El Gran Benefactor

 

1 MARZO, 2019

María Amparo Casar

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María Amparo Casar

He leído innumerables críticas de que López Obrador no sabe planear, que improvisa. Nada más alejado de la verdad. ¿Que no sabe planear? Claro que sabe. ¿Que improvisa? Claro que no. Planeó y ejecutó cuidadosamente 12 años de campaña hasta que logró la presidencia. No está improvisando en lo suyo: su proyecto de poder, no de gobierno. Se alista desde ahora para 2021 y para 2024 mientras sus adversarios andan francamente papando moscas.

Sabe lo que hace falta y se prepara en distintos terrenos. El más importante es el electoral. Ya probó lo que es tener mayoría en el Congreso y no está dispuesto a perderla. Ya probó lo que es tener 19 Congresos locales bajo su control, le faltan 13. Ya probó la importancia de tener cinco gubernaturas y va por las 15 que se jugarán entre 2019 y 2021.

Ilustración: Víctor Solís

Y ¿cómo? Con muchos más instrumentos que con los que consiguió arrasar en las elecciones de 2018 por el simple hecho de que hoy es gobierno.

Si cualquiera puede hacer las cuentas, él con más razón.

En 2018 el padrón electoral era de 86.6 millones de electores. La tasa de participación fue de 63.4%, o sea, se emitieron 56.6 millones de votos. Él ganó con 30.1 millones o el 53% de la votación. Su coalición en el Congreso alcanzó 42% (23.5 millones de votos). Hoy tiene una mayoría de 62.8% de asientos en la Cámara de Diputados y de 54.7% en la de Senadores.

¿Cuántos de éstos se pueden considerar voto duro? Es difícil decirlo con certeza pero puede asumirse que la preferencia electoral con la que contaba AMLO en enero de 2018 es un buen proxy. El promedio de encuestas para ese mes marcaba una preferencia de 36.7%, o sea 20.7 millones de votos de los 30.1 millones con los que ganó.

¿Cómo retenerlos o, incluso, aumentarlos? De la manera más socorrida: dando dinero. ¿Cómo se da dinero? A través del presupuesto. ¿A quiénes? A los más necesitados. La pobreza es donde abreva el clientelismo. Esto lo tiene bien claro López Obrador y de ahí su política social.

Desde el 16 de septiembre de 2018 López Obrador anuncio que realizaría un Censo del Bienestar en todo el país para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales. Ya era presidente electo y lo que se hubiese esperado es que dicho “censo” fuese encargado eventualmente a algún órgano del Estado como el INEGI. No optó por esa vía institucional sino por la vía partidaria o de su movimiento. La decisión fue utilizar a lo que desde entonces llamó Servidores de la Nación para el levantamiento.

A falta de información oficial ofrezco un testimonio de primera mano:

A las 13:52 del día 23 de enero en un domicilio de la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza, se presentó una mujer vistiendo un chaleco en cuya parte posterior estaba impresa la leyenda Servidor de la Nación y las imágenes de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas. Por delante, un gafete con el nombre y fotografía de la mujer, un número de identificación, Equipo de Transición y, de nuevo, Servidor de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Al identificarse usó las siguientes palabras: soy Servidora de la Nación. Estamos levantando un censo para los Programas de Bienestar, ¿vive en esta casa algún joven estudiante, desempleado, mayor de 68 años o con alguna discapacidad o necesidad?

Quien le había abierto la puerta dijo que sí: “soy estudiante de educación superior de la UNAM”.

La Servidora de la Nación pidió una identificación al joven, él mostró su credencial del INE y ella capturó sus datos en un celular. Le hizo algunas preguntas más, le solicitó firmar digitalmente una aplicación y capturó una fotografía del estudiante portando su identificación. Para terminar, le pidió su medio preferente de comunicación y le informó que se contactarían con él en unas semanas para decirle a dónde acudir a entregar sus papeles y recibir el beneficio.

Lo mismo ocurrió con otro integrante de la familia —su padre— que había cumplido los 68 años. Les dejó un folleto y se retiró.

Así es como se está levantando el supuesto padrón de beneficiarios de los programas que López Obrador sometió a consulta popular los días 24 y 25 de noviembre de 2018 y que recibieron el “Sí, estoy de acuerdo” por mayorías abrumadores que rondaron el 92%. Lo que se está recabando es un padrón y no un censo pues este último tiene una serie de requisitos técnicos y operativos además de la obligatoria confidencialidad de los respondentes. Estos requisitos no se cumplen.

