El encontronazo entre el nuevo gobierno y el sector privado parece inevitable. El primero quiere retomar el control del sector energético, mantener la rectoría del Estado, reviviendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y convencer a los mercados de la viabilidad de su plan. El segundo, busca mantener con vida la reforma energética, aquella que le abrió las puertas del sector en 2013; que se respeten los contratos petroleros y de electricidad otorgados hasta ahora a empresas extranjeras y nacionales.
¿Quién ganará? Al parecer ninguno. Luis Hernández Aramburo, director de la Especialidad en Administración Energética en Ciudad de México del EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, dice que el gobierno no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo todos sus planes en materia energética. “Necesita del sector privado y no puede actuar arbitrariamente, como lo hizo con el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hay compromisos, hay contratos que se tienen que cumplir”.
Y el sector privado, comenta el especialista, no puede hacer todo lo que quiera sin seguir los lineamientos del Estado.
“Existe el riesgo de que en este diálogo entre gobierno y sector privado no se llegue a consenso. Y lo primero que va a suceder es que dejaremos de ver inversiones y esa falta de inversiones se va a materializar en una mayor caída de la producción petrolera y un freno para la generación de energía eléctrica, principalmente a través de energías limpias, como la eólica y solar”, subraya Hernández Aramburo.
Al final, considera Héctor Chagoya, director de Patentes y Tecnología de la firma BC&B, ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo, buscar un modelo híbrido, mixto, en el que puedan convivir y lograr un mismo objetivo: darle independencia energética a México, que hoy importa el 73.6% de las gasolinas, el 69.1% del diesel y el 64.6% del gas natural que requiere.
Y es que la producción petrolera se ha desplomado en los últimos 14 años, al pasar de 3.3 millones de barriles diarios en 2004 a 1.87 millones el año pasado, una caída acumulada de 44.8%, obligando por primera vez a Pemex a importar petróleo crudo para sus refinerías.
Lo mismo ocurre con la producción de gas, que pasó de 6,516 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2009 (producción máxima histórica) a 3,905 MMpcd en 2018.
Ello, a pesar de que la contribución de los ingresos petroleros al gasto público federal se redujo considerablemente en los últimos 10 años, al pasar de 44.1% en 2008 (de cada peso gastado por el sector público federal, Pemex llegó a contribuir con 44 centavos) a 17.6% en 2018; y que las inversiones en la paraestal aumentaron de manera importante a partir de 2005, alcanzando 323,900 millones de pesos (mdp) en 2014, cifra casi similar a la de 1981, de 347,000 mdp y que representa hasta ahora la inversión máxima en la paraestal.
Además, en 2013 se aprobó la Reforma Energética, que en teoría ayudaría a incrementar la producción de petróleo a 3 millones de barriles diarios en 2018 y a 3.5 millones en el 2025; así como la producción de gas natural a 8,000 MMpcd en 2018 y 10,400 MMpcd en 2025.
Las causas del declive
¿A qué se debe entones este declive en la industrial petrolera nacional? Según el presidente Andrés Manuel López Obrador son tres las principales causas: Pemex dejó de invertir en la exploración de petróleo, dejó de perforar pozos en tierra, en plataforma; no llegó la inversión extranjera esperada por la Reforma Energética, cuya proyección era de 161,263 millones de dólares (mdd) para el periodo 2015-2066; y hubo uso indebido de recursos públicos.
“Siendo benévolos, a lo mejor los técnicos, no quiero usar ningún adjetivo, pensaban que iba a llegar la inversión extranjera, que ya no iba a hacer falta la inversión pública. Pero a cuatro años de que se aprobó la Reforma Energética, solo llegó el equivalente al 2.5% de la incipiente inversión de Pemex. Ni siquiera el 3% de lo poco que invirtió la paraestatal en cuatro años”, explicó López Obrador, durante una visita a Paraíso, Tabasco, en diciembre pasado, donde se reunió con trabajadores en activo y jubilados de Pemex, y empresarios de la industria petrolera.
Por eso, subrayó, se desplomó la producción de petróleo y ahora se necesita con urgencia enfrentar, frenar esta crisis y comenzar la recuperación en la producción de petróleo.
“Si no intervenimos, a mitad del próximo año (2019) vamos a estar extrayendo 1.5 millones de barriles. Una grave crisis, una tremenda crisis. De esto no se habla mucho, porque se pensaba que la Reforma Energética iba a ser la panacea. Se dedicaron a aplaudir, porque iba a llegar la dolariza y nos iba a salvar la apertura del sector energético.”, sostuvo López Obrador.
