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Advierten retroceso de derechos fundamentales con reformas de Gertz

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos de aprobar las reformas al sistema de justicia penal que propuso el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a quien se le reprocha incumplir con la Ley Orgánica de la institución, un año después de asumir el cargo.

Tras el análisis de los borradores y exigir un debate abierto sobre las reformas, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) demandó que éstas “no contravengan los derechos humanos” y que se eliminen “los puntos más regresivos”.

Para la organización, la contrarreforma penal contiene al menos cinco puntos que resultan peligrosos, como la posibilidad de extender el arraigo para más delitos, hasta ahora establecido para los más graves como delincuencia organizada.

Asimismo, de aprobarse las modificaciones se abriría “la posibilidad de validar pruebas ilícitas”, en tanto que se eliminarían “figuras centrales para la justicia oral, como fundir a los jueces de control con los que emiten sentencias”.

Las iniciativas presentadas por la FGR permiten “ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada (…) a otros delitos sin criterios acotados”, alentando así a “llevar un proceso penal con menor cuidado de derechos”.

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El Centro Prodh consideró que las propuestas del fiscal Alejandro Gertz Manero estarían encaminadas a “crear una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, que puede amenazar la independencia judicial”.

Por su parte, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho resaltó que las ocho iniciativas propuestas por la FGR, incluida una reforma constitucional, “implicarían un serio retroceso de los derechos fundamentales y contrapesos de la Fiscalía”.

Mientras se analizan las reformas, la Fundación para la Justicia recordó que la llegada de Gertz estuvo acompañada de una nueva Ley Orgánica de la FGR, publicada por el Senado el 14 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, pero hasta ahora no ha sido del todo acatada por su titular.

Tras recordar que en la redacción de la Ley participaron integrantes de la sociedad civil y miembros del gobierno federal, sostuvo que la intención fue “generar un cambio que México necesita para comenzar a romper la impunidad de los crímenes que duelen más al país, aquellos que implican graves violaciones a derechos humanos y gran corrupción”.

Pese a la nueva ley, abundó, “se siguen llevando las mismas prácticas fallidas de la PGR ahora en la FGR”, situación que fue analizada en el informe “¿Un año de justicia y autonomía de la FGR? Balance ciudadano a un año de la gestión del Fiscal General de la República”, por Fundación para la Justicia, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Causa en Común e Impunidad Cero.

Entre los incumplimientos analizados destacan “designaciones fuera de la ley, la del fiscal y de algunos fiscales especializados; la falta de un Plan de Persecución Penal tanto provisional como definitivo en los términos que establece la ley; la ausencia del Consejo Ciudadano de la FGR, y la falta de un nuevo marco reglamentario que desarrolle una nueva Unidad Especial de Género y Violencia contra la Mujer”, entre otras deficiencias.

Fundación para la Justicia destacó que “una institución como la FGR no puede exigir el cumplimiento de la ley incumpliéndola”, luego de recordar que el próximo lunes 20 se cumplirá el plazo legal para presentar el primer Plan de Persecución Penal, lo que –dijo– no sucederá, por lo que “se manda un mensaje contradictorio a la sociedad”.

De igual manera, apuntó que se mantienen las mismas prácticas que la PGR, con “ministerios públicos con más de 30 investigaciones penales, algunas con alto grado de complejidad, trabajando solos, sin reales equipos de análisis, sin apoyo de investigación policial, sin contacto con compañeros (as) de su misma área que puedan estar investigando actividades o grupos criminales similares, y mucho menos sin contacto con otras áreas de la institución o de otras instituciones del Estado”, sin contar con que ha habido reducción de presupuesto y personal, lo que se contradice con la posición de un Estado que “se dice preocupado por la justicia”.

Antes de pensar en nuevas reformas al sistema penal, la Fundación para la Justicia urgió a “darle una oportunidad a la Ley Orgánica de 2018”, para atender los retos que representa “una criminalidad más organizada, violenta y transnacional”, lo que requiere utilizar “nuevas metodologías de investigación, estrategias de gestión y organización institucional”.

Ante declaraciones de Gertz Manero de que “la actual Ley Orgánica y el Sistema Penal Acusatorio mantienen estructuras obsoletas y han resultado ineficientes”, la organización señaló que “es irresponsable cambiar una ley que no se ha aplicado y que mucho menos ha tenido evaluación por parte del fiscal”, al no existir un “diagnóstico oficial de una ley con apenas un año de aplicación y nula evaluación”.

En ese sentido, llamó a los senadores a “exigir cuentas sobre el cumplimiento de esta ley que apenas cumple un año de vigencia”, sobre todo cuando ello significa “la transformación de una institución clave para combatir la impunidad y la corrupción de un México sumido en una emergencia humanitaria”.

Este miércoles, el senador Ricardo Monreal aplazó hasta el primero de febrero, la presentación de una reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia penal en México, luego de que este martes fueran filtrados nueve supuestos borradores.

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