El presidente de la Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la cordura y a confiar en la justicia que en abstracto no se puede dejar de compartir. Por supuesto que esa invocación no puede estar dirigida al presidente Uribe, quien, en las difíciles circunstancias que enfrenta, ha mostrado una cordura sin límites y una confianza también desmesurada en unas instituciones judiciales que desde hace mucho tiempo han dejado de merecerla a los ojos de los colombianos.

Está fresca en la memoria la injusta condena de Andrés Felipe Arias, el anómalo proceso de Luis Alfredo Ramos, el episodio indigno de los magistrados que trafican sentencias, la liberación afrentosa del delincuente Santrich y, en la actual investigación contra el presidente Uribe, las faltas al debido proceso, no se le quiso escuchar en versión libre, y la violación de la reserva sumarial, por las constantes filtraciones a los medios. Así resulta difícil confiar.

Y, sin embargo, en su discurso de anoche, fiel a su estilo de educar con el ejemplo, el presidente Uribe trasmite a los colombianos un mensaje de cordura y confianza que debemos acatar. Pero también es un mensaje de orgullo y determinación. Orgullo por una obra de gobierno que salvó al país de la pérdida de sus libertades, del colapso de su democracia y la ruina de su economía. Determinación de continuar defendiendo esa democracia, esas libertades y esas instituciones económicas que, sin ser perfectas, les han dado a los colombianos la oportunidad de prosperar con su trabajo honrado. Porque esto es lo que está en juego tras el entramado siniestro con el que se pretende acabar con el prestigio del presidente Uribe y golpearlo donde saben muy bien que a él le duele: su honorabilidad.

Lo que está en juego hoy en Colombia es un profundo dilema moral. Lo que hizo Uribe cuando lideró a la sociedad colombiana en su enfrentamiento con las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes fue recuperar la estatura moral de la sociedad, la de todos los ciudadanos de bien a quienes guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes pretendían tratar como sus iguales. Porque los criminales se justifican a sí mismos cuando convierten en criminales a todos los demás. La autojustificación moral de la guerrilla y sus partidarios pasa por la criminalización del presidente Uribe y, con él, la de todos los colombianos que apoyamos su obra de gobierno.

Desde el fallido proceso de paz de Belisario Betancur, la guerrilla y sus defensores de oficio lograron imponer en los medios y los “intelectuales” de izquierda la narrativa de “las causas objetivas de conflicto”. Esto le hizo daño al país, pues limitó la autoridad moral del gobierno para combatir bandas de criminales que aparecían como defensores de “la justicia social”. Uribe puso fin a todo esto mostrándole a la sociedad que los pretendidos “justicieros” no eran más que delincuentes que no buscaban otra cosa que enriquecerse con el secuestro, el abigeato, la extorsión, el robo y el narcotráfico. Ese cambio fue el que permitió que el presidente Uribe liderara, con el apoyo de toda la sociedad, el combate contra las Farc, que condujo a su derrota política y moral y a la anulación estratégica de su capacidad militar. Incluso la revista Semana, convertida hoy en la gran promotora del descrédito de Uribe, reconocía en su momento lo que significaba ese combate.

Lo peor del proceso de La Habana es el haber puesto al Estado colombiano en pie de igualdad con una banda delincuencial, volviendo a darle, a los ojos del mundo y de la sociedad, el estatus de fuerza política que había perdido por su actuar criminal, incluida la comisión de delitos de lesa humanidad. Y después viene la JEP, que en un principio se pretendía fuera obligatoria para todos los mal llamados “actores del conflicto”, y ante la cual, las Farc y toda la izquierda, quieren ver sometido al presidente Uribe. Este es en última instancia el propósito del entramado judicial que se le ha montado.

Todo empieza con las visitas del senador de Cepeda, hijo de un señor que da su nombre a uno de los más sanguinarios frentes de las Farc, a reconocidos narcotraficantes y paramilitares presos en Estados Unidos, la mayoría de ellos extraditados por Uribe, con el propósito de recabar testimonios en contra de este y de su hermano. Se tiene conocimiento de 25 de esas visitas. Conocedor de esas actividades, Uribe obtiene pruebas y las pone en conocimiento de la Corte, la cual, en lugar de proceder a investigar la veracidad de las mismas, interpreta que esto es un intento de desviar la justicia y decide investigarlo al tiempo que declara que Cepeda, ¡alma bendita!, visitaba criminales por razones humanitarias.

El proceso está basado en miles de horas de grabaciones de conversaciones del presidente Uribe, cuyo teléfono fue interceptado por “error”, como reconoce la misma Corte. Como lo han señalado diversos penalistas las pruebas obtenidas de esa forma son ilegales y no pueden fundamentar ningún proceso ni en una inspección de policía y mucho menos en un alto tribunal. No obstante, ahí van las cosas, con el agravante de que esas grabaciones han sido sistemáticamente filtradas a los medios, más específicamente al periodista Daniel Coronell, para que, debidamente editadas, las divulgue poniendo a Uribe en la picota pública.

La Corte tiene todavía la posibilidad de obrar con la cordura que a los ciudadanos nos reclama su presidente, el magistrado García Restrepo, y recuperar así la confianza que dejó en ruinas su antecesor, el magistrado Barceló Camacho. Entre tanto, debemos seguir apoyando efectivamente al presidente Uribe votando masivamente el 28 de octubre por los candidatos del Centro Democrático.

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