Quiénes son los Servidores de la Nación, cuántos son (oficialmente se habla de 20 mil), cómo fueron reclutados y capacitados, cuánto se les paga por este trabajo, de dónde salió el dinero para los celulares, aplicaciones y material impreso necesarios para la operación, a qué estados, municipios, colonias y casas acuden, en dónde concentran la base de datos recabada: no se sabe. No hay página oficial que dé cuenta de este “censo”. Como bien señala Salvador Camarena (El Financiero, 02/10/2018), “Morena está en la calle de nuevo, movilizando por miles, en ejercicio de acopio de información que podría estar violentando desde normas sobre uso de datos personales hasta de la administración pública”. El encargado de esta operación es el coordinador de los llamados “superdelegados” que despacha desde la presidencia: Gabriel García Hernández.

Lo que sí se sabe es que este padrón comenzó a levantarse antes de asumir la presidencia y antes de la aprobación de recursos en el Presupuesto 2019 para los programas sociales sometidos a consulta. En octubre de 2018 quien sería la futura secretaria de Gobernación declaró que el llamado Censo del Bienestar “arrancó en el país con más de 20 mil voluntarios para las brigadas de encuestadores”. También se sabe que en distintos actos públicos el propio López Obrador comenzó ya a repartir los beneficios: lo hizo en Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Edomex y Tabasco. Lo hizo en persona.

 

Tomando sólo los principales programas anunciados —algunos ya operando— puede decirse que los recursos dedicados a ellos son cuantiosos, que la población objetivo se cuenta por millones y que constituirán una porción importante del padrón electoral estimado para 2021.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (2019) ha asignado la cantidad de 191 mil millones de pesos para siete de los programas anunciados por López Obrador. La suma del número de beneficiarios de los programas sociales para los que ya hay estimaciones indica que, en total, habría poco más de 23 millones de personas que recibirían recursos de manera directa. La gran mayoría de éstos —hay que restar a los niños con discapacidad, aunque no a sus padres— votarán en las elecciones intermedias de 2021. En ese año, de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), habrá 89.4 millones de mexicanos mayores de edad, o sea en edad de votar.

Comencemos por el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El presupuesto asignado es de 100 mil millones de pesos, el número de beneficiarios alcanzaría los 9.78 millones de personas y cada adulto mayor de 68 años —en el caso de los indígenas la edad es a partir de los 65— recibirá dos mil 550 pesos (antes mil 160) bimestrales. A diferencia de años anteriores ahora se incorpora a los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE que previamente estaban excluidos del programa. Los adultos mayores constituirán en 2021 el 10.9% del padrón electoral estimado.

Sigamos con los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que se divide en dos y cuenta con un presupuesto de 44 mil 300 millones de pesos. La mayor parte (40 mil millones) irá a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Suman 2.3 millones de personas y a cada uno les darán tres mil 600 pesos mensuales. El resto se entregará a 300 mil estudiantes de nivel superior de escasos recursos, que recibirán dos mil 400 mensuales. El porcentaje de votantes entre 18 y 29 años del padrón electoral 2021 alcanzará 29% y los beneficiarios de estos dos programas (2.6 millones) constituirán 2.9% del mismo.

Los jóvenes que ya se encuentran estudiando podrán formar parte del programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. El presupuesto asignado es de 17 mil 280 millones de pesos para 5.24 millones de estudiantes que recogerán 800 pesos mensuales. En 2021 ellos serán 5.9% del padrón.

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente costará ocho mil 500 millones de pesos y en él estarían inscritas —según el propio AMLO— siete millones de personas. Para efectos de lo que esta población representará en el padrón, a los siete millones de discapacitados habría que restarle tres millones de personas que ya están contabilizadas en el programa de Adultos Mayores. Los cuatro millones restantes alcanzan 4.5% del padrón electoral.

Existen datos para dos programas más: Sembrando Vida y Tandas del Bienestar. El primero costará 15 mil millones de pesos y el número de beneficiarios será de 400 mil personas. El segundo costará seis mil millones y favorecerá a un millón de pequeños negocios. En conjunto los 1.4 millones de beneficiarios de estos dos programas equivalen a 1.6% del padrón.

Estos son los siete principales programas para los que se pudieron recabar datos. El presupuesto total asignado es de 191 mil millones de pesos, los favorecidos son 23 millones personas y su peso en el padrón electoral estimado para 2021 será de 25.7% (ver gráfica 1).

Aquí no acaban las novedades en materia de política social. Existen otros programas como el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (seis mil millones), Colonias Marginadas (ocho mil millones), Universidades para el Bienestar Benito Juárez (mil millones) o el propio Prospera (62 mil millones). Habría además que agregar a todos los trabajadores formales que obtienen el salario mínimo, que alcanzan más de dos millones de personas y cuyo ingreso pasó de 88.36 pesos a 102.68 diarios (176.72 en la frontera), un aumento de 16%. Este aumento se le atribuye al presidente de la República y a su partido. Podría también añadirse a los 50 mil nuevos reclutas de la Guardia Nacional cuyo salario anunciado es de 26 mil pesos.

