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“El Huachicol Fiscal: Cuando el Contrabando se Vuelve Estrategia y Muerte”

Francisco C. De La Torre


CIUDAD DE MÉXICO Septiembre 8 del 2025 — El término huachicol fiscal, acuñado para describir una modalidad sofisticada de contrabando de combustibles, ha saltado del lenguaje técnico a convertirse en el símbolo de una red criminal incrustada en instituciones clave del Estado. Lejos de ser solo robo de ductos, ahora involucra documentos apócrifos, sobornos y operaciones que evaden el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), costándole al erario más de 9 000 millones de dólares al año (El País).


¿Qué es el huachicol fiscal y cómo se destapó?

Este delito consiste en introducir gasolinas y diésel al país pasándolos como aditivos o lubricantes exentos de IEPS, gracias a la complicidad de funcionarios aduanales y militares (El País). La alerta se encendió tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel de contrabando en el puerto de Tampico, procedente de un buque con documentos falsificados que lo identificaban como aditivo para aceites (El País).

La investigación, que se cocinaba desde hace dos años, reveló redes que operaban simultáneamente en Aduanas y en la Secretaría de Marina (Semar), con implicados de alto rango y cobertura nacional.


Altos mandos y parentesco político: un caldo de corrupción

El arresto más explosivo fue el del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Este alto mando naval fue detenido junto con otros marinos, aduaneros y empresarios, acusados de liderar una red integrada para facilitar el contrabando desde puertos como Tampico, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México (infobae, El País, Aristegui Noticias).

En total, 14 personas fueron detenidas, incluyendo seis marinos, tres empresarios y cinco exfuncionarios aduanales (El País, Yahoo Noticias, Aristegui Noticias). El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, recordó que el mismo Ojeda Durán había alertado sobre anomalías en Semar hace dos años, lo que presupuestaba una investigación interna que tardó en avanzar (Reforma).


Denuncias silenciadas con sangre

En noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunció por escrito ante Ojeda Durán la red de corrupción que operaban los hermanos Farías Laguna. Días después y tras múltiples decomisos, fue asesinado en Manzanillo, Colima, víctima de un ataque armado. Días antes también murió ejecutada Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR, lo que sugiere una cadena de violencia ligada a estas denuncias (Reforma, Aristegui Noticias).

En ambos casos, la Fiscalía investiga posibles vínculos de personal cercano a la Marina y apunta a que los asesinatos fueron una advertencia silente para otros posibles denunciantes (Aristegui Noticias).


Un símbolo que sacude a la seguridad nacional

Este desmantelamiento fue descrito por el periodista Roberto Zamarripa como el “golpe más significativo a la seguridad nacional en años”, un giro brusco que expone la magnitud del problema cuando los guardianes se convierten en el peligro (Reforma).


Recomendaciones para contener esta hemorragia criminal

  • Investigación transparente e independiente sobre el huachicol fiscal y los asesinatos de denunciantes, con garantías de protección para funcionarios honestos.
  • Reformas inmediatas en aduanas y Semar, con protocolos anticorrupción, rotación de personal y sistemas automatizados de monitoreo.
  • Desvincular a la Marina de funciones aduanales y logísticas, devolviendo estas tareas a entes civiles robustos y fiscalizados.
  • Protección real a denunciantes, estableciendo canales seguros y mecanismos de justicia para evitar más “testigos silenciados”.
  • Cooperación internacional más sólida, especialmente con EE.UU., para desactivar rutas de contrabando y redes financieras transnacionales.

Conclusión

El huachicol fiscal no es solo pérdida de recursos: es pérdida de confianza. Cuando quienes combaten la corrupción la aprovechan, toda la institución se derrumba. Desmantelar estas redes requiere más que detenciones: exige voluntad política y compromiso con la transparencia. La respuesta del gobierno ahora definirá si el país empieza a cerrar este boquete y la posible financiación ilegitima de campañas políticas de MORENA o si, por el contrario, se convierte en otro símbolo del poder impune. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta la peor crisis que podria desestabilizar su presidencia.

Éste artículo fue elaborado por www.aimworld.ai con el apoyo de IA

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