El verdadero problema de la justicia en México: Ministerios Públicos y Fiscalías

CIUDAD DE MÉXICO 4 DE JULIO DEL 2024

Francisco C. De La Torre

En la vasta y compleja red del sistema judicial mexicano, una verdad incómoda ha salido a la luz: los Ministerios Públicos y Fiscalías, entidades que no dependen del Poder Judicial, representan uno de los principales obstáculos para la administración de justicia. A medida que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa reformas al Poder Judicial, se ignora una reforma aún más crucial que podría abordar la raíz de la impunidad y la corrupción que plagan al país.

En México, la impunidad es rampante. Según datos recientes, el 95% de los delitos denunciados quedan sin resolución. Esta alarmante cifra refleja un sistema en el que los procesos judiciales son lentos, corruptos y en el que miles de expedientes permanecen acumulando polvo en los archivos. Desde la justicia cotidiana hasta los casos más importantes de crimen organizado, la ineficacia es evidente.

En México, la estructura de los Ministerios Públicos y Fiscalías es vasta y compleja. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y diversos estudios sobre la estructura y funcionamiento del sistema de justicia, existen aproximadamente 4,500 Ministerios Públicos y fiscales en todo el país​ (Este País)​​ (Revista Abogacía)​​ (Paréntesis Legal)​.

Estos ministerios y fiscalías están distribuidos entre la Fiscalía General de la República (FGR), que se encarga de los delitos del fuero federal, y las procuradurías y fiscalías generales de justicia de cada entidad federativa, que manejan los delitos del fuero común. Cada estado tiene su propia estructura de procuración de justicia, lo que añade complejidad y variabilidad a la manera en que se administran los recursos y se llevan a cabo las investigaciones.

La capacidad y efectividad de estos organismos varían significativamente entre estados. Por ejemplo, estados como Chihuahua y la Ciudad de México destacan por tener una mayor cantidad de recursos y mejor infraestructura tecnológica para la procuración de justicia. Sin embargo, la carga de trabajo para los fiscales es elevada, con un promedio nacional de 169 carpetas de investigación por cada Ministerio Público, y en algunos estados, como Nuevo León, esta cifra puede ser mucho mayor​ (Este País)​​ (Paréntesis Legal)​.

Además, la implementación de tecnologías digitales para la gestión de carpetas de investigación y la mejora de la eficiencia en las fiscalías es un desafío en curso. Aunque algunos estados han hecho progresos notables, como Nuevo León y Chihuahua, la efectividad en la resolución de casos a nivel nacional sigue siendo baja, con un promedio de solo el 15.5% de casos resueltos​ (Paréntesis Legal)​.

Los Ministerios Públicos y Fiscalías juegan un papel crucial en el inicio y desarrollo de los procesos judiciales. Sin embargo, su desvinculación del Poder Judicial los ha dejado vulnerables a la ineficiencia y la corrupción. A menudo, los fiscales están sobrecargados de trabajo, mal pagados y sujetos a presiones externas, lo que resulta en investigaciones superficiales y casos mal manejados.

Retrasos y Corrupción

El proceso judicial en México es una carrera de obstáculos. Los expedientes se retrasan, las pruebas se pierden y los testigos son intimidados. Esta realidad, lejos de ser una excepción, es la norma. Las víctimas y sus familias quedan atrapadas en un ciclo interminable de desesperación, esperando justicia que raramente llega.

Un ejemplo emblemático es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. A pesar del interés internacional y las numerosas investigaciones, la verdad sigue siendo esquiva y la justicia, un sueño distante. Los Ministerios Públicos y Fiscalías han sido incapaces de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente, dejando a las familias en un limbo doloroso.

La Necesidad de Alta Tecnología

La verdadera reforma del sistema judicial mexicano no puede centrarse únicamente en el Poder Judicial. Debe incluir una transformación radical de los Ministerios Públicos y Fiscalías, incorporando alta tecnología para acelerar los procesos y facilitar el trabajo de jueces, magistrados y ministros. La digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos y la implementación de sistemas de seguimiento en tiempo real son algunas de las soluciones que podrían revolucionar el sistema.

Estos avances tecnológicos permitirían una gestión más eficiente y transparente de los casos, reduciendo los tiempos de respuesta y minimizando las oportunidades de corrupción. Además, facilitarían la coordinación entre las diferentes entidades del sistema judicial, garantizando una administración de justicia más coherente y eficaz.

Un Camino hacia la Justicia Verdadera

Para que México pueda avanzar hacia un sistema judicial que realmente sirva a su población, es esencial reconocer y abordar los problemas estructurales en los Ministerios Públicos y Fiscalías. La reforma del Poder Judicial, aunque importante, no es suficiente por sí sola. La adopción de alta tecnología y la creación de un entorno de trabajo más justo y eficiente para los fiscales son pasos imprescindibles para combatir la impunidad y ofrecer justicia a todos los mexicanos.

A medida que el país avanza en su lucha contra el crimen y la corrupción, es crucial no perder de vista estas reformas fundamentales. Solo así, México podrá aspirar a un futuro donde la justicia no sea una promesa vacía, sino una realidad tangible para todos.