“No habrá intermediarios”, “los programas llegarán directamente”, ha repetido una y otra vez López Obrador. Y ¿por qué habría de haberlos? Los intermediarios diluyen el efecto personal. Es López Obrador el responsable, el garante, el filántropo, el benefactor.

 

Para un país en el que la pobreza —alimentaria, patrimonial o de capacidades— alcanza al 40% de su población, en el que las oportunidades de salir de ella no están en el horizonte inmediato y en el que la desigualdad es una de las mayores del mundo, puede entenderse que el gobierno extienda la mano y alivie una situación que puede calificarse de desesperada. De cualquier manera, estas medidas debieran ser acompañadas de otras que resuelvan las causas de la pobreza y hasta el momento no se ha encontrado mejor manera que el crecimiento y la educación. El asistencialismo entendido como la “actitud política orientada a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de la generación de soluciones estructurales”, nunca ha sacado a un país de la pobreza.

Pero los programas sociales tienen otros dividendos: los réditos políticos. Sirven para crear una base de apoyo a los gobernantes que la adoptan, las llamadas clientelas. Por eso vale la pena analizar cuáles son las consecuencias de esta “política de bienestar” y una buena manera de hacerlo es desde la perspectiva electoral.

Se parte de la premisa de que todo gobernante quiere no sólo tener popularidad y apoyo sino que su proyecto de nación tenga la mayor permanencia posible. Para ello es necesario mantenerse en el poder a través de la reelección —en México no la hay para el presidente— o la del partido gobernante y ganar para sí tantos cargos como para tener el mayor margen de decisión posible. En una democracia esto se hace a través de las elecciones.

Las elecciones intermedias tienen una participación electoral promedio más baja que las presidenciales: 51.2% contra 62.3%. Adicionalmente suele ocurrir, aunque no es una regla general, que el partido del presidente disminuye su votación por el desgaste que va sufriendo el gobierno. Sin embargo, existen condiciones que modifican estas dos consideraciones. Una de ellas es que el día de la elección intermedia haya otros asuntos que votar: iniciativas ciudadanas o partidarias, consultas o revocación de mandato. Morena y López Obrador han enviado ya una iniciativa para introducir en la Constitución esta última figura de democracia directa. Si la iniciativa prospera, López Obrador tendrá la oportunidad de hacer campaña y entonces las elecciones intermedias se convertirían no sólo en un refrendo de su mandato sino en una forma efectiva de arrastrar el voto hacia su partido y así mantener o aumentar su mayoría en el Congreso y en las gubernaturas en caso de que sean concurrentes. De no prosperar la iniciativa, AMLO ha planteado que, de todas formas y aunque no tuviese validez jurídica, él sometería a consulta su permanencia en el cargo.

Como se mencionó al inicio, a las elecciones de 2018 acudieron a emitir su voto 56.6 millones de personas (63.4% de participación). López Obrador ganó la elección con 30.1 millones o el 53% de la votación emitida. En cualquier país, pero más en México que tradicionalmente ha sido un régimen hiperpresidencialista, lo bueno y lo malo, los beneficios que recibe y los perjuicios que padece la población se atribuyen al gobierno en turno y, en particular, al Señor Presidente.

De los 89.4 millones de ciudadanos que se estima serán mayores de 18 años en 2021 no todos votarían. Bajo el supuesto de la participación promedio en las elecciones intermedias desde 1997 (51.2%) habría 45.8 millones de votos. ¿Sería razonable pensar que los beneficiarios de los programas sociales (¿y sus familias?) estarán agradecidas con AMLO y votarán por él?

Si esto fuera así, habría 23 millones de “agradecidos” o 25.7% del padrón electoral total estimado contando solamente los siete programas referidos. Pero si la participación es en efecto de 51.2%, como el promedio de las elecciones intermedias del pasado, la importancia de esos 23 millones aumentaría al doble porque representaría el 50.3% de los votos emitidos (ver gráfica 2).

Una mayoría de votantes sin considerar a las familias de los beneficiarios, sin los convencidos del proyecto, aunque no pertenezcan a estos padrones del bienestar y sin contar el efecto arrastre de AMLO en caso de que el ejercicio de revocación de mandato se haga coincidente con las elecciones.

La falta de planeación y la improvisación están presentes en muchas de las políticas públicas de López Obrador, no en las “políticas-políticas” del gran benefactor. Si algo hay en el proyecto político del presidente López Obrador es lo que falta a su proyecto económico: una planeación de largo plazo con minuciosa anticipación y medición de costos y beneficios. Estamos frente al proyecto de legitimación y permanencia en el poder más ambicioso que haya conocido la exigua democracia mexicana: el diseño de un tecnócrata electoral de altos vuelos. Se le olvida un detalle, el apoyo popular y electoral no alcanzan para sacar al país adelante.

 

María Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Fuente:https://www.nexos.com.mx/?p=41305