No llegamos a una estación final. Tampoco a un paraíso. Apenas a una germinal democracia pero que nos ha permitido asentar la pluralidad política y que la misma pueda coexistir y competir de manera pacífica.
El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. Es necesario insistir en eso, porque significa no sólo una agresión a las instituciones existentes sino a la posibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático.
México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático.
México no puede destruir las destrezas profesionales, los conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios profesionales electorales.
México no puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, no sólo porque somos —según la Constitución— una república federal, sino porque ni el INE ni un solo Tribunal podrán realizar con eficiencia lo que hoy encuentra cauce y solución en 32 entidades soberanas.
Otra vez intento ilustrar lo que digo con evidencias. Desde la última reforma electoral en 2014, se han disputado en los estados y la Ciudad de México, 55 336 cargos de elección popular, entre ellos 55 gubernaturas, 93 legislaturas y 5932 ayuntamientos. Tan sólo el año pasado los institutos estatales registraron 275 424 candidaturas locales. Con tales números ¿es deseable y posible concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola institución?
Por eso, México no puede deshacerse sin contemplaciones del entramado federalista en materia electoral sin perder en eficacia y confianza. Tampoco de los tribunales en materia electoral porque siguen siendo necesarios para desahogar el permanente litigio que acompaña nuestras elecciones.
México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad por más relevante que sea. Hay importantes lecciones en el pasado: las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo.
México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable, cuyas credenciales se han convertido de facto en cédulas de identidad ciudadana.
México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país.
Quienes estamos hoy aquí, ciudadanos todos en el ejercicio de nuestros derechos, sabemos, porque lo vivimos, que en nuestro país laten diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos, diversas plataformas políticas e ideológicas, y que sólo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones. Por el contrario, nosotros valoramos esa diversidad porque creemos que en ella radica parte de la riqueza de nuestra nación y por eso estamos obligados —sí: obligados— a garantizar su expresión, coexistencia y competencia civilizada.
Y es en ese horizonte en el cual elecciones auténticas, libres, equilibradas, resultan insustituibles. Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado.
Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos, resultados preliminares en la noche y por supuesto que ganadores y perdedores sean definidos por el voto de los ciudadanos y sólo por ellos.
Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios —sí, a todos— sin exclusiones ni excepciones, los que conforman las Cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo.
El día de hoy refrendamos nuestro profundo compromiso con la democracia y por ello defendemos un sistema electoral que nos cobija a todos y que permite la coexistencia de la diversidad y la substitución de los gobiernos por vías pacíficas y participativas. Ese es el México que queremos: un México para todos, un México cuya diversidad cuente con un formato para su convivencia y competencia.
Por ello decimos:
No a la destrucción del INE.
No a la destrucción de los institutos locales.
No a la destrucción de los tribunales locales.
No a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno.
No al autoritarismo.
Sí a la democracia.
Sí a un México democrático.
Monumento a la Revolución, 13 de noviembre de 2022
José Woldenberg