AMLO echó atrás la reforma educativa, con lo que empoderó a la CNTE, prohibió la condonación de impuestos y volvió delito grave la corrupción, el fraude electoral, el huachicoleo y la evasión fiscal.

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Zedryk Raziel

Cd. de México (01 diciembre 2019).- 

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López Obrador ante el País

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que, como no se va a reelegir en la Presidencia, tiene prisa por consolidar las bases de lo que llama la “Cuarta Transformación” para que nadie la pueda revertir.

“Mientras más rápido terminemos la obra de transformación, más tiempo tendremos para consolidarla”, ha planteado.

Apremiado por esa urgencia, por dejar su impronta, para que su proyecto sea irreversible, López Obrador empezó por reformar la Constitución.

El Mandatario ya pidió a los legisladores que asienten en la Carta Magna la garantía de que sus programas sociales estrella –pensión a adultos mayores, becas a estudiantes y apoyos a personas con discapacidad– van a durar más allá de él.

De hecho, el Presidente presume que ya gobierna con una nueva Constitución, la de la “Cuarta Transformación”, porque ya logró, en un año, plasmar en ella reformas como la de austeridad republicana para bajar los sueldos de los funcionarios, eliminó el fuero de servidores públicos y creó la Guardia Nacional.

También echó atrás la reforma educativa, con lo que empoderó a la CNTE, prohibió la condonación de impuestos y volvió delito grave la corrupción, el fraude electoral, el huachicoleo y la evasión fiscal -una ley que trata a los contribuyentes como delincuentes, según acusó la Oposición.

“En sentido estricto, práctico, real, ya hay una nueva Constitución que combate la corrupción, promueve la justicia e impulsa la democracia”, presumió el Mandatario.
 

Resistencias: el enemigo en casa

Su Gobierno, ha reconocido, avanza entre resistencias, inercias del pasado, servidores públicos con mentes colonizadas en el neoliberalismo: aún se roban combustible, porque el huachicol enraizó, pero ya no se llevan tanto como antes; aún hay funcionarios corruptos, que quieren moche, que aún no han entendido, pero ya les están limando las uñas.

“Hay resistencias, es que fueron 36 años de política neoliberal y muchos se colonizaron mentalmente. Entonces no aceptan (el cambio), cuesta trabajo”, dijo durante la conferencia mañanera del 18 de noviembre.

Como los conservadores están dentro y fuera de su Administración, el primer año también fue de disensos con organizaciones civiles y medios de comunicación, pero también con colaboradores de su Gobierno.

Uno de sus enfrentamientos más álgidos fue con el General Carlos Gaytán, que derivó en que el Presidente publicara un polémico mensaje en el que afirmó que un Golpe de Estado no tendría oportunidad en el País, en el contexto de convulsión política en Latinoamérica.

Quizá el disenso más sonado fue el que tuvo con su ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el encargado de cuadrar las cuentas para financiar todos los programas del Gobierno, pero sin oportunidad de recaudar más, lo que lo llevó a renunciar.

También, en el marco de la aprobación del Presupuesto para 2020, una revuelta al interior de la bancada de Morena en San Lázaro retrasó la aprobación del gasto para llevar a cabo los proyectos estratégicos del Gobierno.

Los diputados que antes lo escuchaban solemnemente y lo aplaudían, ahora le reprocharon a gritos por haberles quitado la oportunidad de “bajar” recursos públicos de su propia mano.

La inédita desobediencia de los legisladores molestó al Mandatario, quien les mandó una advertencia mediante el coordinador de la bancada, Mario Delgado: el Presupuesto que se debía aprobar era el que había palomeado él mismo.

Además, Morena, el partido que él fundó, atraviesa una crisis tribal entre dos de sus más cercanas colaboradoras, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, quienes, en su disputa por el control, parecen no escuchar ya sus llamados a que se pongan de acuerdo.

El pleito interno es tal que López Obrador advirtió a los morenistas que, de continuar las broncas, valoraría renunciar a su militancia en el partido, según ha declarado Polevnsky.
 

Extiende tentáculos

A un año del inicio de su Administración, el Presidente no sólo cuenta con mayoría en ambas Cámaras del Congreso: también infiltró instituciones autónomas que tendrían que fungir como contrapesos democráticos al Poder Ejecutivo.

El saldo es: una nueva titular de la CNDH afín a su Gobierno, una mayoría del Tribunal Electoral federal que actúa a su favor, la dimisión de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia y una intentona legislativa para revocar el mandato constitucional del actual presidente del INE.

Funcionarios afines al Mandatario han llegado a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Ya desaparecieron el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifed), y se sopesa la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) por considerar que es muy costoso.

Los grandes proyectos de infraestructura que serán financiados por el Gobierno se han impuesto mediante polémicas maniobras legales.

La construcción de la refinería de Dos Bocas pudo iniciar gracias a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que ha sido cuestionada por organizaciones civiles; recientemente se registró una anegación en la zona de la obra, lo que avivó la observación de que se trata de un suelo inundable.

Además, debido a su plan de rehabilitar otras seis refinerías, la ONU acusó que el País sufre un retroceso ambiental en la Administración de AMLO por apostar a producir combustibles fósiles, altamente contaminantes, y relegar las fuentes de energía renovables.

Por otro lado, para librar la lluvia de amparos interpuestos contra el aeropuerto de Santa Lucía, el Gobierno maniobró para clasificar la obra como instalación estratégica de seguridad nacional, lo que le permitió revocar suspensiones judiciales.

El Tren Maya aún enfrenta resistencias de grupos indígenas de la Península y de organizaciones medioambientales, lo que motivó que se realice una consulta en comunidades para determinar la procedencia del megaproyecto.