Ellos sufrieron ataques físicos, campañas de difamación, represalias legales, procesos penales. Fueron detenidos con violencia —aunque no se resistieron al arresto—, sin explicación alguna, sin la orden de un juez y en las peores condiciones. Y durante la detención casi todos sus derechos humanos fueron violados sin ningún freno: las víctimas —incluyendo menores— hablan de violencia sexual, de descargas eléctricas en los genitales, de desnudez forzada en habitaciones heladas, de torturas con métodos de estrés, de asesinatos a manos de funcionarios que luego alteraron la versión de lo ocurrido.
El informe refiere que quienes daban las órdenes a cualquiera de las policías y a los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin) para atacar a un objetivo específico eran directamente el presidente Nicolás Maduro y el segundo en el mando, Diosdado Cabello. “El exdirector del Sebin, Christopher Figuera, dijo que había reconocido órdenes directamente del presidente Maduro para colocar armas en el apartamento del señor (Roberto) Marrero”, uno de los opositores que fue encarcelado y que previamente había sido el abogado defensor del opositor Leopoldo López.
La misión de la ONU volvió sobre este tema en el reporte publicado ahora en septiembre de 2020. Aseguró que los abusos ocurren en distintos cuerpos de seguridad, desde el Sebin hasta las policías. Sin embargo, consideró que las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) son “la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64.5% de las muertes” examinadas en 2019.
En esta ocasión, como en las revisiones anteriores, el gobierno de Venezuela no cooperó con los investigadores que indagaban en las violaciones de derechos humanos. Este sábado, respondieron al informe presentando cifras: dijeron que más de 800 agentes venezolanos han sido acusados en los últimos tres años. El canciller Jorge Arreaza reiteró quejas del pasado: aseguró que el nuevo informe de la ONU es un documento “totalmente sesgado”.
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