Aprueban la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por AMLO

México.- El Senado de México aprobó este martes la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que busca propulsar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los generadores privados, sobre todo de energías renovables.

Con 68 votos a favor y 58 en contra, tras más de cinco horas de discusión el pleno del Senado aprobó en lo general la iniciativa preferente de López Obrador, aprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados.

La bancada mayoritaria del partido gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES), que avalaron la reforma a falta de las reservas, defendieron el discurso del presidente con ataques y acusaciones a las empresas privadas.

«Queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica», dijo tras la votación el presidente del Senado, Eduardo Ramírez.

En la sesión se reservaron varios artículos que se discutieron y al final la normativa se devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la reforma «es constitucional y es congruente ya que prioriza el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica».

Precisó que, si bien «no está descartada la generación de energía eléctrica a partir de plantas eólicas o solares, solo se regula un orden para su despacho, es decir, México sí es promotor del uso de energías limpias».

Además, señaló que el documento «no atenta contra la libre competencia, sino que la regula. No es inconstitucional, promueve energías limpias que genera la CFE como las derivadas de hidroeléctricas, geotérmicas y termoeléctricas. Es una reforma indispensable»

Previamente, senadores de la oposición mexicana anunciaron que, una vez que la reforma sea aprobada por la Cámara Alta, presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra ella.

«Vamos a agotar todos los medios de defensa legal que estén a nuestro alcance, vamos a preparar una acción de inconstitucionalidad y confiamos que la Suprema Corte sostendrá los criterios que ha venido manteniendo en la política energética», dijo en conferencia de prensa virtual Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Junto a senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los del PRI arremetieron contra la reforma diseñada por el presidente López Obrador, que prioriza a la compañía eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas nacionales y extranjeras.

La legisladora panista Xóchitl Gálvez criticó que esta reforma servirá para «seguir incumpliendo todas las normas ambientales» porque discrimina las energías limpias.

En la madrugada de este martes, las comisiones de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y la de Estudios Legislativos del Senado avalaron, con 23 votos a favor y 20 en contra y sin cambios, el dictamen que la Cámara de Diputados aprobó hace una semana.

El bloque oficialista, encabezado por Morena, impidió además que prosperase la propuesta de los opositores de convocar un ejercicio de parlamento abierto para que organizaciones civiles y empresarios opinasen acerca del dictamen.

El principal cambio que introducirá la reforma será la eliminación del criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la empresa del Estado, la CFE, sobre las centrales privadas de renovables, dejando como última opción las de ciclo combinado.

También, de forma retroactiva, ordena revisar los contratos previos del Gobierno con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Desde que envió el 1 de febrero la iniciativa al Congreso con carácter preferente, para que fuese discutida en un plazo de 30 días en cada Cámara, López Obrador ha pedido no cambiar «ni una coma» al dictamen, una instrucción que han seguido sus legisladores.