Embargada tras perder el DNI y ser víctima desde hace 10 años de una usurpación de identidad | SER Catalunya | Cadena SER

La pesadilla de Carmen empezó hace casi 10 años, a principios de 2012. Hacía un tiempo que esta madre soltera había perdido el DNI, cuando le empezaron a llegar cartas reclamándole deudas e indemnizaciones a cargo de una agencia de viajes en Sant Vicenç dels Horts, en la provincia de Barcelona. Ella era camarera, tenía un sueldo mileurista, así que supuso que era un error y advirtió a quienes le reclamaban el dinero que se habían equivocado. Pero no era así. Su nombre y sus datos constaban en todas partes. Era administradora única de una empresa que desconocía y que luego descubriría que acarreaba 95.687 euros de deudas. Tras un largo periplo judicial, todavía hoy sigue siendo propietaria de esa empresa, que se ha convertido, en su “pesadilla”, y que ha hecho que le embargaran durante cuatro años sus dos sueldos además del piso en el que vive con sus tres hijos.

El juzgado de instrucción 33 de Barcelona investiga a los antiguos propietarios de esta agencia de viajes por usurpación de identidad y estafa. En el atestado que presentaron los Mossos ante el juzgado, escribían “la única posibilidad lógica es que la vendedora de la empresa podría haber pagado a una falsa compradora para que se quedara con la empresa y así librarse de todas las deudas, presentando un DNI falsificado”. La tesis de la acusación, ejercida por el despacho Fieldfisher Jausas, apunta en esa misma dirección. Entre varias evidencias, destacan que tan solo una semana después de esa compraventa fraudulenta, los propietarios abrieron otra agencia de viajes.

Carmen descubrió la treta cuando al poco tiempo un trabajador de la empresa, la denunció por despido improcedente. “Me quedé blanca, alucinando, porque yo no tenía ninguna empresa pero allí estaban todos mis datos”, relata la víctima a SER CATALUNYA. Carmen recorrió administraciones, acudió a la policía y a los tribunales. “Me estaban reclamando 20.000 euros. Estaba desesperada y me preguntaba: ¿Qué hago? Yo no sabía nada y me seguían llegando multas”, relata. Llegó a pensar que una vez puesta la denuncia ante los Mossos, todo había acabado. Lejos de ello. Le quedaban por delante nueve años más de pesadilla. El 31 de octubre de 2013, el juzgado archivó el caso por falta de pruebas ya que no se había localizado a la mujer que se presentó ante el notario con un DNI a su nombre. “La justicia no ha hecho nada por mi”, lamenta Carmen, todavía hoy. Sus abogados critican que “el juzgado no adoptara ninguna medida para poner fin a una situación injusta”.

Cinco años después la pesadilla se hizo todavía más grande. En 2017, Carmen recibió una carta de la Seguridad Social reclamándole el pago de 95.687 euros de deudas que acarreaba la agencia de viajes, todavía hoy a su nombre. La cifra se publicó en el BOE y el Estado empezó a embargarle todos sus bienes. “Te cambia la vida”, asegura Carmen, que relata a esta emisora que cogió una depresión, sufría ansiedad y apenas lograba dormir pensado en la deuda que tenía que pagar. “Perdí el piso después de tantos años trabajando y me quedé sin nada, y con tres hijos a mi cargo”, lamenta. Tuvo que coger dos empleos, pero a final de mes, su sueldo desaparecía. Llegó a pensar en el suicidio, confiesa. También en dejarlo todo e irse de España.

Pero sacó coraje. Hizo lo que pudo por encontrar unos buenos abogados, que en 2019 lograron reabrir el caso. Ahora la investigación apunta directamente a los antiguos propietarios de la agencia, una mujer y dos hombres, que en declaraciones a la policía no han sabido dar ni un nombre, ni un teléfono, ni ningún dato de la persona a quien supuestamente vendieron la empresa. Aseguran que una mujer se plantó un día en el establecimiento y les propuso comprar el negocio, a pesar de las deudas, y les pagó 3.000 euros en efectivo. En el escrito de la acusación, los abogados aseguran que “no resulta de ningún modo creíble que alguien interesado en la compraventa de una sociedad no facilitara ningún dato personal a los antiguos administradores, con quienes mantuvo varias conversaciones y reuniones”. Los letrados se preguntan incluso: “¿cómo se comunicaban con dicha señora? ¿Mediante señales de humo o señales luminosas?”

Todavía hoy, casi una década después, Carmen sigue constando como administradora única de la sociedad, aunque la investigación penal ha logado parar el embargo. El juez tiene ahora en sus manos la decisión de cerrar la instrucción y mandar el caso a juicio. Los abogados de la acusación consideran que los antiguos administradores cometieron una estafa agravada, algo que conlleva penas de 1 a 6 años de cárcel. La acusación recrimina que “resulta incomprensible que transcurridos más de 7 años desde la comisión de los hechos delictivos por los investigados, la víctima se halle en una situación de absoluto desamparo e indefensión” y aseguran que “la situación está afectando gravemente” a Carmen, “una persona con escasos recursos económicos e importantes cargas familiares, que se encuentra a día de hoy inmersa en una situación de absoluta ruina económica, embargada en su totalidad por la actuación ilícita e injusta de los investigados”.