Ahí, el tabasqueño advirtió: “Va a cambiar la política petrolera del país, porque la Reforma Energética no ha dado resultados, como lo indican los números, los datos”.
Y es que, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la inversión privada comprometida en exploración y producción de petróleo en el periodo 2015-2018 fue de 4,073 mdd, pero hasta ahora de los 110 contratos privados solamente 31 registran inversión realizada, la cual suma apenas 733,4 mdd.
La inversión en Pemex también se redujo de manera considerable en los últimos cuatro años, al pasar de 323,900 mdp en 2014 a 113,200 mdp el año pasado.
En cuanto al uso indebido de recursos, el primer mandatario dijo que un claro ejemplo de ello es la reconfiguración de las refinerías de Minatitlán, Cadereyta y Madero, en las que se invirtieron 8,000 mdd, cantidad que se calcula va a costar la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
“Y resulta que las tres que no se reconfiguraron, Salina Cruz, Tula y Salamanca, producen más combustibles ahora que las que se reconfiguraron. Es increíble. ¿Qué pasó?, ¿dónde quedó el dinero? ¿cómo entregaron esos contratos, si no hubo resultados? Venían empresas a hacer su agosto al país”, reveló López Obrador.
Soberanía energética, igual a rescate de Pemex
En qué consiste el plan de negocios para asegurar el incremento de la producción de hidrocarburos. El plan se sustenta en cinco objetivos estratégicos y 16 líneas de acción, entre las cuales destacan: asegurar el incremento de reservas, enfocando la inversión donde siempre se ha sido exitoso: las cuencas del sureste de aguas someras y tierra, así como las cuencas del norte convencionales.
Desarrollar de manera acelerada los campos descubiertos, cuidando y garantizando siempre el máximo factor de recuperación.
Reducción sistemática de costos, implementando nuevos procesos y nuevos modelos de contrato e incrementar el factor de recuperación en los campos maduros.
Incorporación de reservas de aproximadamente 1,500 millones de barriles por año, logrando un factor de reposición de casi dos. Esto significa, reponer los que se produzcan y agregar casi la misma cantidad a las reservas existentes. Con esto se garantizará la viabilidad de la empresa a largo plazo. Para lograrlo, se incrementarán las inversiones en exploración en 10% anual.
Apoyo con todo
En febrero pasado, el gobierno anunció que Pemex recibirá todo el apoyo institucional y financiero del Estado para sanear sus finanzas a través de una serie de medidas que resultarán en ingresos adicionales por 107,000 mdp este año.
En qué consiste el Plan de Fortalecimiento de la paraestatal: una inyección de capital por 25,000 mdp, el pago adelantado de 35,000 mdp asociados al apoyo federal para cumplir las obligaciones de pensiones de la empresa y 32,000 mdp de ahorro por el combate al robo de combustible.
Adicionalmente, cada año, la carga fiscal de Pemex se reducirá en alrededor de 15,000 mdp. De todos estos montos, solamente hay “dinero nuevo” en lo que se refiere a la carga fiscal, la cual se amplió a 15,000 mdp desde 11,000 mdp por año, anunciadas previamente.
Pero, al parecer, el respaldo ofrecido por el nuevo gobierno para fortalecer la capacidad productiva de Pemex es insuficiente. De ahí que Fitch redujera la calificación de la empresa petrolera en moneda extranjera hasta BBB- y en escala nacional de largo plazo de AAA(mex) a AA(mex).
Una de las razones tiene que ver con el nivel de transferencias de la compañía hacia las finanzas públicas. Fitch menciona el hecho de que dentro del presupuesto para 2019, el gobierno mexicano anuncia inyecciones de capital para Pemex por 25,000 mdp, mientras que los ingresos proyectados por concepto del petróleo ascienden a 520,000 mdp. A la luz de estos parámetros, el anuncio de reducción de los apoyos fiscales por 11,000 mdp es poco alentador.
Otra razón es la caída de la producción petrolera, que se estima en 5% anual; así como las preocupaciones respecto a la disminución de las reservas durante los próximos cinco años. Fitch estima que el monto de inversión necesario para la reposición de estas asciende a mínimo 15,000 mdd, mientras que la inversión programada el año pasado ascendió solo a 4,300 mdd.
Por último, preocupa el debilitamiento del gobierno corporativo de la empresa.
La calificadora considera que las intervenciones del gobierno mexicano debilitan al gobierno corporativo y acotan sus facultades para determinar la estrategia, el financiamiento y la rotación de altos mandos de la compañía.
