por Domingo Ruiz López, Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.
La democracia es una forma de vida, el acto de votar es solamente una de sus expresiones. La manifestación completa de la vida democrática se debe reflejar en forma cotidiana, en la toma diaria de decisiones públicas en las que la ciudadanía incide, observa, critica, evalúa, propone, en un necesario diálogo donde se construye lo público con todas sus consecuencias en la vida social; las decisiones públicas nos atañen a todos, porque nos afectan a todos.
En esta observación crítica, lo más común es tomar posición frente a lo más visible: los actos de gobierno, los que emanan del Poder Ejecutivo, que más ocupan la discusión, desde el café hasta las redes sociales y espacios de opinión; más aún ante un estilo de comunicación matutina que marca la agenda pública. En un segundo lugar se observa y se habla en favor o en contra de las funciones parlamentarias, ya sea en sus expresiones legislativas, de control, financieras y de posicionamiento entre las fuerzas políticas. Y en un lejano tercer lugar se habla del otro poder, el de los contrapesos, el control de la legalidad, la constitucionalidad y la construcción del Derecho: el Poder Judicial, que se debe evaluar y conocer por sus frutos, que son sus sentencias.
Sobre este último punto quiero centrar la atención, la relación de los jueces y la sociedad, y la mirada crítica que se debe tener sobre su actuación. Se dice que los jueces solo hablan a través de sus sentencias, y es verdad, así como al Presidente le corresponde ejercer actos de gobierno y conducir las políticas públicas, en el Congreso se debate y se contrastan ideas, en el Poder Judicial se juzga, de manera que la correcta función de un juez solamente se puede medir con la calidad de sus decisiones. Parece una función alejada de la sociedad, o con impacto solamente en un proceso y para las partes en conflicto; sin embargo, genera precedentes, doctrina y línea de pensamiento para interpretar la norma, decidir y construir el derecho.
Es pertinente hablar de aquellas decisiones que no comparto, y que así como en ocasiones hay avances, en otras hay retroceso del derecho. Para muestra dos botones:
Una reciente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual se aprueba el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán que determina que la compensación civil no es un mecanismo para compensar contribuciones; criterio desacertado y que confunde peras con manzanas. Por una parte, una compensación de obligaciones entre particulares cuando se tienen deudas entre ellos, y por otra la compensación de contribuciones como mecanismo de pago al SAT cuando a su vez se tienen saldos a favor de impuestos.
La otra, también de la Segunda Sala pero de la ponencia del Ministro Luis María Aguilar, que establece que las Personas Morales deben pagar sus inversiones para que sean deducibles; es decir, cuando invierten en activos fijos si lo hacen a crédito no las podrán deducir, lo que desnaturaliza la mecánica completa de determinación del Impuesto Sobre la Renta para Personas Morales, que siguen un sistema llamado devengado, y existen en la Ley reglas específicas al respecto.
Ambas decisiones se apartan de las nociones básicas del derecho tributario y de la teoría general de las obligaciones; y por más detalles técnicos que parezcan, tienen efectos en la sociedad, ya que ambas afectan la liquidez de las empresas, y por lo tanto las decisiones de inversión, modelos de negocio, compras o inversiones en empresas, que favorecerían el clima de negocios e inversión en México, con las consecuencias positivas en la actividad económica, la generación de empleos, la riqueza y el pago de impuestos.
Ante oportunidades tan fascinantes y únicas como el nearshoring, lo que se requiere es generar un entorno favorable a la inversión, y un elemento importante de ese entorno es el Estado de Derecho y la certeza, en cuya construcción los tribunales juegan un papel de gran importancia, son el fiel de la balanza para lograr justicia, certeza y legitimidad en el pago de impuestos, por ejemplo.
Los tribunales han de fortalecerse, es interés de la sociedad que eso suceda. Y se fortalecen cuando se toman decisiones que construyen el derecho y hacen avanzar a la sociedad en la conquista de sus anhelos y sus derechos; en cambio, cuando se toman decisiones que distorsionan el derecho, los tribunales se debilitan, y por ello es necesario observar la función de los jueces como un elemento de la vida democrática. #OpiniónCoparmex
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