En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 76 funcionarios por presuntos actos de corrupción y contrabando, entre otros delitos, lo que representó una caída anual de 53 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Del total de denuncias presentadas por el organismo fiscal, 12 fueron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto ante el Órgano Interno de Control, instancia encargada de realizar auditorías o informes a las distintas áreas del SAT.
Los empleados fueron acusados de tener acceso ilícito a sistemas y equipos de informática del organismo, cohecho y uso de documentos falsos, entre otras malas conductas administrativas, como presunción de sus cargos, posible corrupción o desempeño ineficiente.
La mayoría de los delitos se registraron en las administraciones generales de Recursos y Servicios (AGRS), la General Jurídica (AGJ), y en la Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), las cuales concentraron 51.2 por ciento de los casos.
“Las denuncias si bien son negativas, porque dejan ver que prevalecen las malas prácticas en el organismo, tienen su parte positiva ya que son acciones encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la justicia y fomentar la transparencia en la gestión pública”, comentó Santiago Reyes, experto en derecho fiscal.
En entrevista, el experto agregó que las denuncias contra exfuncionarios públicos también sirven como una señal para la sociedad de que la ley se aplica de manera equitativa.
“Además, la denuncia y posterior persecución de exfuncionarios contribuyen a recuperar recursos fiscales que quizás fueron evadidos, lo que fortalece las finanzas públicas y beneficia a la economía en su conjunto”, añadió el también catedrático de la UNAM.
De acuerdo con los informes de la SHCP, las denuncias del SAT también abarcaron las administraciones generales de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE); la de Comunicaciones y Tecnologías de Información (AGCTI), y la de Servicios al Contribuyente (AGSC).
Todas las acusaciones del fisco se originaron a nivel nacional, aunque gran parte de ellas se presentaron en las regiones centro, noroeste y pacífico del SAT.
En enero del año pasado, Raquel Buenrostro, entonces titular del SAT, aseguró que el organismo estaba elaborando una “lista de transparencia”, para revelar los nombres de los servidores denunciados.
En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 76 funcionarios por presuntos actos de corrupción y contrabando, entre otros delitos, lo que representó una caída anual de 53 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Del total de denuncias presentadas por el organismo fiscal, 12 fueron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto ante el Órgano Interno de Control, instancia encargada de realizar auditorías o informes a las distintas áreas del SAT.
Los empleados fueron acusados de tener acceso ilícito a sistemas y equipos de informática del organismo, cohecho y uso de documentos falsos, entre otras malas conductas administrativas, como presunción de sus cargos, posible corrupción o desempeño ineficiente.
La mayoría de los delitos se registraron en las administraciones generales de Recursos y Servicios (AGRS), la General Jurídica (AGJ), y en la Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), las cuales concentraron 51.2 por ciento de los casos.
“Las denuncias si bien son negativas, porque dejan ver que prevalecen las malas prácticas en el organismo, tienen su parte positiva ya que son acciones encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la justicia y fomentar la transparencia en la gestión pública”, comentó Santiago Reyes, experto en derecho fiscal.
En entrevista, el experto agregó que las denuncias contra exfuncionarios públicos también sirven como una señal para la sociedad de que la ley se aplica de manera equitativa.
“Además, la denuncia y posterior persecución de exfuncionarios contribuyen a recuperar recursos fiscales que quizás fueron evadidos, lo que fortalece las finanzas públicas y beneficia a la economía en su conjunto”, añadió el también catedrático de la UNAM.
De acuerdo con los informes de la SHCP, las denuncias del SAT también abarcaron las administraciones generales de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE); la de Comunicaciones y Tecnologías de Información (AGCTI), y la de Servicios al Contribuyente (AGSC).
Todas las acusaciones del fisco se originaron a nivel nacional, aunque gran parte de ellas se presentaron en las regiones centro, noroeste y pacífico del SAT.
En enero del año pasado, Raquel Buenrostro, entonces titular del SAT, aseguró que el organismo estaba elaborando una “lista de transparencia”, para revelar los nombres de los servidores denunciados.
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