Urge claridad en estrategia de pacificación

Nadie en sus cinco sentidos pediría que el Ejército y la Marina se retiraran de ciertas regiones del país de un día para otro. Lo que sí se ha pedido desde colectivos de víctimas, académicos, organizaciones de sociedad civil y expertos en temas de seguridad es el retiro progresivo de las fuerzas armadas mientras se refuerzan las policías.

Andrés Manuel López Obrador fue el único de los candidatos presidenciales que ofreció públicamente revisar la Ley de Seguridad Interior y que incluso, en un encuentro con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, advirtió que la legislación no servía. En esta etapa de transición, su equipo de colaboradores ha indicado que esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la posible inconstitucionalidad del instrumento, aludiendo al respeto de poderes.

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, anunció que la salida del Ejército tomará cuando menos tres años. Días después el propio Presidente electo anunció que en octubre presentará el Plan de seguridad integral, en el que contempla la conformación de un solo cuerpo policial que integraría a 240 mil elementos del Ejército y 40 mil de la Marina, con el objetivo de que se cuente con un mando único. Además señaló que buscará que las fuerzas armadas sean transformadas para dedicarse a tareas de seguridad interior y pública en tanto México no tiene amenazas del extranjero.

Las posibilidades de reducir progresivamente la participación del Ejército en tareas civiles de seguridad se ven cada vez más lejanas. ¿Cuáles son los elementos considerados por el equipo de transición para que el escenario de una seguridad pública en manos de civiles se vaya descartando de la agenda del Presidente electo? ¿La idea de permitir que las fuerzas armadas continúen inmersas en tareas de seguridad pública tiene un plazo que coincide con los tres años que el próximo secretario de Seguridad Pública prevé para que salgan de las calles? ¿Si la Suprema Corte de Justicia avala la Ley de Seguridad Interior, el próximo gobierno estará dispuesto a postergar la estrategia fallida impulsada por Felipe Calderón y secundada por Enrique Peña Nieto? ¿Entonces cuál sería la transformación en este sentido?

En tanto lo sabemos es de celebrarse que desde el Senado se haya presentado una iniciativa encabezada por 13 legisladores de diferentes partidos (Morena, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano e independientes), entre los que se encuentran José Narro Céspedes, Patricia Mercado y Emilio Álvarez Icaza por mencionar algunos, para abrogar la Ley de Seguridad Interior. Será indispensable que sea suscrita por el resto de los senadores. Si la pacificación es un compromiso que se plantea cumplir en este sexenio, eliminar los riesgos de arbitrariedad y violaciones graves a derechos humanos avalados por la Ley de Seguridad Interior debe ser el primer paso. Los Senadores han dado ya un ejemplo.