Para Citibanamex, este apoyo se queda corto frente a los 60,000-100,000 mdp de apoyo adicional que anticipaba el mercado. Además, no ve en estos anuncios un plan de mediano o largo plazo que pueda mejorar los problemas estructurales de la empresa, mejorar sus procesos operativos y gerenciales, limitaciones tecnológicas y financieras para extraer los recursos prospectivos en aguas profundas y no convencionales.
Prevalece la incertidumbre
Aunque hasta ahora el nuevo gobierno no ha cancelado ningún contrato, ni ha buscado meter reversa a la controversial Reforma Energética, su preferencia por realizar la exploración y extracción de petróleo y gas natural por sí mismos y no en asociación con el sector privado, y revertir la dependencia que se tiene de la compra de la energía eléctrica a terceros, han prendido los focos amarillos en el sector privado.
Y muestra de ello es la reciente decisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de cancelar la Segunda y la Tercera Licitación de la Ronda Tres, con el objeto de revisar la política energética y evaluar los resultados y avances de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos vigentes; y la solicitud de la Secretaría de Energía (Sener) a la CNH de diferir seis meses el calendario del proceso licitatorio relacionado con las asociaciones de Pemex.
Lo mismo sucede en materia de energía eléctrica. A principios de diciembre, Manuel Bartlet, director de CFE, acusó al neoliberalismo del desmantelamiento de la paraestatal, para darle preferencia a las empresas extranjeras que le venden hoy la energía eléctrica. “Ese es el meollo de todo el asunto: quedarse con el mercado. En 1992 se empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares. Y éramos, entonces, autosuficientes. Ahora se tiene que comprar la mitad de la energía que se consume, a precios elevadísimos y, además, se les da un subsidio. Todo esto lo tenemos que revisar. Eso se va a terminar”.
El funcionario dijo que no se va apoder revertir en el corto plazo este grave problema de la dependencia que se tiene con la compra de la energía eléctrica, pero que se elaborará un plan para ir hacia la autosuficiencia, como era antes.
Como en varios otros temas, explica Héctor Chagoya, lo que prevalece hasta este momento es la incertidumbre. “Creo que, en gran medida, el destino de todo el sector va a estar determinado tanto por la actitud del gobierno como por el cumplimento de los contratos que ya están asignados en las licitaciones de exploración de los campos petroleros y los contratos de CFE con privados; ese es en donde realmente creo que está el punto crítico para determinar qué tan bien o mal lo vamos hacer de cara al futuro”, explica Héctor Chagoya.
Por lo pronto, señala el director de Patentes y Tecnología de la firma BC&B, no es una señal tan mala el hecho de que no haya ocurrido una cancelación de contratos, ni tampoco que el Congreso haya buscado regular o impedir la inversión privada en el sector.
“Al parecer, se lo están tomando con mucha más reserva en el sentido de, primero, entender cómo están los contratos y si efectivamente es o no conveniente cancelarlos. La realidad es que los análisis que se han hecho, en el caso de las licitaciones de exploración de los campos petroleros, demuestran que se dieron en términos bastante convenientes para el gobierno mexicano y creo que eso es lo que los está deteniendo”, comenta.
Inversión privada, clave
Para Miriam Rubalcava, economista de Citibanamex, la participación del sector privado en la industria petrolera es y será clave para que el gobierno logre alcanzar las metas tan agresivas que se ha propuesto en materia energética y que requieren una gran cantidad de recursos, como aumentar la producción petrolera a 2.6 millones de barriles diarios para el 2024, la de gas y la de combustibles, que contempla la modernización de seis refinerías y la construcción de una nueva en Dos Bocas, en Tabasco.
“Pemex tiene una condición financiera crítica (su deuda supera los 100,000 mdd) y las finanzas públicas tienen muy poca holgura e importantes compromisos de gasto. Como objetivo, es algo loable, pero si tienes recursos limitados, lo mejor es utilizarlos en las actividades más rentables, que en este caso es la producción de petróleo”, añade.
Héctor Chagoya coincide con Rubalcava. “Es un error pensar que Pemex tiene que hacer todo, que debe estar en todo, que es la única que debe estar en el mercado”.
Para Luis Hernández Aramburo, director de la Especialidad en Administración Energética en Ciudad de México del EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, lo que se requiere es un esquema de coinversión. “Un claro ejemplo es la exploración y producción petrolera en aguas profundas, donde Pemex tuvo un costoso fracaso en los campos de Chicontepec, debido a su complejidad geológica y porque requería de tecnología muy avanzada. El gobierno y la paraestatal ya no pueden seguir soportando cargas tan altas de deuda ni inversiones de alto riesgo”.
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