Hay otro que dobletea sueldos en gobierno

-Hay otro que dobletea sueldos en gobierno

-Ni con acarreo engordaron la marcha  

-Boicot aduanal al puente de Tornillo  

-Servicio de limpia sin decreto en NCG

Con razón no atiende ni a la jirafa del Parque Central el subsecretario de Desarrollo Humano de Gobierno del Estado, Sergio Acosta Liceaga. Hemos descubierto que tiene dos chambas, pues seguramente con un sueldo no alcanza para sus necesidades personales más apremiantes.

Ni en los mejores tiempos del desfalleciente PRI se había visto esto; el funcionario estatal fue contratado en la misma fecha y por el mismo período para Gobierno del Estado (de extracción panista) y a su vez para el gobierno de la 4T (de Morena).

Tenemos pruebas de lo dicho en versión digital con imágenes tomadas de los portales de transparencia de ambas instancias para las que “presta sus servicios”.

Como subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno estatal, gana más de 60 mil pesos mensuales, 30 mil de sueldo nominal más otros 33 mil pesos de lo que se llama en todos los niveles de gobierno compensación, que no paga un peso de impuestos.

Pero luego tenemos que también trabaja en el sector salud; bueno, quién sabe si trabaje, pero al menos cobra. Está en esa nómina catalogado como “apoyo administrativo” en el Hospital General.

Tiene ahí un sueldo aproximado a los 20 mil pesos mensuales y hasta varias “minucias” por prestaciones con nombres tan singulares como “bono de reyes” y “premio por aniversario” arriba de tres mil pesos ; y hasta ayuda para compra de útiles por 700 pesos. No deja ir ni un centavo.

No es Acosta en la oficina de Desarrollo Humano afamado precisamente por su trabajo, ni por la cantidad ni menos por la calidad, más bien es cuestionado y rechazado porque llega diariamente solo a exigir café y esperar que transcurran las horas para checar tarjeta y retirarse.

La semana pasada publicamos en El Diario la situación casi idéntica en la que está el representante del Gobierno estatal en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández, y los diputados locales Benjamín Carrera, Leticia Ortega y Gustavo “El Pichú” de la Rosa Hickerson, quienes cobran como diputados y también como catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Evidentemente, existe ahí una irregularidad tremenda que a ninguno de ellos preocupa. Cobran por tiempos completos en unas y otras instancias laborales como si el día tuviera 48 horas y la semana 14 días.

No hay ninguna consideración por el escaso dinero público.

Para haber sido un acarreo estatal, con buena parte de la gente de Juárez y Delicias, la marcha a favor de los libros de texto gratuitos realizada ayer en la capital tuvo poca participación. Fueron alrededor de tres mil los marchantes hasta el Palacio de Gobierno, según las cuentas de los morenistas organizadores de la protesta. Las cifras reales debieron ser inclusive menores.

Tal cantidad quedó por debajo de las expectativas que habían planteado algunos de los profesores en activo y jubilados de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de la dirigencia estatal de Morena, donde la presidenta, Brigitte Granados, dio luz verde a la movilización.

Pero incluso la cifra no alcanzó las previsiones estatales, por las cuales fue blindado el Palacio de Gobierno desde muy temprano, antes del comienzo de la protesta originada por la decisión de la gobernadora Maru Campos de suspender la entrega de los libros mediante la debida controversia constitucional presentada ante el máximo tribunal del país.

La autoridad estatal tomó previsiones extra desde las tres de la madrugada, cuando tuvo reportes completos de cómo toda la estructura del morenismo en Chihuahua se había activado para hacer una movilización en grande con gente de varios municipios de la entidad.

En fin, el mensaje que dejó la protesta es que la polarización va a seguir, pues el profesor Rubén Ramírez, al frente del contingente de “Maestros en Defensa de la Educación”, dio a conocer futuras acciones en las recaudaciones de rentas de Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, así como la toma de casetas de peaje.

Por la marcha y las lecturas que quedaron, el movimiento habrá de extenderse hasta el comienzo del ciclo escolar, que es el próximo lunes. Las posturas siguen siendo irreductibles tanto de quienes apoyan la distribución de los libros como de quienes se oponen.

Casi en ceros se mantiene la cifra de tráileres y transportistas que utilizan el nuevo puente internacional Guadalupe-Tornillo (Marcelino Serna), dado que han surtido efecto las versiones de la peligrosidad de tomar el libramiento que atraviesa gran parte del Valle de Juárez y desemboca en el puerto fronterizo con Estados Unidos.

La industria maquiladora capitalina, principal destinataria de la infraestructura que tiene ya varios años en desarrollo, sería la gran beneficiaria de este nuevo cruce internacional ante la saturación de los que son utilizados actualmente e invaden por completo las zonas urbanas, habitacionales y comerciales de Juárez y El Paso.

Pero ni los llamados a favor del cruce por parte del dirigente de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) de Chihuahua, Román Rivas Hong, han logrado hacer que las áreas de logística y transporte de las plantas instaladas en el interior del estado, hagan uso de dicha vía, abierta en fase operativa desde el lunes 14 de agosto.

El temor de atravesar el valle -territorio bajo dominio del Cártel de Sinaloa- a pesar de la supuesta seguridad extrema a cargo de la Guardia Nacional, no es del todo infundado. Hay múltiples hechos recientes y pasados para desconfiar de la ruta de 30 kilómetros necesaria para llegar al puente binacional.

Sin embargo, los empresarios del ramo maquilador, en especial los especializados en las soluciones de transporte just on time, observan que hay una campaña negativa interna y externa por parte de agentes aduanales, que ven en el nuevo cruce un problema y no una oportunidad de buenos negocios.

La infraestructura carretera, aduanal y administrativa para procesar sin problema el tránsito a Estados Unidos de unos mil tráileres por semana, es la óptima. Pero a los agentes aduanales privados no les conviene el desplazamiento de su zona de confort de los puentes accesibles de la zona urbana de la frontera.

Es un boicot, pues, por parte de quienes, en todo este tiempo, no aprovecharon también para crecer, modernizarse y expandirse a la nueva zona de desarrollo.

Ahí el interés principal que choca con la idea de desfogar los cruces internacionales actuales, saturados desde hace años, con esa opción que sacaría de las avenidas de Juárez el tránsito de vehículos pesados provenientes de la capital y de otros municipios con plantas maquiladoras exportadoras.

Ni el sábado ni el miércoles fue publicado el decreto LXVII/EXDEC/0596/2023 XI P.E., aprobado el pasado 18 de agosto, mediante el cual fue facultado el gobierno del estado para auxiliar al ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes en la prestación del servicio de limpia.

Por la urgencia debió haberse enviado el decreto una vez autorizado por mayoría de los legisladores, pero de acuerdo con el sistema de consulta de decretos aprobados, fue enviado el martes 22.

Buscamos ayer y no lo encontramos en el Periódico Oficial, por lo que tendría que publicarse este sábado próximo.

¿Por qué la urgencia de su publicación? Para que a partir de ahí, el ejecutivo estatal pueda organizar recursos económicos y contratar alguna empresa privada o bien, lograr un convenio con algún ayuntamiento para que preste unidades y personal que puedan suministrar de manera emergente -urgente- y momentánea tal servicio.

Dice textual el decreto en su artículo segundo, que “se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que, por conducto de las instancias y/o servidores públicos competentes, en su caso: haga las gestiones, asignaciones presupuestales o transferencias, así como la suscripción de instrumentos a que hubiera lugar, siempre en el ámbito de su competencia, para los efectos de cumplir con el objeto del presente Decreto en los términos y alcances señalados en el mismo; con las instancias públicas o privadas que resulte necesario para tales efectos, incluido el Municipio de Nuevo Casas Grandes, por conducto de quien resulte legalmente competente para dichos fines”.

Ya sabemos más o menos cuánto va a costar el servicio, cerca de un millón de pesos mensual. Lo que no sabemos es si el municipio de Nuevo Casas Grandes deberá retornar de manera posterior la inversión que momentáneamente pagará la administración estatal, porque para eso tiene presupuesto.

Por lo pronto, el servicio fue restablecido desde hace una semana, por la misma empresa, Aseo Urbano, por intermediación del gobierno del estado. Lo único que hace falta es un número local de reporte sobre incidencias en la prestación del servicio.