El carácter necesario de una ley | Opinión

No es un problema español únicamente, pero es necesario inculcar algo más de cultura legislativa en los votantes. Su voto va directo a dotar capacidad de aprobar leyes.

El pasado mes de julio fallecía una persona que en mi vida marcó un diferencial. El profesor LuísMa Calleja era un docente brillante, rápido, ocurrente y desafiante. Tenía una cualidad que destacaba por encima de cualquier otra salvo de su humanidad, que era infinita y difícilmente empatable. Esa cualidad era que poseía una mente relacional excepcional: era capaz de tejer distintas líneas de pensamiento para resolver un problema concreto y lo exponía con tal claridad, que ni te dabas cuenta que, al final, te había paseado por la mitad de la historia del pensamiento. No importaba en qué tema, él podía establecer una línea manejando con elegancia, sin dogmatismos ni monolitos, cualquier idea aplicada a un problema de la vida real.

LuísMa tenía, además, especial predilección por Aristóteles y tan viva y pragmática era la imagen que nos daba de su filosofía que hoy no puedo separar a uno del otro. Conocía al de Estagira como Rylance, Olivier, Dench o Branagh conocían a Shakespeare… todos juntos.

El caso es que, con todo el tema de la LOMLOE volví a tenerle presente. No por su opinión sobre el contenido de la ley (una conversación que me gustaría tener con su hijo Ricardo, a quien me gusta llamar amigo), sino por la necesidad de ciertos cuerpos legislativos: su necesidad y posible arbitrariedad. Qué duda cabe que, si la ley la aprueba un parlamento, la ley es legítima. El pueblo decide esa configuración parlamentaria y, si los representantes llegan a un acuerdo sobre un texto, se aprueba y se aplica. Si se quieren otras leyes, habrá que reorientar el sentido del voto, las mayorías (un efecto que sufren mucho las leyes orgánicas de educación, por otra parte), algo en manos de los votantes.

Inciso: La ley Wert, la ley Celaá… ¿no da la sensación de que las leyes educativas son ya tal losa que se castiga al responsable adhiriendo su apellido a un texto al que todo el mundo mira pensando “la primera en caer en un cambio de gobierno”? Esto no le pasa a la Ley Mordaza o a la Reforma Laboral y, de hecho, la Ley Corcuera tuvo otro nombre igual de célebre que es la de “la de la patada en la puerta”. Ironía: en su nombre, la ley lleva implícito uno de aquellos vicios que se oponen a la educación: la pereza. Y es que su nombre es “Ley Orgánica de Modificación de…” otra ley anterior. Vamos, que “la ley definitiva”, llevará como una losa el nombre de una ley aprobada por la oposición.

Decía Aristóteles que las leyes eran el soberano último y que el gobernante debía actuar sólo allí donde la ley no llegara. Locke añadía “allí donde la ley termina, comienza la tiranía” y Kant que cumplir con la ley era la forma de vivir en sociedad. En resumen; la democracia está ligada al Estado de Derecho y éste tiene su principal garantía en el imperio de la ley, dejando al gobernador como un ente transitorio, temporal y sujeto, de igual forma que cualquier otro ciudadano, a la ley.

Pero ¿Saben los ciudadanos qué y cómo va a legislar un partido una vez que haya llegado al gobierno? Podrían decir que sí, que en muchos casos viene en el programa electoral. Pero el programa no es un contrato escrito en pergamino, con tinta indeleble y firmado con sangre ¿verdad? En muchos casos lo prometido en el programa se va al garete en los dos primeros trimestres de gobierno, porque la situación es altamente cambiante (qué les voy a contar en 2020). Así, el programa pasa a ser un argumentario para el rival, más que un hecho propositivo para el protagonista.

Hoy, en cuestión de pocos días nos hemos rodeado por una ley, un anuncio y una “armonización” que, si no chocan con las atribuciones de las autonomías, o las obvia o las agrede.

La ley es la LOMLOE o Ley Celaá que deja a las CC.AA. parte de las decisiones, pero a unas comunidades más parte que a otras. El golpe en contra lo dio Feijóo al poner nivel superior y afirmar que en Galicia no se pasaría el bachillerato con asignaturas pendientes.

El anuncio fue la rueda de prensa del Presidente del Gobierno ese mismo domingo por la tarde. En ella expuso la intención de un plan de vacunación uniforme a todo el territorio nacional y que tuvo una motivación clara: amortiguar el lunes por la mañana las noticias sobre la manifestación. El plan de cercena las competencias en sanidad y se hace general a toda la población, no importa su procedencia.

Luego está lo que trajo el martes ERC sobre la armonización fiscal a cambio de su apoyo a los PGE: si los catalanes pagan por un concepto, que otras CC.AA. paguen también por ese mismo concepto. Podría parecer complicado en un estado autonómico tan desarrollado como el nuestro, pero venimos de mostrar ejemplos en los que aplican distintos sesgos. En el caso de la propuesta de ERC, poco menos que decir que el fastidio sea común y el privilegio exclusivo.

Es más, el concepto de armonización fiscal no es nuevo ni revolucionario: ya fue una idea de Anguita como objeción o queja al, entonces, Mercado Común Europeo. Anguita quería tábula rasa entre los distintos países: que el dinero en Luxemburgo rinda y tribute igual que el dinero en España, porque, sino, un español podía llevarse su dinero a otro país porque sus ventajas financieras y fiscales eran mayores.

Por supuesto eso no iba a llegar nunca y, por supuesto, volviendo a Rufián, suena raro que alguien que aspira a un país distinto y que lleva años en el Gobierno de Cataluña piense que lo mejor para su tierra es empeorar las condiciones del resto.

Todo esto son normas y leyes. De muchas de las vigentes no somos capaces de conocer su eficacia real (salvo las que decretan impuestos y esas tienen unas desviaciones interesantes) y, si la conocemos, como el informe Pisa, no faltan voluntarios para denostar la metodología del informe en vez de cuestionar la eficacia de la norma.

Enrique Cocero es consultor político y socio Fundador de 7-50 Strategy