30 de Octubre de 2018

Aunque los gobiernos hacen un esfuerzo por invertir con propósitos loables, los fondos en servicios básicos son insuficientes para traducirse en una mejora sensible y perceptible en las condiciones de acceso y calidad de vida de la población.

La evidencia es clara: en el hemisferio prevalecen altos índices de violencia e inequidad y las brechas en el acceso a servicios esenciales de salud, educación e infraestructura, entre otros, siguen siendo abismales.

Por ello, pese a los niveles de relativa estabilidad en la región, a un periodo sólido de bonanza económica durante los últimos años, además de un incremento en los niveles de gasto público, muchas expectativas insatisfechas prevalecen en el imaginario colectivo.

De acuerdo con el estudio “Mejor gasto para mejores vidas: cómo pueden América Latina y el Caribe hacer más con menos”, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la región, el gasto público consolidado en promedio constituye el 29.7% del PIB, casi
6 puntos más que a principios del 2000.

Sin embargo, dicho gasto revela enormes ineficiencias y vicios que podrían llegar a costar hasta 220.000 millones de dólares al año, un 16% del gasto total. Se estima que este monto sería suficiente para eliminar la pobreza extrema en nuestro continente.

Otro dato relevante indica que el gasto público en la región creció en promedio 7% en los últimos 20 años pero que no hubo un aumento similar en la calidad de vida de las personas. Mientras la inversión pública per cápita ha crecido en promedio más del 50% en otras partes del mundo, en América Latina sólo avanzó un 5%, con lo cual se mantiene en los niveles de 1980.

En materia de seguridad, los gobiernos de América Latina y el Caribe destinan más del 5% de su gasto público en policía, justicia criminal y cárceles, lo cual constituye casi el doble de los países de la OCDE que invierten alrededor del 3.3% en promedio, aunque sólo la mitad en términos de gasto per cápita.

Sin embargo, como señala el estudio sólo una minoría de países tuvo mejoras en sus indicadores de seguridad. Más allá de las cifras del gasto público y su uso, el informe reconoce que hay “elementos intangibles” detrás de las decisiones presupuestarias.

Entre ellos destaca el bajo nivel de confianza de la población en su gobierno y, de manera especial, cómo este fenómeno se refleja en que los votantes prefieren políticas públicas, muchas veces fugaces y populistas, que ofrecen beneficios inmediatos a inversiones de largo plazo en educación e infraestructura.

La realidad económica y social de la región pone en evidencia que es imprescindible mejorar los servicios básicos. Por ello, es vital que los nuevos gobiernos que comienzan su gestión puedan entregar resultados concretos a la población en temas centrales como seguridad, salud, educación e infraestructura.

Sólo en la medida en que el gasto público sea más eficiente y de mejor calidad podrá recuperarse la confianza en el ejercicio democrático del gobierno. Para los nuevos líderes, electos sobre una crítica implacable al desempeño de sus antecesores, el tiempo para entregar resultados es poco y la paciencia de la gente cada vez más escasa.  

Sólo en la medida en que los aparatos gubernamentales optimicen el gasto público y entreguen resultados concretos que atiendan las necesidades apremiantes de la población podrá revertirse, paulatinamente, el desencanto ciudadano con el sistema democrático.

De manera paralela se requiere, también, de medidas urgentes para detener la sangría cotidiana de la corrupción en el ejercicio de los dineros públicos, combinadas con mecanismos necesarios para atender la enorme brecha de desigualdad que caracteriza a la región.

Para lo anterior se necesita de instituciones eficientes con liderazgos conscientes de su gran responsabilidad social. Es urgente lograr que el ejercicio del gobierno sea sustentable no sólo desde el punto de vista del discurso democrático, sino también en su capacidad para entregar resultados. Vaya paquete para los nuevos gobernantes.

                Los puntos de vista son a título personal. No         representan la posición de la OEA.

Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia