La fiesta termina, pero AMLO hace una última propuesta de reformas constitucionales. La promesa es clara: mejores pensiones y salarios a cambio de consolidar la centralización del poder.

Las reformas que presentará incluyen la desaparición de organismos autónomos como la CRE, la Cofece, el IFT, el INAI… Teniéndolo a él, ¿para qué necesitamos transparencia? Suele recordárnoslo.

AMLO sabe que sus propuestas en materia de pensiones y de salarios no son financieramente viables. Si quisiera que el gobierno aportara más dinero a las cuentas de retiro de los trabajadores adscritos al ISSSTE, bastaría un cambio legal, el cual podría sacar en 24 horas.

Sin embargo, gastar más no es su objetivo. Es simplemente prometer. Opta por una reforma constitucional sabiendo que no se la aprobarán. De esta manera podrá acusar a la oposición de estar en contra del beneficio del pueblo en pleno año electoral.

Para la oposición, el dilema es más sencillo de lo que parece. Debe votar en contra de la desaparición de los órganos autónomos, pero si AMLO quiere subir las pensiones de los trabajadores del Estado, esta parte votarla a favor; incluso empujar por un aumento mayor.

Hay que aprender del maestro: es popular prometer ampliar las pensiones. El vínculo entre esa generosidad y el riesgo de una futura crisis fiscal es difícil de imaginar para el electorado.

A la oposición no le toca pensar en el futuro. Eso le toca al gobierno. Si como parte de su estrategia electoral éste prefiere legar una trayectoria fiscal insostenible, no hay que llevarle la contra.

La oposición debe poner sobre la mesa el reto de cómo se deberían pagar estas pensiones. Por ejemplo, podría defender que su pago tendrá prioridad sobre los apoyos a Pemex o sobre el subsidio a las obras faraónicas de este gobierno. Si Pemex hubiera cumplido con su promesa de producir 2.5 millones de barriles para este año, el gobierno tendría margen de maniobra para pagar esas pensiones.

AMLO es el rey del corto plazo y de las promesas populares. Ya dijo que con lo que cuesta el INAI se pueden pagar más pensiones. Sí, un poquito sin duda, a costa de no tener ya claridad de cómo se gastan los recursos públicos. Y es marginal frente a lo que se podría haber tenido para ese fin si se hubieran gastado sólo los 156 mil millones de pesos originalmente presupuestados para el Tren Maya, y no los 500 mil millones hasta ahora desembolsados. La austeridad republicana ha sido un mito genial. Sirva como referencia el hecho de que haber revertido la reforma al régimen de pensiones de la CFE incrementó el costo para la empresa en 160 mil millones de pesos, es decir, 145 veces el presupuesto del INAI en el 2024.

Si el 2 de junio Morena y sus aliados ganan la mayoría constitucional, se enfocarán en las reformas que concentran aún más el poder, como desparecer el INE. Un gobierno recién llegado al poder difícilmente querrá enfrentar el reto de buscar cómo gastar más en pensiones. El costo de las pensiones ha crecido consistentemente durante este gobierno: pasaron de representar el 95 por ciento del IVA recaudado en el 2018 a un 110 por ciento de lo que se espera recaudar de IVA en 2024, e incluso sin la reforma propuesta por AMLO seguirá creciendo.

La reforma a la ley de pensiones que hizo Zedillo en 1997 fue por supuesto costosa desde el punto de vista político. La gente prefiere una pensión que no dependa de cuánto ahorra en su vida laboral. Si Zedillo hubiera estado pensando en la siguiente elección, nunca la habría hecho, pero tras la quiebra financiera por la crisis de 1994, había que darle sustentabilidad fiscal al gobierno. ¿Pudo Zedillo haber pateado para el futuro la reforma? Quizás, pero no habríamos entrado al ciclo de estabilidad macroeconómica que AMLO, aunque lo olvide, heredó.

@carloselizondom